Un 16 de abril, como el de hoy, pero hace 40 años, era asesinado en la tortura, Vladimir Roslik, en el Batallón N° 9 de Fray Bentos.
Como ya hemos señalado en las notas que hemos publicado en EL POPULAR, pero es imprescindible reiterar, en el caso de Roslik, la lucha por la verdad, la justicia y la memoria condensa uno de los ejemplos más relevantes.
El asesinato de Roslik evidencia el accionar criminal del Terrorismo de Estado y la permanencia de la represión y la tortura hasta el último día de la dictadura fascista.
Es importante recordad que Roslik fue asesinado en abril de 1984, ya se habían realizado las elecciones internas de los partidos políticos, autorizados por la dictadura, en 1982; también se habían desarrollado el 1° de Mayo de 1983, la Marcha del Estudiante de Setiembre de 1983 y el acto del Obelisco en noviembre de 1983. Faltaban 8 meses para las elecciones que iban a marcar el comienzo formal de la transición hacia la democracia. Pero la dictadura fascista seguía secuestrando, torturando y asesinando. La intención era seguir instalando el miedo y golpear a los sectores más consecuentes de la resistencia.
Roslik era médico, tenía un gran compromiso de servicio con los vecinos de San Javier y de varias partes del departamento de Río Negro, estaba casado, tenía un hijo pequeño de apenas meses y había militado en el PCU, según testimonios y la propia ficha que sobre él tenían los servicios de inteligencia de la dictadura.
Como informó Walter Cruz, en una nota publicada en EL POPULAR, “a Roslik lo secuestraron dos veces. La primera el 30 de abril de 1980, cuando el Batallón de Infantería Nº 9 invadió San Javier. En el operativo detuvieron a 25 personas. Los torturaron en la comisaría de la colonia primero y en el cuartel después, adonde llegaron atados y encapuchados, apilados en un camión. Allí los procesó la justicia militar y cumplieron penas de uno a cuatro años de cárcel”. El momento tampoco es casual, faltaban pocos meses para el plebiscito en el que el fascismo intentaba institucionalizarse con una nueva Constitución, que sería derrotada por el NO.
“La maestra Susana Zanioni, detenida con Roslik, tiene presente el tormento del médico: “Tampoco me puedo olvidar los gritos de Roslik. Lo torturaron horriblemente”.
Hugo González, funcionario del Banco República, secuestrado con él, recuerda: “Estaba de plantón, piernas y brazos separados El teniente Ivo Morales le apagaba cigarrillos en la espalda y después le obligaba a sostenerse una gasita cubriendo las quemaduras. Lo oía delirar”.
Entre los procesados y torturados en este momento estaban Víctor Makarov, Ricardo Bozinky, poco más que liceales entonces, Aníbal Lupunov, Miguel Roslik, hermano del médico y sus dos hijos, Víctor y Vladimir, que no habían cumplido 20 años. Todos padecieron plantón, golpes, simulacros de fusilamiento. Terminaron en el Penal de Libertad, sigue informando la citada nota.
El Ejército saqueó y clausuró el Centro Cultural Máximo Gorki, donde se mantenían vivas las tradiciones (danza, idioma, gastronomía y literatura) de los fundadores de la colonia.
La segunda detención de Roslik ocurrió en la noche del 15 de abril de 1984. Nuevamente efectivos del Batallón N° 9 de Fray Bentos llegaron a la casa de Roslik y su esposa, Mary Zavalkin. Cerca de ellos, Valeri, el hijo, de cinco meses, dormía en la cuna. “¿Por qué siempre se la agarran con nosotros?”, preguntó desolada Mary, mientras trataba, sin éxito, de abrigar al marido ya esposado, con un saco de lana. Solo pudo colarle un par de medias en el bolsillo del pantalón.
“Otra vez no, a lo mismo otra vez no”, fue lo último que pudo escuchar de Vladimir Roslik, según narró en un testimonio recogido en un libro conmovedor, titulado “Valodia”.
