El presidente sigue buscando minimizar el caso, la fiscal Fossati pidió licencia al divulgarse audios con serias afirmaciones suyas.
Rolando Arbesún
El llamado “caso Atesiano”, en realidad el esquema de corrupción por el cual la justicia, entre otros delitos estableció que una “Asociación para Delinquir” operó en la Torre Ejecutiva, con la participación del Jefe del Servicio de Seguridad de Presidencia, sigue dando que hablar, incluso continúa funcionando como un catalizador discursivo que permite al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, insistir con victimizarse.
A las expresiones públicas del presidente, se agregaron las denuncias de la fiscal Gabriela Fossati contra el presidente del Frente Amplio, dos periodistas y usuarios de redes por difamación e injurias y también la divulgación de audios de la propia fiscal que colocan la propia investigación bajo la lupa.
Hace apenas dos días, Lacalle Pou retomó esa suerte de “mea culpa” y a diferencia de su primera versión sobre quien fuera el Jefe de la Seguridad Presidencial, esta vez el mandatario uruguayo calificó lo sucedido como “un error” cometido por él. El presidente además se muestra visiblemente molesto cada vez que se lo consulta sobre este caso al que no hizo referencia alguna en su comparecencia en el Parlamento, como si no hubiera ocurrido.
Calificar como “error” la elección del que fuera definido como un “profesional intachable”, no solo no es serio, sino que, además, permite ver cómo, una vez más, el presidente evade la responsabilidad política de un escándalo mayúsculo en la historia política e institucional del Estado uruguayo.
Junto con el “error” presidencial, el “caso Astesiano” nos trajo los embates de la fiscal Gabriela Fossati, contra Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, Alberto Grille, director de la Revista Caras y Caretas y dos usuarios de redes sociales.
El nuevo movimiento de la fiscal, al denunciar a Pereira y a Grille por difamación e injurias parece más una inercia del paso anterior cuando decidió investigar y pasar a considerar, en tiempo récord, como indagado al ex director de Seguridad y Convivencia del ministerio del Interior, Gustavo Leal.
Todo lo que la fiscal había afirmado sobre la falta de tiempo y recursos para hacer de la investigación de Astesiano un trabajo más intenso y exhaustivo, cae por este accionar de que lo que produce es desviar la atención sobre los efectos y responsabilidades políticas que hacen al centro del accionar delictivo de Alejandro Astesiano y el entorno político que hizo posible que bajo la cobertura de la institución Presidencia operara una asociación para delinquir.
El “fruto del árbol envenenado”
En estos días, a diferencia de los meses pasados, los audios que tomaron estado público no corresponden al ex jefe de la Seguridad Presidencial, sino a la propia fiscal Gabriela Fossati y fueron resultado de una consulta periodística.
En ellos, la fiscal dice exactamente lo que muchos pensaron desde “el vamos” del caso, que la investigación tenía alcances políticos relevantes y que aquellos encargados de colaborar en el curso de la misma aparecían comprometidos de una u otra forma en el modus operandi de Astesiano.
A esta situación que describe la fiscal se la conoce como “la doctrina del fruto del árbol envenenado”, una doctrina que refiere directamente no solo a aquellas pruebas que eventualmente se obtengan de forma ilícita en cualquier tipo de investigación, sino que, abarca a cualquier prueba que, directa o indirectamente, y por cualquier tipo de vínculo se considera viciada.
En ese sentido no podemos hacernos los distraídos y olvidar que muchos de los que realizaron parte de las investigaciones desde el Ministerio del Interior, aparecen como actores en los intercambios del ex Jefe de la Seguridad Presidencial.
“No se puede investigar nada porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación” , reconoció la fiscal al periodista Carlos Peláez quien ha sido también denunciado por Fossati por “difamación e injurias”.
En otro de los audios afirma, al parecer en referencia al Fiscal General, Juan Gómez: “da señales claras en cuanto a que me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía”.
De forma inmediata a la publicación de estos audios, la fiscal solicitó licencia médica por 15 días y reiteró su pedido de ser relevada de la investigación del caso Astesiano, al tiempo que pedía se le concediera protección policial.
No es la primera vez que la fiscal solicita ser relevada de la investigación, sin embargo, la reiteración del pedido, luego del acuerdo alcanzado con Astesiano, parece ser un claro indicador de la magnitud política del caso, más allá del nuevo intento del presidente de minimizar, una vez más, el escándalo al llamarlo “error”.
De testigo a indagado y a la espera
Por otra parte, el pasado jueves se presentó ante el Juzgado, por parte de Gustavo Leal, una solicitud de audiencia con el objetivo de que la Fiscalía informara cuáles eran los hechos que afirmó investigaba en su contra.
El pedido fue aceptado por el juez quien citó a la fiscal Fossati a una audiencia, sin embargo, horas después de dicha resolución, la fiscal pidió licencia médica por 15 días.
De acuerdo al propio Leal, esta es “la cuarta vez que solicito saber los hechos sobre los que se me investiga” y detalló, “primero fue el día 16 de febrero cuando fui como testigo y en 7 minutos terminé como indagado. Luego los abogados presentaron un escrito de 10 páginas que la Fiscalía no respondió. Por último, la semana pasada en la audiencia con la Fiscal que duró 11 minutos también se negó a informar”.
En consecuencia, Leal recurrió a la Justicia.
Foto de portada:
Gabriela Fossati tras la audiencia por el caso Astesiano en el Juzgado de Juan Carlos Gomez en Montevideo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.
