Un total de 500 movimientos y organizaciones que operan en al menos 30 países de Europa se dedican a combatir al feminismo y los derechos LGTBI.
El alcance y el accionar de estas organizaciones, fueron investigados por varias fundaciones feministas con el objetivo de detectar, tanto a los principales actores de estas campañas, como los tipos de discursos y estrategias que emplean.
Calala, Lunaria y Alquimia, son algunas de las fundaciones feministas que denuncian el accionar de lo que describen como una política fundamentalista y antigénero.
Dentro de las organizaciones que desatan campañas contra las luchas feministas y sus activistas en Europa, se encuentran asociaciones de padres, colectivos de juristas, iglesias o grupos de lobbys. De acuerdo al informe de investigación producido, se trata de movimientos diversos, que se caracterizan por su interconexión y que tienen la capacidad de generar movimientos unitarios para acciones puntuales en las que despliegan campañas conjuntas.
La heterogeneidad que los caracteriza se funda en lo que lo que la investigación denomina una posición de «conservadurismo ultra».
«Pueden ser grupos de la sociedad civil, líderes mediáticos, iglesias o políticos populistas o de extrema derecha», se señala en el informe, grupos estos que se dedican a luchar «contra la introducción de legislación progresista».
Según consigna el portal de noticias eldiario.es, “el informe clasifica a estos movimientos y organizaciones en dos tipos: los más institucionales y los que funcionan como movimientos”.
Un rol fundamental en la construcción y difusión de este tipo de discurso es el que desempeña la Iglesia Católica.
Otro de los puntos indagados por la investigación fue el de las formas de financiación, en este sentido se describen dos posibles fuentes, “por un lado, organismos estadounidenses vinculados al Congreso Mundial de las Familias y a la Alianza en Defensa de la Libertad; por otro, grupos conservadores prorrusos”.
En lo que se refiere a los actores no institucionales, se concluye que son muy variados, las responsables de la investigación hacen referencia a “organizaciones no gubernamentales locales o nacionales que, bajo el lema de la defensa de la familia, promueven un discurso antiderechos y tratan de frenar avances legislativos”.
Algo similar sucede “con determinados movimientos o agrupaciones, como Love Against Homosexualism, La Manif Pour Tous o el español HazteOír, que cuenta con una rama latinoamericana (CitizenGo)”.
A ello hay que sumarle, se agrega, el rol que juegan las “asociaciones de madres y padres que en distintos países se oponen a la educación sexual y en igualdad”.
Es justamente, en el campo de la educación sexual, donde se libran lo que se define como “las grandes batallas de los sectores ultra en todo el mundo”.
Para ello y con el “argumento” de “proteger a la infancia”, se utilizan desde bulos hasta falsas noticias “que vinculan la educación sexual o los colectivos LGTBI a la pederastia o el porno”.
A imagen y semejanza de lo que sucede con la educación sexual, se observan acciones similares cuando la temática es el derecho al aborto, en estos casos, “muchos de estos grupos no institucionales instigan el acoso en las clínicas, tratan de influir en los comités de bioética de los hospitales y fomentan un discurso favorable a la objeción de conciencia”.
Además de estos actores, la investigación identifica a otras formas organizativas, entre las que se destacan las asociadas al campo del derecho.
Es lo que definen como los que llevan adelante los “litigios estratégicos”, o lo que es igual los encargados de llevar los casos a los tribunales, no solo “para obtener sentencias favorables a sus intereses, sino, además, “para atosigar a activistas y colectivos con denuncias judiciales”.
En el caso específico de España, una de estas organizaciones es la llamada Abogados Cristianos, “que ha sido muy activa en sus demandas contra organizaciones feministas y LGTBI por ofender los sentimientos religiosos”.
Además de la española, la investigación identificó a otras dos de las organizaciones de juristas más influyentes en Europa, “el European Centre Law and Justice y la Alliance Defending Freedom, de origen estadounidense, que han estado vinculadas con la administración Trump».
Ambas son conocidas por haber «intervenido en docenas de casos judiciales europeos durante la última década: se han opuesto a la adopción por parte de personas del mismo sexo, han apoyado a médicos y empresas que se niegan a brindar servicios a mujeres y personas LGTBIQ+ y, en al menos siete casos, han presentado argumentaciones legales en apoyo a las posiciones del Gobierno polaco en tribunales europeos», explica el informe de investigación.
«Algunas de estas organizaciones están directamente vinculadas a determinadas iglesias, pero la mayoría se declaran independientes y son las que se encargan de la parte más activista de las movilizaciones: convocatorias, campañas mediáticas o en línea, recogida de firmas, foros públicos, trabajo de lobby e, incluso, gestionan sus propios medios de comunicación», se agrega en el estudio.
Al caracterizar el accionar de los lobbys, la investigación ejemplifica “que las iglesias y organizaciones religiosas, especialmente católicas y protestantes, han mantenido más reuniones políticas en Bruselas que grandes empresas como Google o la tabacalera Phillip Morris”.
En lo referido a los actores institucionales, la investigación señala “a partidos políticos de extrema derecha o populistas que se oponen expresamente a los avances feministas y de derechos LGTBI, pero también a los partidos con más representación parlamentaria y cuyos discursos no son tan explícitos”, como ejemplos de ellos se mencionan a la Reagrupación Nacional en Francia, el Partido Liberal Austríaco o Demócratas de Suecia.
En el caso específico de Europa del Este, la investigación afirma que, “los actores institucionales han conseguido aún más poder y las narrativas y acciones anti-LGBTIQ+ cuentan con el apoyo abierto de gobiernos, como Polonia y Hungría e incluso de presidentes de la nación, como Andrzej Duda en Polonia (…) Los comités parlamentarios, donde distintos partidos se unen con objetivos comunes, también pueden funcionar como destacados agentes antigénero, como sucede con el polaco “Alto a la Ideología de Género” o el “Comité de la Familia, la Mujer y la Infancia” de la Duma rusa (…) en el Parlamento ucraniano, los actores políticos antiderechos se integran en el caucus Valores, Dignidad, Familia».
En esta “lucha” por imponer el «conservadurismo social», las estrategias más usadas van “desde las noticias falsas, los bulos, las teorías de la conspiración” que resultan ser, “junto al ataque online, judicial o mediático, algunas de las estrategias más habituales de todos estos actores”.
El estudio ejemplifica que, “dos de los bulos más repetidos” son aquellos donde se afirma que “en Escandinavia el incesto es legal o que Alemania incluye «las caricias» en el programa de estudios de las escuelas infantiles”.
Rolando Arbesún