La nota de Walter Cruz, que glosamos año a año, sigue narrando que los efectivos militares siguieron a la casa de otros vecinos de la colonia a quienes también se los llevaron. Ni bien llegaron al cuartel empezó la tortura.
Juan Chamailov oyó cómo lo torturaban, lo escuchó gritar hasta que la voz se apagó. Inmediatamente, ordenaron detener el tormento y convocaron al médico de la unidad militar, Eduardo Saiz Pedrini. Trataron de reanimarlo, pero era tarde. Cuando amaneció llamaron a Mary, su esposa, para que fuera a retirar el cuerpo al hospital de Fray Bentos.
El médico militar Saiz firmó la autopsia falsa, como era costumbre en la dictadura, y determinó que la muerte fue debida «a causas naturales».
La dictadura intentó seguir con la mentira, pero la familia de Roslik, en particular su viuda Mary Zavalkin, denunció el hecho; 5 médicos hicieron una autopsia y documentaron la verdad.
Una investigación del semanario Jaque, lo hizo público; también informaron los semanarios Aquí y Convicción, CX 30 y la prensa clandestina. La Federación Médica del Interiortambién denunció el asesinato. Las valientes denuncias de la familia, la FEMI, la prensa y la resistencia a la dictadura tuvieron tal impacto que la Justicia Militar se vio obligada a actuar, constató el homicidio y procesó al entonces mayor Sergio Caubarrere por abuso de autoridad y homicidio culpable, a una pena, absurda, de cuatro meses.
Luego la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico del Uruguay expulsaron a Saiz por su complicidad con el crimen y su mala praxis médica.
La familia de Roslik nunca se rindió y siguió con la denuncia. Durante muchos años, desde diciembre de 1986, el caso estuvo paralizado, como tantos otros, por la Ley de Impunidad.
En el 2014 se planteó que el caso se desarchivara, un Tribunal de Apelaciones negó la solicitud y señaló que había “cosa juzgada”, tomando como antecedente la actuación de la Justicia Militar.
La familia, con la representación del Observatorio Luz Ibarburu y en especial del abogado Pablo Chargoñia, solicitó que se escuchara a 18 testigos y que se investigara a 25 oficiales y efectivos militares y policiales que participaron del operativo.
En el 2019 la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, basada en este pedido, solicitó nuevamente el desarchivo del caso, otra vez fue negado. La Fiscalía sostuvo que no se puede argüir cosa juzgada porque los que actuaron fueron los Tribunales Militares de la dictadura.
Luego de un largo trámite, en el 2021, la Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso presentado por la Fiscalía para que se retomara la investigación del caso.
La Fiscalía presentó un nuevo caso en el marco del nuevo Código de Proceso Penal pidiendo que se investiguen y se castiguen los delitos de privación de libertad y torturas que no fueron investigados ni juzgados nunca, con acusaciones contra los militares Eduardo Saiz Pedrini, Jorge Soloviy, Abel Pérez Cirillo, Roberto Ramírez, Oscar Roca, Dardo Ivo Morales y Sergio Caubarrere. En agosto de 2022 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por los defensores de los militares, para este nuevo caso.
En el 2023, 39 años después del asesinato del médico de San Javier, Vladimir Roslik, la justicia, finalmente, imputó a nueve militares retirados.
La imputación de la jueza Selva Siri, en una audiencia histórica por su significación y el tiempo transcurrido desde el crimen, dispuso prisión domiciliaria para todos los imputados, prohibición de acercamiento a las víctimas y prohibición de salir del país.
En realidad, la causa involucraba a 12 militares, pero uno de ellos había fallecido, otro se encontraba internado y un tercero no fue juzgado ya que la jueza entendió que al tener otra causa judicial en curso no puede ser juzgado por este caso. La causa es por la tortura de otra detenida en ese mismo operativo.
La decisión de la jueza respecto a este último militar fue apelada por el fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciaballe, quien lleva adelante desde julio de 2021 la investigación. Perciaballe sostuvo que el militar podía ser acusado.
