La crisis en el suministro de agua potable a toda la zona metropolitana, en el marco de la crisis hídrica más importante desde que se tiene registro, más de 70 años, reviste una enorme gravedad y no solo no está en vías de superación, todo hace prever que se agravará. En esta situación el gobierno de la coalición de derecha y el presidente Luis Lacalle Pou tienen una enorme responsabilidad.
El elemento más urgente y grave de esta crisis es que en la zona metropolitana del país, principalmente, OSE está distribuyendo agua que no es potable. Esto es así por sus altos niveles de sodio y de cloro, para ser considerada potable. Esto implica un riesgo para la salud humana, muy grave en el caso de quienes tienen enfermedades crónicas, como hipertensión o dolencias renales, para las y los bebes, para los que tienen dolencias cardíacas. Pero el agua que hoy distribuye OSE no es apta para el consumo de nadie.
Además, hay afectaciones desde el punto de vista económico y productivo, nada menores. Pero, adicionalmente, lo que agrava aún más la situación, si es que esto es posible, es que la predicción en torno a futuras precipitaciones, que augura que la escasez de agua se prolongará en el tiempo y la absoluta insuficiencia de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, hacen que el peligro de que nos enfrentemos a un desabastecimiento más agudo o total sea una realidad.
El gobierno nacional ha intentado minimizar la situación, esconderse en eufemismos de si el agua es “bebible” o no, quitarse presión con artilugios como aumentar el máximo de valores de cloro y sodio aceptables y claro, como de costumbre, echarle la culpa a los gobiernos del Frente Amplio, como hicieron en su vergonzosa presencia en la interpelación realizada en el Senado. También ha mentido.
El gobierno ha dicho que no se podía prever esta situación. Eso no es verdad. Hubo advertencias del INUMET, de otros referentes meteorológicos y de ámbitos académicos y científicos nacionales.
Tanto es así que en octubre de 2022 se declaró la Emergencia Agropecuaria, luego extendida, ante la situación déficit hídrico y las perspectivas de que este continuara en los meses siguientes. Es decir, desde octubre del año pasado, al menos, el gobierno era plenamente consciente del déficit hídrico, de su gravedad y de su prolongación en el tiempo. Lo que no hicieron, ni el gobierno nacional ni las autoridades de OSE, fue prever el impacto en las personas de esta situación y en el agua y su calidad para el consumo humano. Ni una sola previsión.
La situación actual es fruto de aspectos climáticos, ya conocidos, además, de las consecuencias de la extensión de prácticas vinculadas al agronegocio que tienen consecuencias ambientales y sobre el agua, de la imprevisión y la improvisación.
También de la política neoliberal de ajuste, en particular de los recortes presupuestales a las empresas públicas, en este caso a OSE. Un solo ejemplo: en los gobiernos del Frente Amplio OSE tuvo un promedio de 86 millones dólares de inversión anual, en el 2021 el gobierno de la coalición de derecha invirtió 24 millones de dólares menos y en 2022, 16 millones menos, para un acumulado de tijera sobre las inversiones, en dos años, de 40 millones de dólares. Adicionalmente, con la decisión de no reponer las vacantes de personal en el Estado, en OSE hoy hay 1.000 funcionarios menos que en 2019. Es decir, el ajuste neoliberal fanático de la coalición de derecha, desarmó a OSE para dar una respuesta adecuada a la crisis hídrica más importante de la historia. Un récord para el libro Guinness.
Y también es consecuencia de la decisión política del gobierno de derecha, y en particular del presidente Luis Lacalle Pou, de desechar una propuesta del gobierno saliente del Frente Amplio, que le presentó Tabaré Vázquez, para construir una represa en Casupá, Florida, presupuestada, con estudios de impacto y hasta declarada de interés departamental por la intendencia blanca de ese departamento. Esa represa hubiera permitido, no una solución total, pero si una posibilidad mayor de respuesta ante la situación actual. La pararon, la difirieron en el tiempo, para apostar a un proyecto futuro, como el Neptuno, que mercantiliza el agua, privatiza, ofrece enormes dudas sobre la calidad de la misma y es, sobre todo, un gran negocio para un grupo de empresas privadas.
El movimiento popular y el Frente Amplio han actuado con enorme responsabilidad, han denunciado la situación y han planteado soluciones. La Federación de Funcionarios de OSE, FFOSE, ha alertado a la población sobre los riesgos que enfrentamos, sobre la situación del ente y sobre la posibilidad de que se agrave la situación. El PIT-CNT ha hecho lo propio. Incluso han realizado este miércoles una gran movilización en Montevideo para colocar con más fuerza el reclamo de respuestas. El Frente Amplio propuso medidas en el Directorio de OSE, en el Parlamento y también ha generado políticas de apoyo, sobre todo a los sectores más vulnerables, que son los que más sufren la situación, como siempre, desde las Intendencias de Montevideo y Canelones y desde la Junta Departamental capitalina. El PCU también lo ha hecho con pronunciamientos particulares, de su Departamental de Montevideo y del Comité Central. EL POPULAR ha informado en profundidad sobre la situación en numerosas notas desde hace semanas (*).
La situación es grave y delicada, lo es hoy y todo parece indicar que lo será más en los próximos días. Como decíamos, en primer lugar, para garantizar el suministro de agua para más de un millón de personas. Pero también para la producción y el empleo. La Cámara de Industrias ha salido a advertir que hay varias empresas que bajaron su producción, al tener problemas con la salinidad del agua y que, de seguir así la situación, varias, más de 100, se verían obligadas a cesar las actividades, agregaron que no tienen un plan alternativo para enfrentar la contingencia.
El gobierno y el presidente no pueden seguir ocultándose en operaciones de marketing. Tienen que hacerse cargo. Es necesario declarar la Crisis Sanitaria, así como se declaró la Emergencia Agropecuaria, pero con razones mucho más graves, eso permitiría tomar medidas más profundas y liberar recursos para respaldarlas.
Una vez más el gobierno de derecha se encierra en su burbuja, ignora a la ciencia y a los científicos, al movimiento popular y al Frente Amplio. La respuesta no puede ser: compren agua embotellada. La solución a esta grave situación exige políticas públicas, de emergencia y de largo plazo, reclama un Estado presente, con planificación y activo. La salida no es individual o de acuerdo con el poder adquisitivo, no puede ser el sálvese quien pueda.
Es tarea del movimiento popular denunciar la gravedad de la situación, informar a nuestro pueblo, reclamar medidas desde el Estado y desde el gobierno, y, también, organizar pueblo para que la respuesta sea, en todas las instancias, colectiva, que no quede librada a las posibilidades de consumo de cada quien, porque, de esa manera, la pasarán peor, mucho peor, los sectores más humildes de nuestra población.
La crisis del agua se agrava, tiene que haber otra respuesta.
(*) Enlaces para acceder a notas anteriores de EL POPULAR.
