Los trabajadores de Ancap están en lucha en defensa de la industria cementera.
Pablo Silva Galván
En medio de amenazas de represión y descuentos, los trabajadores de Ancap mantienen el conflicto en defensa de la industria cementera que el miércoles pasado tuvo una nueva instancia con el paro de 24 horas. Ese día todos los servicios del organismo, salvo aquellos absolutamente indispensables, fueron paralizados, concluyendo la jornada con una marcha hacia el Palacio Legislativo donde el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, en compañía de las autoridades del ente explicaron pormenores de la asociación con un privado para explotar el negocio del portland.
Paganini compareció ante la Comisión de Industrias ante la cual explicó las razones de la propuesta de asociación con privados, la que en los hechos significa la virtual privatización del área de cemento portland. Sostuvo que en ese sector “hace 20 años que se pierde dinero”. En rueda de prensa señaló el ministro que “se probaron otras cosas, [pero] no funcionaron”, por lo que entiende que para reducir el déficit “la solución viable es conseguir un socio [privado] que nos aporte acceso a mercados regionales para poder aumentar el volumen de producción”. “Creemos que es el único camino viable”, sentenció.
Los trabajadores no piensan lo mismo. “Lo que propone este directorio es asociar a Ancap por un lapso que podría llegar a los 100 años y que Ancap se quede con el 10% de la producción de la piedra caliza”, recurso natural cuya “potencialidad” se estima en “miles de millones de dólares”, dijo a La diaria Manuel Colina, secretario general de la Federación Ancap (Fancap). El esquema propuesto, sostuvo, conlleva que el restante 90% “se lo lleve un privado”, agregó.
Acerca de las afirmaciones de Paganini sobre anteriores iniciativas frustradas, Colina recordó que “también es cierto que en el último quinquenio [del FA] hubo un plan de reconfiguración de la industria cementera para que no perdiera dinero y se llegó a 2019 con un empate técnico, o sea, se fueron reduciendo las pérdidas hasta que prácticamente dieron cero”.
Para el sindicato se hace necesario la incorporación de tecnología en las plantas o “estudiar una política de expansión de fronteras”, porque “a 500 kilómetros a la redonda de la planta de Paysandú no hay otras producciones de pórtland”.
Ancap es propietaria de dos plantas dedicadas a este producto ubicadas en Minas y Paysandú, más una tercera en la zona de Manga, en Montevideo, vinculadas a aspectos logísticos.
En cuanto a las fuentes de trabajo la “solución” de Ancap pasa por “contemplar” a “todas las personas involucradas” a través de un plan que ofrecerá “incentivos diversos”. Se trata de unos 500 trabajadores. Para el caso de los funcionarios estos podrán decidir si trabajan en la nueva empresa, permanecer en el Estado, renunciar, jubilarse o reservar su puesto en Ancap.
Para los empleados de empresas contratistas que no sean contratados por la nueva empresa podrán elegir entre incorporarse a convenios laborales con otros organismos del Estado o una indemnización que puede llegar a ser de 30 sueldos.
También se ofrecerá una indemnización de 30 sueldos a los funcionarios más jóvenes que acepten ir trabajar en la nueva empresa.
Mientras tanto las movilizaciones continúan y el directorio de Ancap amenazó a los funcionarios con descuentos totales por las horas de paro o por las medidas que no suponen paralización. La estrategia ahora pasaría por afectar el bolsillo de los trabajadores como forma de disuadirlos de llevar a cabo acciones sindicales.
En este sentido ya se han denunciado sanciones a trabajadores de las plantas cementeras por realizar medidas y el presidente del directorio, Alejandro Stipanicic, ha acusado al sindicato de falta de diálogo.
Foto de portada:
Protesta de FANCAP durante la sesión de la Comisión de Industria del Senado. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
