Audiencia pública sobre Muchachas de Abril, Tassino y González

El pasado miércoles 16 y jueves 17 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia pública en relación al caso de la ejecución extrajudicial de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes, las "muchachas de Abril", y la desaparición forzada de Óscar Tassino y Luis Eduardo González.
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Por Moriana Alberro

Julissa Mantilla, relatora para Uruguay, comisionada de la CIDH, explicó que “el presente caso se enmarca dentro de la dictadura cívico militar en Uruguay, en cuyo periodo se cometieron graves violaciones a los derechos humanos por parte de agentes estatales. Este tribunal ya se pronunció sobre dicho contexto en la emblemática sentencia del caso Gelman, hace diez años, en donde señaló que hubo una práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia en contra de personas que visualizaban de movimientos de izquierda”.

Asimismo, aseguró que en este caso “no existe controversia sobre que en dicho contexto, se produjeron los siguientes hechos: El 21 de abril de 1974, Diana Maidanic y Silvia Reyes, de 21 años de edad cada una y Laura Raggio de 19 años fueron ejecutadas extrajudicialmente dentro de su departamento, por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Silvia Reyes, además, se encontraba en el tercer trimestre de su embarazo. Las heridas en los cuerpos de las víctimas mostraban especial ensañamiento, con múltiples heridas de bala y consta que al menos una de ellas fue encontrada desnuda”.

“El 13 de diciembre de 1974 Luis Eduardo González fue detenido por miembros de las fuerzas conjuntas dentro de su vivienda, llevado a una base militar y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. El 19 de julio de 1975, Oscar Tassino, Asteasú fue detenido en su finca y a la fecha se desconoce su paradero. Frente a estas graves violaciones de derechos humanos, hasta el momento ninguna persona ha sido condenada, por lo que estos hechos continúan en una situación de impunidad. En el informe de Fondo, la comisión estableció la responsabilidad internacional del estado uruguayo por las tres ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Raggio, las dos desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Oscar Tassino, así como la falta de una adecuada investigación. El informe de Fondo fue notificado al estado uruguayo el 24/2/20, otorgándosele un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones”, informó.

“Ante la necesidad de obtener justicia para las víctimas, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana, específicamente, las acciones y omisiones estatales ocurridas o que continuaron ocurriendo con posterioridad al 19 de abril de 1985, fecha de la aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana por parte del estado uruguayo”.

Mantilla explicó que “se encuentran dentro de la competencia de esta corte los hechos relativos a la desaparición forzada de Luis González y Oscar Tassino, las cuales continúan hasta el momento, la falta de un plan de búsqueda de sus paraderos y de una investigación y sanción de dichas desapariciones, también se encuentra dentro de las competencias de la corte la falta de investigación frente a las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Raggio, que continúan en una situación de impunidad sin haberse tomado en cuenta un enfoque de género y el deber reforzado que implica la investigación de este tipo de violencia”.

“La Corte podrá pronunciarse sobre el impacto y efectos que ha tenido la ley 15.848 que determinó la caducidad de la pretensión punitiva del Estado como un factor de impunidad para la investigación y sanción de graves violaciones.

La comisión resalta que las falencias en las investigaciones judiciales, seguidas por este tipo de hecho, fueron resaltadas por este tribunal hace solo siete meses, en su resolución de cumplimiento de sentencia del caso Gelman, la CIDH considera que este caso constituye un paso fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia para la víctima y sus familiares así como de las miles de personas afectadas en esa época”, finalizó.

