Aclarando los tantos

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Por Susana Muñiz*

Cuando el pasado 4 de Mayo, en la Conferencia de Prensa que dio el gobierno para medios de prensa del interior, el Presidente respondía en referencia a la Ley de Interrupción del Embarazo identificándose como “provida”, las mujeres uruguayas no pudimos menos que recordar la advertencia que nos hiciera Simone de Beauvoir cuando decía ”No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida”.

Por cierto, no es que esta afirmación nos asombrara, ya que escuchamos algunas otras frases de parte de Lacalle Pou sobre sus consideraciones con respecto a las mujeres. De hecho, unos días antes no había dudado de calificarnos como “daño colateral” cuando se le interrogó sobre su opinión en referencia al aumento de casos de violencia de género y femicidios en el marco del aislamiento social por la epidemia. No nos asombra en absoluto, pero lo que sí nos llama la atención es la definición del gobierno como provida, lo cual conociendo quienes integran y que sustentan desde su concepción, implica que el gobierno está ingresando en terrenos ajenos a la laicidad, que desde hace un siglo caracterizan a nuestro país.

Por un lado alarma la visualización de la facilidad y la rapidez para hacernos perder derechos que tantos años y luchas nos llevó conquistar-y tantas vidas también-. Aquel Uruguay que hace pocos meses atrás era considerado en el mundo como uno de los países más avanzados en materia de derechos, puede retrotraerse a una nueva ola inquisidora que vuelva a condenar a las brujas por proclamar derechos sobre sus cuerpos.

Y además desconsiderando lo que ha sido un debate democrático que fue eje de la agenda política desde el fin de la dictadura hasta la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el año 2012 y el posterior pre-reférendum donde la amplia mayoría de la población dejó muy claro su apoyo a la misma. El Presidente no desconoce esa historia, a la que además hizo referencia pero indicó que “hay que tener una política de desestímulo de los abortos”. De alguna forma está diciendo : -la Ley existe, pero hay muchas formas de desconocerla (será a través de asegurar que los recursos no estén disponibles cuando se requiera? ¿o será de contratar mayoritariamente profesionales objetores de conciencia? ).

Cuando se recorre la historia de la evolución de la mortalidad materna en Uruguay, impacta la forma en que se logró la reducción de la misma a partir de la puesta en práctica de la Interrupción voluntaria del Embarazo. De hecho, previamente a esta Ley, una de las primeras causa de muerte materna era el aborto inseguro al no hacerse en ámbitos sanitarios sino en clínicas clandestinas con condiciones diferentes según la capacidad de pago de las mujeres. Y lo que es seguro, es que las que se morían eran las mujeres pobres. Doble condena: por mujeres y por pobres. Por ello sometidas a la tutela como si fueran menores e incapaces de decidir, sometidas al maltrato, condenadas al daño en sus cuerpos o a la muerte.

La Ley de Interrupción del Embarazo es una ley integral, aborda la interrupción desde una concepción de derechos y desde el marco de la salud sexual y reproductiva, garantizando el amplio acceso a los métodos anticonceptivos, la educación de la sexualidad para el disfrute de la misma y la elección de la maternidad. La consecuencia de esta Ley es un bajo número de interrupción de embarazos, la universalización de los métodos anticonceptivos, una ampliación de la canasta de dichos métodos incluyendo en los últimos años los implantes subdérmicos. La consecuencia -lo que verdaderamente importa – es que ninguna mujer ha muerto por la realización del IVE en todos estos años.

Por lo tanto, cuando alguien habla de pro-vida, se tiende a pensar que se está haciendo algo en favor de la vida. La interrupción voluntaria del embarazo ha hecho mucho a favor de la vida, ha logrado que ninguna mujer muera por esa causa.

Cabe preguntarse si entre quienes se autodefinen como provida, que aplauden al Presidente, se persignan y cierran sus castos oídos ante la proclamación de tan profanos derechos proponiendo ignorar una Ley conquistada, que lugar hay para quienes han mercantilizado en el pasado los abortos en esas clínicas clandestinas, muchas de ellas en condiciones muy poco seguras pero fuente de lucro para tantos.

La comparación es clara: un pasado anterior a la Ley de IVE con muertes de mujeres pobres realizados en clínicas precarias y un negocio abultado para traficantes de abortos en una sociedad patriarcal que tutela a las mujeres y un país de avanzada donde la interrupción del embarazo se hace en condiciones sanitarias adecuadas por personal capacitado y donde el resultado es cero muertes. ¿Quiénes están a favor de la vida? Nosotras sí.

*Médica, ex presidenta de ASSE y ex ministra de Salud.

Foto: Pereira Rossell, Presidencia de la República.