Este lunes la Comisión Nacional Pro Referéndum anunció que ya se recolectaron 445.526 firmas para concretar la consulta popular sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Es una noticia central, por varios motivos.
En primer lugar, porque constituye una verdadera proeza llegar a esa cantidad de firmas en medio de una pandemia, con todas las restricciones que esto implica, enfrentando además el ninguneo y la descalificación sistemática desde el Gobierno y de los grandes medios de comunicación, con honrosas excepciones. Pero además porque las y los militantes que son los que realizan prácticamente la tarea la desarrollan en medio de la incertidumbre personal y de los efectos de la crisis económica y social. Para decirlo más claro, miles salen a juntar firmas a pesar de estar sin trabajo o en el seguro de paro, de cobrar menos salarios, de, al mismo tiempo, tener que sostener ese ejemplo solidario que son las ollas populares, donde comen decenas de miles de uruguayas y uruguayos al día. Es decir, exige un enorme grado de conciencia individual y colectiva. Y eso es lo que se está expresando en esta cifra. Es enorme el esfuerzo realizado para llegar a 445.526 firmas.
El 1° de Mayo fue un punto de inflexión, porque en un solo día se movilizaron, organizadamente, decenas de miles de militantes en todo el país y porque consiguieron 80 mil firmas.
El enorme desafío planteado es sostener, en los menos de 60 días que quedan para el plazo constitucional, ese ritmo y ese nivel de organización. A la vez que se anunciaba la cifra alcanzada la Comisión Nacional Pro Referéndum, que integra a 100 organizaciones sociales y políticas, convocaba a “redoblar el esfuerzo” y planteaba tres iniciativas claves en mayo: el 15, 16 y 17, una jornada nacional, en homenaje a José Artigas, en el marco de un nuevo aniversario de la Batalla de Las Piedras; el 20 de Mayo, junto a la lucha por verdad y justicia acompañando a Madres y Familiares de Desaparecidos, un esfuerzo concentrado por recolectar firmas y el fin de semana del 22 y 23 de mayo, una nueva jornada nacional.
Estas jornadas son muy importantes, la experiencia acumulada de campañas anteriores y la de esta, indican que en esas jornadas se recolecta un número muy importante de firmas. Esto es así porque se movilizan miles a la vez y se logra una mayor cobertura y presencia. Esto impacta en el ánimo de quien junta firmas y también en el de quien duda o está dispuesto a firmar. Las jornadas nacionales tienen un innegable efecto multiplicador. Pero no es menos cierto que, siendo importantes, no resuelven todo. Sigue siendo decisivo mantener mesas permanentes en los puntos centrales de cada ciudad y también, con todos los cuidados a los que la pandemia obliga, realizar barriadas y dialogar mano a mano en el trabajo, en el barrio.
La campaña de recolección de firmas es hoy el eslabón principal del enfrentamiento a la restauración conservadora y es, en la práctica, un esfuerzo por cambiar el rumbo, con repercusiones generales en la grave situación de crisis sanitaria, económica y social que vive nuestro país y sufre nuestro pueblo.
Lo es porque defiende la democracia y se opone al intento de degradación de esta que implica la aprobación de una ley ómnibus, sin discusión y con el desconocimiento de la mayoría de la población sobre ella. El diálogo de miles con miles está permitiendo generar el debate que el gobierno y la derecha no quisieron que hubiera. Por supuesto, el aporte democrático mayor es lograr la cantidad de firmas, habilitar el referéndum y que sea el pueblo quien decida.
Y también lo es porque permite enfrentar, prácticamente lo reiteramos, una Ley que implica un grave retroceso en todos los planos. La LUC, hoy ley 19.889, tiene 476 artículos, modificó más de 30 políticas públicas y más de 50 leyes. Fue presentada en medio de la pandemia, refleja sola y exclusivamente las urgencias del poder, de las y los que Lacalle Pou definió como “mala oro”. Esta ley, que en realidad es un conjunto de leyes, fue aprobada a marchas forzadas tanto en el Senado como en Diputados. Lo que se aprobó en la LUC implica un enorme retroceso en términos democráticos porque implica: el aumento de la discrecionalidad policial; la ampliación hasta el paroxismo del derecho de legítima defensa que legaliza el homicidio como respuesta al hurto; la criminalización de la protesta; la restricción del derecho de huelga; el retroceso en el control del lavado de activos; la autorización de desalojos exprés de inquilinos; la vulneración de la autonomía y una reforma regresiva en la educación, que elimina la participación de los docentes; sienta las bases para una reforma regresiva en la seguridad social; el debilitamiento del Instituto Nacional de Colonización; los súper poderes para la nueva estructura de Inteligencia; la regla fiscal, que ata de manos al Estado en medio de una de la crisis y perpetúa el ajuste neoliberal; las privatizaciones y el desmantelamiento de las empresas públicas; por citar solo algunos aspectos.
Es cierto que la LUC no es toda la restauración conservadora. Se le suman, como ya explicamos, el Presupuesto de ajuste y la Política Salarial de rebaja. A ello hay que agregar la Ley de Medios; los proyectos de ley que buscan reglamentar a los sindicatos y lo adelantado en torno a la pretendida reforma de la seguridad social. Y un elemento más: la ofensiva para defender la impunidad.
Uruguay hoy enfrenta una de las peores crisis económicas y sociales y ya es más desigual y menos libre, por eso menos democrático. Tenemos 100 mil pobres más, miles comiendo en las ollas populares, decenas de miles en el seguro de paro, miles de empresas cerradas. Y no es por el COVID 19, es por el ajuste neoliberal del gobierno de derecha realizado en medio de la pandemia y la LUC es uno de los instrumentos centrales de su implementación.
Como ya hemos dicho, pero vale la pena reiterar, son también parte de ese ajuste, el aumento de tarifas públicas, la suba de impuestos, la reducción de la inversión pública y el recorte de la ejecución presupuestal, la devaluación récord del peso, el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos, junto con la caída de salarios y jubilaciones. También la negativa del gobierno de derecha a realizar la inversión pública necesaria para enfrentar el impacto de la pandemia. No lo hacen, aunque tienen los recursos, es por su concepción ideológica que en la LUC expresa diáfanamente la regla fiscal.
El gobierno rechazó el Diálogo por la Vida, que buscaba un espacio para construir salidas a la crisis y también rechazó la posibilidad de no contabilizar los meses peores de la pandemia para extender el plazo para la recolección de firmas. Se pudo el año pasado postergar las elecciones municipales y departamentales, cuando teníamos 100 veces menos casos de COVID y menos muertes, pero no se puede este año con las firmas. Es una desvergüenza.
Pero el movimiento popular no puede esperar que desde el poder se le allanen los caminos. Al contrario. Por eso hay que organizar cada día, en medio de todo, la centralidad de la recolección de firmas. Ya tenemos 445.526. Ahora hay que ir por las que faltan.