Elena Zaffaroni, esposa de Luis Eduardo González, fue citada por la Corte como declarante y relató que “el 13 de diciembre van a mi casa a las 3 de la mañana que estábamos durmiendo, las fuerzas conjuntas, muchos oficiales y soldados y nos llevan detenidos al Cuartel que luego supe era el 6ª de Caballería. No éramos los únicos en ese lugar, hasta el 25 de diciembre que fue el último día que veo a Luis Eduardo, somos todos sometidos a torturas, interrogatorios, plantones, pero especialmente él es sumamente torturado, apremiado, hostigado en todo sentido, lo separan un poco de todos, pero a mí me llevan en varias oportunidades a verlo, yo estaba embarazada, para que presencie lo que le hacen, para que él sienta mis quejas también, para presionarlo mucho más. Lo veo en varias oportunidades en el mismo cuartel, y el día 25 especialmente, los oficiales que permanentemente venían a buscarme a donde me dejaban en un colchón en la noche, a buscarme a decirme que lo viera a él, que lo mirara y siguiera el tormento al que él era sometido”.

“Ese día nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida, la mía y la de nuestro hijo, por su colaboración, esa fue la última vez que lo vi, muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos y en ese momento no tomé eso como una despedida, no tomé eso como lo que luego entendí: que era una decisión que ya estaba tomada por sus torturadores, que lo iban a matar, no sabíamos todavía de las desapariciones forzadas, a las que luego sometieron su cuerpo, y pensé que era un joven, que era íntegro, que tal vez sorteara esta situación tremenda como tantos otros compañeros que estábamos ahí, porque a varios los internaron en el hospital por los tratos recibidos y luego ellos fueron denunciantes en nuestra causa”, continuó Zaffaroni.

“Mi suegra tenía 47 años en el momento en que nos llevan detenidos, exactamente el tiempo que ha pasado desde ese momento. Amalia falleció este año, sin tener noticias, buscando permanentemente la verdad, buscando desesperadamente a su hijo, como todas las madres, en esos tiempos aceptando con inmenso dolor que no lo iba a encontrar, pero queriendo sus restos, presentándose a la justicia todas las veces que nos fue posible, tocando puertas, desde la curia hasta todo lo insospechado, y todo ese movimiento que Amalia hizo, una mujer de su casa, que su vida era criar a sus hijos y la felicidad de su hogar, salió de su hogar, recorrió Uruguay buscando a su hijo, recorrió también en el exterior junto a otros familiares, encontró apoyo en otros que estaban igual que ella, en todo ese trajín y en los años que yo estuve presa, terminamos de aportar en 1985 a la causa”, comentó.

“Vimos que eran pocos los casos de desaparecidos que pudieron aportar eso, porque nosotros fuimos detenidos juntos, nos llevaron juntos a ese lugar, lo vimos y estuvimos junto a él, no solo yo, algunos otros compañeros, lo dejamos de ver el 26 de diciembre que es la fecha que toman por su desaparición”, recordó.

Asimismo, Zaffaroni señaló que Amalia, la madre de Luis Eduardo González, “fue a la Región Militar 1, dónde conoció a Cordero, el militar que comandó ese momento, el ingreso a nuestra casa, sabe su nombre, aportamos los nombres de varios militares que en el Penal me dijeron que estuvieron presentes, Victorino Vázquez, Roberto Echevarría, el médico que nos hizo las fichas médicas, en las que nuestras fotos son lamentables, pero nos hacía una ficha médica en el cuartel, en el medio de los interrogatorios, el doctor Susan”.

“En 1985, a quien había sido el Comandante las FFAA hasta ese momento, durante la dictadura, Sanguinetti lo nombra Ministro de Defensa, quien decide que no cursará esas situaciones, la investigación se enlentece hasta la creación de la Ley de Caducidad que obtura totalmente el acceso a este tipo de justicia”, indicó Zaffaroni.

“Desde 1985 a la fecha el recorrido que hemos hecho los familiares por todos lados de este país, tocando todas las puertas, luego de la Ley de Caducidad, en esa soledad a la que el gobierno del momento, el Estado, los condenó, comenzó un gran trabajo contra ese silencio y la tergiversación de los hechos, contra la crueldad hacia los niños desaparecidos, tampoco permitían que se apoyara la búsqueda de esos niños que estaban vivos. En todos esos años lo que creció fue un movimiento general sobre la memoria, sobre que si nosotros no los buscábamos, si no manteníamos su historia de vida, era como que ellos no hubieran existido. El país nos hizo renunciar a todos los ciudadanos a eso”, sostuvo.

