Por Gabriel Mazzarovich
El director en representación del Frente Amplio en ANTEL, Daniel Larrosa Macedo, reveló a EL POPULAR que se enteró en la propia reunión del Directorio que se votaría una resolución para pasar los antecedentes de la auditoria contrada especialmente sobre el ANTEL Arena a la justicia y que se haría, ese mismo día, además, una conferencia de prensa.
Larrosa dijo que “se crea una bomba de humo” y se “evita la discusión política real sobre la crisis sanitaria, los peligros para ANTEL del artículo 48 de la Ley de Medios y de las restricciones del Poder Ejecutivo sobre las inversiones del ente”.
-El Directorio de ANTEL volvió a considerar este miércoles el llevado y traído temas de las auditorias, en este caso en especial sobre la obra del ANTEL-Arena: ¿Qué fue lo que se informó y que se resolvió?
El miércoles, comenzada ya la sesión del Directorio, se me informa de las intenciones que tenía la mayoría de aprobar una resolución cuyo contenido era: pasar a la Justicia los antecedentes recabados por la última auditoría que se hizo expresamente para analizar los costos y el proceso del ANTEL Arena, en el marco de las auditorías que implementó el gobierno actual a partir de su asunción el año pasado. La información de la que disponíamos era el informe final de auditoría, que lo teníamos hace un mes y medio, pero sobre el cual se había guardado total silencio y nadie había dicho nada, y el informe preliminar que se nos había entregado hace seis meses y que ya se había hecho una presentación pública al respecto en diciembre del año pasado. Finalmente se resuelve, con mi voto en contra, pasar a la justicia los antecedentes en base a la información de la auditoría.
-¿Qué opinión le merece la presentación pública realizada del tema?
Entiendo que la presentación pública que se hace es muy dañina para la imagen de ANTEL. En primer lugar, porque se basa en un informe realmente muy sesgado que contradice a todos los informes de las auditoras más prestigiosas del Uruguay que los hacen anualmente a nivel de balance. Por ejemplo, los informes de auditorías de Price y KPMG no arrojan los mismos resultados. La presentación que se realiza, en un acto público, el segundo que se hace sobre este tema y con la base de los mismos datos, de una auditora que además tiene a su frente a un connotado militante político y por lo tanto no es para nada independiente, pero más allá de eso creo que no correspondía hacer una presentación pública, en todo caso hacer la denuncia penal, si así lo consideraban, y no seguir haciendo una exposición mediática de esto. Creemos que todo esto responde a una agenda política y lamentablemente la mayoría de este directorio se prestó. Esa agenda, implica, en la actual crisis sanitaria que tenemos colocar estos temas. Creo que debería destacarse que particularmente ANTEL se ve amenazada por la nueva Ley de Medios, por el articulo 48 y algún otro, también el impacto de las restricciones de inversión fruto de la acción de la OPP y de esta manera se crea una bomba de humo que tapa la discusión política real sobre el futuro de ANTEL y se vuelve a los eslóganes preelectorales, seguimos en eso.
-¿Qué opina de la auditoría y sus conclusiones?
Esta auditoría fue contratada especialmente y ya de entrada tiene un sesgo de su interpretación sobre el ANTEL Arena, un sesgo político. En mi caso claramente no coincido ni con el informe ni con las conclusiones. Lo que sí está claro es que tanto el informe de esta auditoria contratada Ad Hoc como los informes del Área Jurídica de ANTEL, previos a la resolución de Directorio, para nada están hablando de problemas o irregularidades con apariencia delictiva, que sería lo que deberían decir estas auditorías o informes jurídicos para pasar el tema a la justicia. Esto no lo dicen, para nada. De alguna manera al final aparece una redacción muy cuidada, muy buscada, pero que no tiene sustento en los informes anteriores, para justificar la presentación penal de estos obrados.
La fundamentación que se hace es la conocida: que se gastó de más. Eso, que es discutible, en todo caso no es un delito. Sobre esa base se argumenta que la mayoría de las compras para la obra se hicieron en forma directa. Eso tampoco es ilegal, ANTEL es un ente estatal que está en competencia y por tanto está habilitado por el TOCAF a realizar compras directas.
Además, la propia auditoría, contratada por ellos y sesgada, dice que el 89% de las contrataciones fueron hechas mediante un procedimiento competitivo donde participaron dos o más empresas, no licitación, pero si procedimiento competitivo. Un 10% fueron compras de ANTEL a sus subsidiarios. Es decir que tenemos un 99% que son compras que se realizan, además, habitualmente. ANTEL sigue realizando ese tipo de compras todos los días, porque su propia actividad requiere esa agilidad en las compras.
Se está poniendo en tela de juicio a un montón de funcionarios de ANTEL que participaron en estas compras e hicieron su mejor esfuerzo para que esta obra, magnífica, que tiene el pueblo uruguayo, se llevara adelante.
Otro argumento que utilizan es que estas compras estaban fuera del giro de la empresa. Cuando se decide realizar la obra del ANTEL Arena los informes jurídicos internos establecieron que esa obra se podía hacer porque estaba dentro del giro de la empresa. La realidad es que ANTEL está en competencia, lo hizo dentro del giro de la empresa, hay informes internos de ANTEL que demuestran jurídicamente esto, y las resoluciones y todas las compras se basaron en esos informes jurídicos.
