En un nuevo paso para alinear completamente a la Organización de Estados Americanos (OEA) a los planes de EE.UU y de los gobiernos de derecha, su secretario general, Luis Almagro, reelecto en medio de la pandemia (con el voto de Uruguay), dio un paso de relevancia histórica negándose a nombrar al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, recomendando por unanimidad por los miembros de esta.
La OEA, surgida como instrumento del panamericanismo, junto por ejemplo con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), al finalizar la Segunda Guerra Mundial, durante la “Guerra Fría” ha jugado un papel histórico negativo para la libertad, la democracia y la soberanía de los países del continente.
Durante los últimos 20 años, los gobiernos de izquierda y progresistas del continente generaron espacios inéditos de coordinación e independencia como la UNASUR y la CELAC. La primera fue golpeada de muerte tras el triunfo electoral de la derecha en varias elecciones y la segunda, la CELAC, primer experiencia de confluencia de todos los países de la región desde las luchas por la independencia, sin la presencia de EEUU, que además incluye a Cuba, expulsada de la OEA en la década del 60 del siglo pasado tras el triunfo de la revolución, se mantiene.
Sin embargo la OEA no es un cuerpo homogéneo, uno de los espacios que ha mantenido un grado de autonomía y jugado un papel importante, aunque no exento de polémica y contradicciones es el denominado Sistema Interamericano de DDHH.
Este sistema, encargado de velar por el cumplimiento y la aplicación de la Carta Interamericana de DDHH y del Pacto de San José de Costa Rica, tiene dos componentes básicos: la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) y la Corte Interamericana de DDHH (CorteDH).
La segunda tiene potestades jurisdiccionales, emite sentencias de cumplimiento obligatorio, es el máximo tribunal regional de DDHH y tiene un grado de autonomía mayor, no depende de la OEA, de sus organismos políticos, ni de la Secretaria General. La primera, la Comisión, si tiene una dependencia funcional, pero también tiene grados importantes de autonomía, recibe denuncias, realiza informes y recomendaciones. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia, el Secretario Ejecutivo, cuya reelección bloqueó Almagro, es Paulo Abrão, brasileño, experto en DDHH con una larga experiencia.
En ambos casos estos espacios han recibido, investigado y condenado graves violaciones a los DDHH en nuestro continente, en especial del Terrorismo de Estado durante la dictaduras fascistas en la región y luego. En el caso de Uruguay cabe recordar el denominado “caso Gelman” que terminó con la condena al Estado uruguayo y permitió la anulación de los efectos de la Ley de Impunidad. Aspecto duramente criticado y atacado en estos días por Cabildo Abierto y la derecha.
De hecho la CIDH, en uso de sus atribuciones, emitió una declaración señalando la gravedad de la iniciativa de Manini Ríos de restaurar la Ley de Impunidad.
Integran el Sistema también instituciones como las Relatorías Especiales, entre otras la de Liberta de Expresión, ocupada los últimos años por el uruguayo Edison Lanza, que también, no sin polémicas, ha jugado un rol destacado.
Almagro y EEUU, principal promotor de su reelección, parecen decididos a disciplinar a la CIDH.
Un día antes de terminar el mandato del Secretario Ejecutivo de la CIDH, y teniendo hace meses el dictamen unánime de esta que recomendaba su reelección, Almagro comunicó que no lo nombrará.
Ante eso la CIDH, en un duro comunicado público expresó “su más enérgica protesta; así como su alarma ante un grave embate contra su independencia y autonomía”.
Explicó el proceso “durante la sesión realizada en México del 8 al 9 de enero de 2020, decidió por unanimidad renovar el mandato a su Secretario Ejecutivo para el periodo 2020-2024, el mismo 9 de enero se le comunicó por nota oficial al Secretario General «conforme el Artículo 11, inciso 3, del Reglamento de la Comisión» y para los efectos de su contratación administrativa. Asimismo fue hecho del conocimiento público mediante el comunicado 05/20 de fecha 10 de enero. Entre las razones que motivaron la decisión de la Comisión Interamericana de renovar el mandato al actual Secretario Ejecutivo y confirmarle su confianza, fue la necesidad de contar con un Secretario Ejecutivo que tenga las condiciones y capacidades para consolidar un proceso de transformación y modernización de las labores de la Comisión; que pueda liderar el proceso de conclusión de su Plan Estratégico 2017-2021; así como la construcción de su nuevo plan para el futuro, acorde con su visión para la protección de los derechos humanos en la región”.
“El día 15 de agosto de 2020, último día de la vigencia contractual, el Secretario General de la OEA comunicó a la CIDH, sin consulta previa, su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo” de la CIDH; lo que en la práctica se traduce en una negativa a extender el contrato laboral, trámite requerido para dar continuidad administrativa al mandato del Secretario Ejecutivo. La Comisión anuncia a la comunidad internacional que esa decisión unilateral del Secretario General constituye un franco desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto del Secretario Ejecutivo, y dejar sin efectos la decisión de renovación adoptada 8 meses antes por la CIDH. No deja de llamar la atención de la CIDH que, durante ese lapso no recibió cuestionamiento alguno por parte del Secretario General sobre la pertinencia del procedimiento de renovación”, indicó.
El comunicado agrega que “la CIDH observa con extrema preocupación la interpretación de las normas realizada en el informe jurídico en que el Secretario General funda su decisión, según la cual el Reglamento de la CIDH es una mera interpretación no vinculante del Estatuto de la CIDH y de la Carta de la OEA y que, por lo tanto, el Secretario General no está obligado a cumplirlo. Dicha interpretación desconoce, además, la norma y la práctica vigente que ha sido consistentemente sostenida desde el año 2000 y que fue aplicada tanto en 2012 como en 2016 para la selección y designación de los dos últimos Secretarios Ejecutivos y también para la última renovación del Relator Especial Edson Lanza en 2017 y de la Relatora Especial Especial DESCA, Soledad Garcia Muñoz en 2020. Asimismo, la interpretación de las normas a las que alude el Secretario General es contraria a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ha establecido que la CIDH “como órgano del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
“A lo largo de 61 años de historia de defensa de los derechos humanos, la autonomía e independencia de la Comisión Interamericana han sido fortalecidas y defendidas a ultranza como uno de los pilares centrales de la legitimidad por los Estados miembros, por la sociedad civil y por las víctimas de violaciones de derechos humanos”, indican.
La CIDH también se refiere a una investigación realizada por la Ombudsperson de la OEA “sobre la situación de la Secretaria Ejecutiva en 2019, notificado a la Comisión el 10 de agosto de 2020, la CIDH, como el órgano principal de la OEA encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, le atribuye la máxima importancia y, al efecto solicita que el mismo sea tramitado con los más altos estándares del debido proceso, deber de investigación y debida diligencia”. Esta investigación, citada por Almagro como excusa, se llevó adelante durante todo el año 2019 y la CIDH colaboró en ella, en su comunicado expresa “una profunda extrañeza que a pesar de tratarse de situaciones referidas a 2019, la Ombudsperson haya esperado hasta 5 días antes del vencimiento del contrato del Secretario Ejecutivo, para transmitirlo”.