“La creación de una Comisión para la Paz, que buscara la información, reconociera estos hechos y diera una solución a los casos de los desaparecidos fue un avance en esta lucha por la verdad, logramos que la ciudadanía conociera los hechos”, pero “había una segunda trampa en esa comisión, se refirió solamente a 34 de los 197 desaparecidos, el caso de Luis estaba en esta lista, el documento aporta menos de lo que teníamos, junto a ello instalan la idea de que la justicia no va a ser posible, que debemos esperar la colaboración de los integrantes de las FFAA y que a todos los cuerpos no los íbamos a encontrar porque los habían incinerado y tirado al mar”, afirmó Zaffaroni.

“Hubo una burla, dijeron que las máquinas con las que las incineraron no eran tan potentes, que quedaron esos restos, que los desenterraron para incinerarlos y tirarlos al mar todos juntos, que por suerte estaban juntos en el Río de la Plata. Esa burla no la unimos con el reconocimiento de que sabían en dónde los habían enterrado, porque esta era la información que les daban los militares, que si los desenterraron es porque sabían donde los habían enterrado”, sentenció.

A su vez, señaló que eso “significaba una nueva negación y otra lucha más fuerte, destrabar el sentido de la justicia. Recién con la aparición de los cuerpos, a pesar de que los juicios no estaban destrabados, cambió el gobierno y nos ilusionamos nuevamente con una nueva visión sobre esta temática”, pero “tampoco obtuvimos verdad ni justicia sobre los casos de los desaparecidos”, advirtió.

“La información nunca se exigió, se siguió apostando a una voluntad que ya habían pactado, este delito que al día de hoy se sigue cometiendo, no ha logrado ni siquiera cesar, no hemos logrado ni siquiera que todas estas desapariciones cesen. El hallazgo de los pocos cuerpos que encontramos tampoco trajo verdad, ni el conocimiento de qué pasó, por qué los desaparecieron y mataron. Nuestras denuncias fueron tomando otro cariz, En 2011 cuando se destraban las causas, hay una ‘lluvia de causas’ por detenciones, torturas y robo de niños”, señaló.

“La causa no avanzó, la causa penal sigue esperando, hemos ido integrando nuevos documentos que nos han ido llegando de investigaciones particulares, porque las investigaciones del Estado no estuvieron centradas en la búsqueda de lo que pasó con los desaparecidos o aportar elementos judiciales”, indicó Zaffaroni. “Hicimos un juicio buscando aportar más elementos, al Cuartel, fue un centro de detención durante varios años, la institucionalidad de esta represión se pudo demostrar entre nosotros, pero quienes nosotros nombramos, han presentado recurso tras recurso, no hemos logrado avances”.

Zaffaroni expuso que “la justicia no puede actuar sola, es imposible lograr justicia si el Poder Judicial no tiene la información aportada por el Poder Ejecutivo y las instituciones represivas de la época. Estos hechos tienen que cesar, la Justicia tiene que lograr que cese el delito, cosa que no se ha logrado, el doctor Perciballe ha actuado con seriedad, acumulando información, estos años hemos seguido desparramando la impunidad de ese delito a toda la sociedad. El delito lo está cometiendo el Estado de hoy, lo hemos planteado a todos los presidentes”.

“No sabemos inclusive todo lo que hicieron aquellos a quienes procesaron, lo que aspiramos en estas sentencias es que terminen con el crimen, encontrarlos, buscarlos como si buscaran a sus hijos, que sigan buscando qué pasó. La reparación es cambiar y que esto no vuelva a pasar, y qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó, aunque sepamos la monstruosidad de estos crímenes. No vamos a obtener que cese el crimen si dejan a la Fiscalía sola, si no intervienen los tres poderes del Estado, aportando y exigiendo la información que existe, de archivos de las unidades represivas. El Estado también tiene una continuidad en este crimen”, afirmó.

