El premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, 26 galardonados con el Premio Nóbel Alternativo (Right Livelihood Award) de 23 países reclamaron en carta presentada al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales el cese de la represión policial contra los manifestantes que protestan por la reforma constitucional llevada adelante de forma inconsulta.
La carta, de acuerdo a ANRED, ha sido firmada, además, por 11 miembros del Colegio de los Galardonados con el Nobel Alternativo de Argentina, de Estados Unidos, Francia, Alemania, Chile y Tailandia.
En la misma se afirma que el gobernador de Jujuy “desencadenó una brutal represión contra comunidades indígenas, docentes en paro por mejores salarios y ciudadanos cansados del autoritarismo gubernamental”.
De esta forma, agregan, se repite “el mismo modelo de la represión durante la dictadura militar de 1976-1983”, en la que “vehículos sin identificación cargados de policías detienen indiscriminadamente a personas en la calle, conducen allanamientos de viviendas humildes sin orden judicial e infiltran las organizaciones sociales con policías sin uniforme”.
En la denuncia se subraya que “lo que está sucediendo en Jujuy es el comienzo de la guerra por el litio con derramamiento de sangre indígena”.
El accionar de las fuerzas policiales, al ingresar de forma ilegítima a la Universidad Nacional de la provincia argentina constituye, de acuerdo al texto de la misiva “un acto inconcebible de abuso de poder”, ya que se trata de un recinto que “es territorio federal”.
En el texto se recuerda que la política represiva de Morales, ha sido denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en América Latina, Jan Jarab.
Este último, también envió “una crítica carta el gobernador Gerardo Morales”, en la que se demanda poner fin a la “escalada de violencia”’ en Jujuy.
Sobre la reforma constitucional inconsulta impulsada por Morales, los firmantes afirman que se trata del “colmo del autoritarismo y la ilegalidad” y recuerdan que la misma fue denunciada por Amnistía Internacional que exigió su suspensión.
Ante la situación , se demanda, el “cese de la represión policial en toda la provincia de Jujuy, Argentina, que no se cercene el derecho de sus ciudadanos a las protestas pacíficas, que cese la infiltración de las organizaciones de la comunidad con policías sin uniforme, que se investigue administrativa y judicialmente la responsabilidad del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en los actos brutales de represión”.
También exigen “que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la provincia de Jujuy cumplan el Artículo 75 Inciso 17 de la Constitución Nacional, y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se investigue administrativa y judicialmente la invasión de territorios indígenas por la policía de la provincia y el gobierno de la provincia de Jujuy, que se investiguen administrativa y judicialmente los compromisos contraídos por el gobierno de la provincia de Jujuy, como asimismo concesión de beneficios, con empresas mineras vinculadas a la explotación del litio y otros minerales” y “que se deje sin efecto y en su totalidad la reforma parcial de la Constitución de Jujuy”.
