Tomas Leopold
Lo que comenzó como una investigación en fiscalía sobre la expedición de pasaportes falsos que se realizaban en nuestro país, se ha convertido en uno de los escándalos políticos y judiciales más importantes de lo que va del siglo.
Espionaje, corrupción, persecución política a dirigentes de la oposición, negocios ilícitos, son solo algunos de los graves hechos que han evidenciado los chats en manos de fiscalía.
El caso Astesiano ha golpeado fuertemente la credibilidad del gobierno y lo ha puesto en un lugar de notoria incomodidad, incluso al propio presidente Lacalle Pou.
El enorme aluvión de firmas contra la LUC y el posterior referéndum, fue el primer hecho político que le quitó la ofensiva al gobierno y le disputó la agenda mediática como nunca antes.
Ahora los graves hechos ocurridos en la Torre Ejecutiva que tienen como protagonista al exjefe de la Seguridad Presidencial, han vuelto a colocar al gobierno en una posición defensiva, mucho más incómoda y de una gravedad monumental.
Este escándalo sumado a las enormes dificultades económicas, la falta de trabajo, la rebaja salarial, las promesas electorales incumplidas, y los anuncios de una reforma en la seguridad social negativa para la inmensa mayoría del pueblo uruguayo, explican la caída cada vez más marcada de la aprobación del presidente Lacalle Pou.
La agenda mediática ya no se controla desde la Torre Ejecutiva y al parecer han perdido el guión de las declaraciones públicas que tan bien manejaban.
El nerviosismo del gobierno es evidente, las salidas destempladas del presidente sin autocritica y culpando a la oposición, son solo una muestra del enorme impacto negativo que ha tenido el caso Astesiano, no solo en las entrañas del gobierno, sino, en el país entero.
Lacalle Pou quiere negar lo que es evidente para todos.
En sus últimas declaraciones a la prensa el presidente preguntó qué tenía que ver el gobierno en el espionaje contra legisladores del Frente Amplio, queriendo esconder infantilmente, la inocultable responsabilidad del gobierno y en particular de él.
Parece olvidarse que Astesiano era nada más y nada menos que el Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, una designación directa del presidente Lacalle Pou.
Lo mismo se podría decir con el nombramiento de todos los jerarcas policiales que aparecen involucrados en estos hechos que están siendo investigados por la justicia.
Pero no solo eso, el espionaje, los intentos de extorsión, los abusos de poder y los negocios turbios, se hacían desde los edificios gubernamentales utilizando además la infraestructura del estado.
A pesar de que Lacalle Pou lo niegue, el gobierno es responsable porque es el encargado de controlar y garantizar que estas cosas no sucedan en un país democrático. Es un mandato constitucional y legal. La SIEE (Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado) a cargo de Álvaro Garce es uno de los eslabones principales para llevar a cabo dichos controles. Pero no es el único, puesto que si se comprueba que salieron fichas personales de alguna de las agencias de inteligencia -como todo parece indicar- sea de la policía o de esferas militares, sin la autorización de los directores superiores, entonces a ellos también les cabe responsabilidad por fallar en los controles correspondientes.
El gobierno es responsable, porque en un país serio, no puede ser que ni un solo departamento de contrainteligencia de al menos una de las dos principales agencias de inteligencia (Policía o Ejército) hayan detectado este tipo de maniobras que ponen en tela de juicio la institucionalidad democrática del país, y no solo eso, también la seguridad y la defensa de la nación. La situación es grave, pone una vez más al desnudo el espionaje en democracia, orquestado por bandas paraestatales disfrazadas de empresas de seguridad en conjunción con agentes estatales enquistados en el gobierno.
Viejas prácticas de las roscas de poder con cambios tecnológicos y nuevos apellidos, aunque algunos se repiten.
Foto de portada:
El secretario de Presidencia Álvaro Delgado, previo a su declaración por el caso Astesiano en Fiscalía General de la Nación. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.