“Los hallazgos han sido con alguna información militar, la persistencia de los antropólogos logró encontrar dos cuerpos. La reparación es a los que están desaparecidos, son el centro de esto, a los familiares nos tratan como víctimas porque hay una victimización de nuestro lugar, que aparezcan es la primera reparación. El Estado responde con un dinero, no es el principio ni el final de la reparación, sino que se sepa lo que pasó”, sostuvo.

Zaffaroni solicitó a la Corte que no sólo intente destrabar la imposibilidad de presentar los juicios, es un camino que tenemos que insistir, exigir al Estado que entregue la información de qué hicieron con los desaparecidos, información respaldada con archivos, sobre la verdad y los enterramientos”, porque “hay un sentimiento de que hay crímenes que no merecen castigo, hay desigualdades frente a la justicia que son tan agresivas, en esta última elección, por primera vez en la historia hay un partido militar, un partido que reivindica el golpe de Estado, con un discurso instalado, quieren reflotar la ley de Caducidad, por sí mismos mandan un mensaje parlamentario en contra de toda la democracia. Estos mensajes existen en la sociedad”, advirtió.

“Llegamos ahí por esa impunidad, si fuera patrimonio de todos el conocimiento de lo que pasó y los responsables fueran juzgados y encarcelados, no con la mirada de piedad, sino con la mirada de justicia porque sabemos lo que hicieron, van presos porque tuvieron intervención en estas políticas durante toda la dictadura, esa justicia parece [estar] muy lejos. Eso ha provocado la situación en la que estamos, hoy es una causa que trasciende a las familias, eso ha dado un poco de paz a las madres que se van yendo, hay quienes siguen con estos principios de verdad y justicia para la vida”, afirmó.

Asimismo, Zaffaroni afirmó que” hay identificados torturadores concretos, a pesar de que en Uruguay nos conocemos todos, el camino por justicia que marcaron los ex presos para llevar su disputa y su enjuiciamiento es sumamente constructivo y destacable y marca una tónica, no ha sido así desde el otro lado, desde las Fuerzas Armadas todos los gobiernos apostaron a que los comandantes en jefe aportaran información y no lo hicieron, entonces, convivir con los agentes de la impunidad, a mí me tocó, venía al lado de mi casa la persona que nos llevó presos, era amigo del de al lado, es algo muy duro pero yo sabía quién era él, pero la señora de al lado no sabía quién era él, entregar la formación a las fuerzas armadas”.

“La estructura de la impunidad se ha armado con el desconocimiento, acá por mucho tiempo fue intercambiable la verdad con la justicia, no existe justicia sin verdad, no existe una sin la otra, esto es institucional, del primero al último de los oficiales del Uruguay fue formado para el Terrorismo de Estado, en la doctrina de la seguridad nacional, su principal enemigo era el otro ciudadano que no se atenía a las reglas de la dictadura, y así siguen formándose, eso es lo que tiene que cambiar”, expresó.

¿Cuáles son esos sectores que tienen tanto poder para evitar que se esclarezcan hechos de este tipo, por qué aún persisten esos intereses que hacen que no se avance en esta situación?, consultó uno de los integrantes de la Corte.

“Fue una dictadura cívico militar, salimos de la dictadura con un pacto, no sabemos por qué se mantiene el pacto hasta el día de hoy, hemos apuntado al diálogo, al reclamo, a la consciencia de la ciudadanía y somos parte de un movimiento muy grande sobre los derechos y la memoria en el Uruguay, que tiene a las nuevas generaciones muy activas, es el respaldo que podemos dar a estas políticas de enfrentamiento fuerte, a no dejar creciendo estas instituciones como un poder paralelo, piensan que es posible hacer cambios que creo profundamente que nada provoca más cambios que la libertad y las instituciones armadas para solidificar y apoyar a la sociedad, en ese marco crecen las miradas represivas y no educativas, para cualquier problema la solución siempre es la represión y no la educación y el diálogo”, sostuvo Zaffaroni.

