¿A quién beneficia la desregulación?

En telecomunicaciones, energía, agua, salud, educación, finanzas y otras áreas.

Fabricio Mato

Desregular es regular a favor de los poderosos. Lo anterior es una verdad de Perogrullo para cualquier conocedor de los mecanismos de regulación, pero puede ser difícil de ver para el pueblo en general. Las decisiones adoptadas por el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou son prueba de esto.

El principal objetivo que debería mover al Estado, así como a los reguladores y a quienes elaboran las políticas públicas, es la defensa del interés general y no la protección y/o promoción del interés de grupos empresariales.

El interés general entendido como el de las personas (o la inmensa mayoría de ellas) que hacen uso de los servicios que se regulan, tanto si estos son en régimen de competencia o a través de un monopolio consagrado por la Ley.

Vale decir, lo que debería importar al Estado (y muy particularmente al gobierno nacional) es el bienestar de las personas.

Los organismos reguladores tienen el deber de velar no solamente por el funcionamiento sano de los mercados que supervisan, sino también por el acceso universal a los servicios que se brindan a través de esos mercados, impulsando su eficiencia, la innovación y la reducción de cualquier tipo de brechas que se generen en la sociedad por el funcionamiento de este mecanismo.

Los órganos reguladores son también la demostración palmaria de que el libre mercado o el libre juego de las fuerzas del mercado no resuelven todo y no son capaces de satisfacer ese interés general, por lo que tienden a buscar compensar las asimetrías que se producen en los mismos.

Siempre que un regulador actúa lo hace con el objetivo de “obligar” a algún actor en el mercado en el que se actúa a hacer algo que no desea.

Por lo que cada vez que hay una decisión del regulador hay elementos de debate, lo que hace imprescindible que los procesos tengan la mayor transparencia posible, de manera que contribuyan a garantizar la imparcialidad del regulador a la hora de tomar las correspondientes decisiones.

Se trata de ser y parecer transparentes, de manera que a los actores de los mercados regulados y a la población les quede claro por qué se toman determinadas decisiones y quién se ve beneficiado por estas. 

Entre otras cosas, a la hora de regular es necesario contar con los aportes no solamente de los actores relevantes de mercado (las grandes empresas) sino también de la sociedad civil, la academia, las trabajadoras y los trabajadores organizados, entre otros. 

Porque es fundamental recordar siempre para qué deberían regular los reguladores: en defensa del interés general, -o, en otras palabras- para lograr el bienestar general del pueblo.

La libre competencia se puede promover siempre y cuando no atente contra los otros cometidos del regulador, que debe enfocarse en la promoción del interés general por sobre todas las cosas. En otras palabras, la libre competencia no puede afectar el libre goce de los derechos de las personas.

Sin embargo, esta administración ha caído en lo que en economía se conoce como “la captura del regulador”. 

Esta es una de las fallas del Estado a las que más debemos prestar atención, ya que es aquella situación en la que el regulador deja de defender los intereses generales y pasa a actuar en favor de algunos grupos económicos. 

Este gobierno y sus diversos organismos han generado dudas importantes respecto a este tipo de situaciones. Valgan recordar las subastas del espectro radioeléctrico, las decisiones respecto del suministro de agua potable, el intento de entregar el cemento, las decisiones adoptadas en el sentido de desregular los mercados de telecomunicaciones, energía y combustibles, así como la relajación de diversos procedimientos de control, que son inherentes al rol del Estado.

Nuestra población ha decidido una y otra vez en favor de que los derechos humanos sean garantizados a través de servicios públicos que son prestados mayoritariamente a través de empresas públicas y con el control del Estado respecto de la calidad y accesibilidad de los mismos.

Por todo lo señalado anteriormente, es muy habitual encontrarnos con que grandes actores económicos hablan de liberalizar o desregular los mercados. Los motiva el interés de que el Estado no interfiera en su objetivo de lograr la máxima ganancia con la mínima inversión y la menor cantidad de obligaciones.

La regulación es una molestia para los grandes grupos de capital y su escenario ideal es que la regulación no exista o que la regulación les permita dividirse el mercado con los competidores, a los que a la postre todo capitalista aspira y espera derrotar o adquirir. 

Pero cuando los reguladores adoptan el criterio de las empresas, cuando el Estado deja de intervenir en estos mercados, quien se ve perjudicada es la población, que pierde calidad en los servicios, al tiempo que aumentan los precios.

Si, además, mientras tanto, se hace todo lo posible para perjudicar a las empresas públicas que históricamente han sido las encargadas de prestar este tipo de servicios, o se otorgan beneficios y exoneraciones a sus competidores privados, mientras se les obliga a brindar los servicios menos rentables, la situación no puede ser menos favorable al interés general.

En buen romance, el gobierno favorece a sus amigos empresarios, a los que ha dado en llamar “malla oro”, mientras perjudica a la inmensa mayoría de la población.

Mientras tanto, UTE, OSE, ANCAP y ANTEL ven comprometidas sus capacidades de inversión y la posibilidad real de brindar los servicios que son su cometido principal.

Otro ejemplo de esto es cómo ASSE tiene dificultades para proveer sus farmacias mientras crece el Círculo Católico y empresas amigas se ven beneficiadas con increíbles contratos.

Por eso desde el gobierno nacional se permite la concentración de capital (en su momento, el entonces ministro de Industria y hoy canciller Omar Paganini dijo que era incluso una buena cosa) en el mercado de la carne, en la pesca, en el Puerto de Montevideo, en los medios de comunicación, ahora incluso en los correos privados.

Los organismos reguladores deberían controlar este tipo de situaciones, pero eso es imposible cuando quienes los integran en representación del oficialismo han estado vinculados o provienen de las mismas empresas que deberían controlar y su principal expectativa -ante la segura derrota de este gobierno- es volver a trabajar en ellas en cargos aún más altos.

Y lo anterior es si no consideramos lisa y llanamente la posibilidad de actos corruptos, que -por cierto- a veces se hace difícil no considerar.

Desregular, tercerizar, liberalizar, música para los oídos de los capitalistas, rugido en la nuca para los hombres y mujeres de nuestro pueblo y para el futuro del país.

Al decir de un destacado dirigente político de la coalición de gobierno, se está “desplumando la gallina de a una pluma por vez, para que no se dé cuenta”, mientras al mismo tiempo se le pone plomo en las alas a las capacidades de desarrollo de nuestro país y al futuro de su población.

Foto de portada

El control y la regulación de las empresas privadas es fundamental para el desarrollo del país y su soberanía. Foto Inauguración parque eólico en 2015. Nicolás Rodriguez /adhocFotos.

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