El secretario general del PCU, Juan Castillo, analizó el debate sobre la Ley de Urgente Consideración, la campaña contra el MIDES y las políticas sociales del Frente Amplio y el “compromiso de honor” con el 20 de Mayo, en EL POPULAR en Radio.
Castillo comenzó expresando que este “20 de Mayo todos estamos buscando la iniciativa para acompañar la convocatoria de Madres y Familiares de Desaparecidos, desde las organizaciones sociales, desde el movimiento sindical que está trabajando directamente con ellos, para expresar el sentimiento mayoritario de nuestro pueblo en reclamo de Verdad y Justicia y Nunca Más golpe de Estado”.
Convocó a “identificar nuestra casa con una balconera, remera, con un afiche que seguramente vamos a sacar, a poner la foto de una compañera o compañero desaparecido”.
Castillo comenzó su análisis por la discusión parlamentaria en torno a la Ley de Urgente de Consideración y destacó que recién “el 4 de mayo pudo formalizarse el debate” a pesar de que el proyecto fue enviado el 24 de abril y allí empezaron a correr los plazos. Castillo señaló que la Comisión Especial del Senado está realizando jornadas de hasta 12 horas, que se recibieron a los ministerios involucrados con el capítulo de seguridad y que recién “el viernes de la semana pasada se recibieron organizaciones sociales o instituciones, que colocan sus propuestas u objeciones”.
Castillo cuestionó la poca cantidad de tiempo de discusión con cada organización social e informó que se han recibido hasta 40 organizaciones en un día.
El dirigente del PCU hizo énfasis en que “hasta el momento no se encontró ni un artículo que justifique la urgente consideración” y se preguntó cuáles artículos resolverían los problemas actuales de los uruguayos en medio de la Emergencia Sanitaria Nacional.
Consideró que el retiro de los artículos 268 y 269 de esta ley que obligaban a ANTEL a compartir su infraestructura con sus competidoras, las trasnacionales. Para Castillo esa es “la primera noticia de corte positivo que hubo dentro del debate, más allá de que argumentan que es para incluirlos luego en otro instrumento legal, que no sabemos si será la Ley de Medios, pero lo cierto que dos artículos que implicaban un golpe muy duro a ANTEL hayan sido excluidos es un avance”.
Castillo lo calificó como un “avance notorio de la fuerza política, los legisladores y las organizaciones sociales, como el sindicato SUTEL que cuestionaron y argumentaron lo lesivos que eran estos artículos”.
“Nos queda pelear por 497 artículos más”, advirtió.
Asimismo, Castillo señaló que el retiro de estos artículos “refuerza la inconstitucionalidad de la LUC porque demuestra que es un conjunto de leyes que se puede desglosar. Son al menos, 40 leyes distintas, que no se pegan una con otra”.
Castillo remarcó la importancia de la “defensa de la soberanía del Uruguay y sus empresas públicas” porque en esta ley, además, se plantea “derogar el monopolio de ANCAP para la refinación de combustible, lo de la Educación, lo de la seguridad”.
Castillo destacó las “iniciativas políticas del Frente Amplio en estos días”.
Comenzó por la Resolución de la Mesa Política del Frente Amplio (publicada por EL POPULAR en su número 502) que destaca que hace más de 30 días que se presentaron al gobierno un conjunto de iniciativas para la emergencia y que no hubo respuesta alguna al planteo.
Recordó que desde el gobierno “en ningún momento se interesaron por preguntar sobre las propuestas” y destacó “la seriedad y responsabilidad de ir a colocar iniciativas directamente ligadas a las consecuencias sociales que vive una porción muy importante de las uruguayas y uruguayos.
Colocamos propuestas y buscamos la forma de financiación, no fue propaganda barata, el FA atiende las demandas de nuestro pueblo, de los desocupados, los jubilados y los jóvenes”.
En segundo lugar Castillo resaltó que la bancada de diputados frenteamplista presentó 7 proyectos de ley y 5 minutas de comunicación que atienden “las verdaderas urgencias”.
Indicó que los proyectos de ley apuntan a las dificultades laborales, las condiciones de las relaciones laborales, el mantenimiento de los servicios públicos básicos, los problemas de vivienda, la financiación de las deudas con tarjeta de crédito, la expedición de medicamentos y las medidas sanitarias para los trabajadores.
Entre las minutas de comunicación que no forman parte de los proyectos de ley porque “toda iniciativa que requiera la financiación del gobierno central no puede ser presentada como iniciativa parlamentaria” sino desde el Poder Ejecutivo, destacó el planteo de “una renta básica, un salario mínimo nacional para quienes no tengan ingresos”.
En tercer lugar reivindicó la presentación de un Plan Estratégico Nacional, por parte de un grupo de trabajo “encabezado por Tabaré Vázquez, con los compañeros Ricardo Ehrlich y Miguel Fernández, con más de 50 técnicos, científicos y académicos de distintas orientaciones partidarias”.
Este Plan es para “dar respuesta al impacto de la pandemia”, porque “no hay solamente un problema de contagios y enfermedad” sino “un problema de impacto” en relación a la situación laboral de las familias después de vencer al virus y remarcó que el Plan llevó un profundo trabajo, análisis de iniciativas y financiación.
Castillo destacó “que hasta ahora no hubo respuestas”.
Consultado sobre la intensificación de la campaña contra el Frente Amplio, contra el PCU, contra las políticas sociales de los gobiernos frenteamplistas, en especial las del MIDES, Castillo consideró que “es parte de una estrategia que recién está empezando”. “Hay una venganza política que el gobierno pretende hacer en contra de toda la gestión del FA” y por lo tanto “hay que ponerle un manto de duda”.
“No importa cuánto de cierto hay en la denuncia, lo importante es ocupar titulares de la prensa. Algunos de estos tienen la iniciativa de la campaña, como el diario caganchero que aplaudía la dictadura, que anunció en tapa un gran desvío de fondos, uno leía la nota y todas son presunciones sobre una investigación que se va a comenzar y una posible denuncia que se iría a realizar”.
Las calificó de “verdaderas bombas de humo” para ocultar los verdaderos problemas, el del trabajo, el de la vivienda, el de la salud.
Para poner un ejemplo ironizó en que “parece que ya no hay problemas de seguridad den el Uruguay. Automáticamente, a partir del 1° de marzo disminuyeron a un 25% del tiempo de informativos destinado a seguridad ciudadana”.
“Si hay alguna duda en la gestión de algún compañero o compañera frenteamplista que vayan a la justicia penal y la denuncien, no tenemos absolutamente nada para esconder. En vez de hacer conferencias de prensa y titulares de diarios que se presenten con las pruebas que tengan a la justicia, que ninguno de nosotros se va a proteger con fueros”, sentenció.
“Toda nuestra solidaridad con la compañera Ana Olivera, con las compañeras y compañeros que trabajaron en el MIDES. Con los que trabajaron en ASSE, su anterior director Marcos Carámbula y antes Susana Muñiz”.