“Las sentencias de la Corte interesan a los estados democráticos, aunque sus esfuerzos sean lentos, son un pie para dar un empuje a esta posibilidad porque Uruguay podría estar en otra situación, pero no con esta impunidad”, reflexionó.

Asimismo, Zaffaroni recordó que cuando se brindó información falsa no hubo consecuencias. “Manini Ríos hizo lo mismo con la ubicación de los restos de Bleier, el trabajo estaba siendo ahí, dijo que tenía información de que estaba en otro lugar, se vistió de oficial para llevar ese dato. Cuando se vuelve, meses después, estaban en esa zona donde se estaba trabajando, así ha sido, la dilación, apostar a que nos cansemos es la única apuesta de quienes cometieron estos crímenes, pero es la que aceptan los gobiernos, no lo destituyeron, tampoco cuando tomó una postura más fuerte, Tabaré Vázquez pide la destitución por una mentira insostenible de 7 generales y el Parlamento no lo respaldó. En este país, las rencillas personales, los protagonismos para llegar al poder son más fuertes que apoyar estas políticas”, afirmó.

Las instituciones responsables “están subordinadas al Presidente de la República, quien necesitaría un respaldo real de todo el Parlamento para hacer una acción de incautación y exigencia, y pedir que ellos mismos se entreguen en ese entramado que tienen. Todos los partes operativos, incautar todos los archivos de Inteligencia”, exigió Zaffaroni.

Asimismo, reconoció la importancia de la nueva Ley orgánica militar para revisar las instituciones, ya que “la responsabilidad de que este crimen continúe es estatal”. “Estamos convencidos de que esa información está, hemos tenido pruebas de ello, saben lo que hicieron con cada uno de los desaparecidos. Sería una inmensa ayuda que la Corte pudiera considerar cosas concretas en este sentido de una verdad más abarcativa y no solo en el sentido reparatorio monetario”, afirmó.

“Las Fuerzas Armadas siguen manteniendo el control de esta impunidad, nuestros desaparecidos son rehenes y la justicia está condicionada.
Fue una decisión pensada, por algún motivo, no dirigida al desaparecido, a la sociedad, a sus familias. El trabajo por la verdad y la justicia es para generar consciencia de los caminos que no deberían recorrerse más, sobre el autoritarismo, sobre cómo se llegó a esto, el movimiento de las madres y sus hijos, hablar de uno es hablar de todos, nos han dado la fuerza y la dignidad para insistir en manifestaciones multitudinarias, con el reclamo por la vida”, sostuvo.

Sobre el estatus actual de las causas, Ricardo Perciballe, Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, informó que el 17 de diciembre de 2020 la fiscalía pidió el procesamiento de tres ex oficiales del Ejército, uno de ellos estaría en condiciones de que la jueza del caso resolviera la solicitud fiscal, porque se ha resuelto con respecto a él la excepción de prescripción e inconstitucionalidad, se ha fijado audiencia ratificatoria, por su parte los dos oficiales restantes, están pendiente de resolverse las excepciones de prescripción”.

En el caso de Oscar Tassino, “en su momento la fiscalía solicitó el procesamiento de dos oficiales del Ejército, se han cumplido todos los requisitos previos, en estos momentos lo único que resta es el traslado de la requisitoria fiscal a la defensa y la juez estaría en condiciones de tomar resolución sobre esos dos ex oficiales”, explicó.

“En marzo de este año fue extraditado un ex oficial desde Argentina que estaba requerido por esta causa y en abril de este año fue dispuesto su procesamiento, hoy está privado de su libertad como consecuencia de ello”.

Respecto a la desaparición forzada de Luis Eduardo González, Perciballe sostuvo que “es una causa más compleja, porque no hay una ejecución fiscal, están determinados los hechos en la fase investigativa, lo que resta ahora es que se diluciden las excepciones de prescripción que han presentado los presuntos implicados”.

Foto: Archivo familiar

 

Foto PCU