«Se acabó la verdad histórica». Con estas palabras, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, dio por terminada la versión del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida en 2014 y que provocó una conmoción internacional.
Gertz Manero ofreció este martes una rueda de prensa para explicar el estado de la investigación después de que la víspera fuera detenido José Ángel Casarrubias Salgado, alias ‘El Mochomo’, presunto líder del cártel Guerreros Unidos que está señalado como uno de los principales responsables de la desaparición masiva.
Los avances del caso presentados por el funcionario apuntan a un relato distinto al que construyó el gobierno de Peña Nieto. En ese entonces, el exprocurador Jesús Murillo Karam aseguró que policías municipales habían secuestrado y entregado a los estudiantes a miembros del Cártel Guerreros Unidos que los terminaron matando y quemando en un basurero. Lo llamó «la verdad histórica». La versión, que exculpaba por completo la responsabilidad del Estado, fue defendida por el expresidente hasta el fin de su mandato.
Sin embargo, los peritajes del Equipo Argentino de Antropología Forense y la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que las autoridades mentían porque no había pruebas de la incineración de cuerpos.
Múltiples reportajes periodísticos revelaron, además, que en la persecución a los estudiantes, la masacre de ellos y otros civiles y en la desaparición habían participado fuerzas de Seguridad municipales, estatales, federales e incluso el Ejército.
Tomás Zerón, prófugo
Gertz Manero también reveló que ya se giraron 46 órdenes de aprehensión internacional contra funcionarios que están imputados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada a partir de líneas de investigación que avanzaron durante la investigación.
Entre ellos, dijo, se encuentra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien huyó del país para evitar su captura ya que está acusado de haber ocultado y alterado pruebas del caso Ayotzinapa.
«(Zerón) ya cuenta con orden de aprehensión y con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente», dijo Gertz Manero, quien advirtió que todavía falta judicializar a muchos otros funcionarios de distintos niveles.
Por otra parte, el fiscal añadió que en los próximos días recibirá los resultados del análisis de restos humanos encontrados en Guerrero que fueron enviados para su identificación a la Universidad de Innsbruck, en Austria.
El caso
El 26 y 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos en Iguala, Guerrero, uno de los estados más pobres de México y ruta estratégica del narcotráfico.
Los jóvenes, que estudiaban en escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde se forman maestros de educación básica de las comunidades más marginadas, tomaron camiones de larga distancia para ir a una manifestación en la ciudad de México, pero en la terminal de Iguala comenzó un tiroteo que mutó en persecución.
En medio de la violencia y la confusión, los agresores acribillaron también un camión en el que iban miembros de un equipo de futbol conocido como ‘Los Avispones’. En la cacería, que continuó a lo largo de la madrugada, participaron policías municipales, estatales y el Ejército.
El saldo fue de seis muertos. Uno de ellos se llamaba Julio César Mondragón y era un estudiante de 22 años. Aunque al principio se creyó que sus torturadores le habían desollado el rostro, peritajes concluyeron que había sido arrancado por animales.
También hubo 25 heridos y 43 desaparecidos, entre los cuales, hasta ahora, sólo se logró encontrar a Alexander Mora Venancio, de 19 años. Más bien, apenas sus restos. Una muela y un fragmento de hueso hallados supuestamente en un río permitieron identificarlo a fines de 2014.
Lo que no se sabe todavía es en dónde están los otros 42 estudiantes. Qué hicieron con ellos. Quiénes son los responsables. Por qué se ordenó el operativo. Qué buscaban, qué querían quienes los persiguieron, balearon, torturaron, secuestraron y, en algunos casos, asesinaron.
Peña Nieto intentó dar por cerrado el caso que, debido a la repercusión internacional que tuvo, debilitó a su gobierno. Pero gracias a la intervención de organismos internacionales y a la lucha de los familiares de los asesinados y desaparecidos, la causa no fue cerrada y ahora, ya bajó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se siguieron otras líneas de investigación.
Fuente: RT en Español