Pablo Da Rocha (*)
El pasado mes de julio, el gobierno difundió un decreto en el que proponía reglamentar el régimen de licencia y subsidio por enfermedad para los funcionarios públicos, establecido por Ley, en la Rendición de Cuentas 2021. Inmediatamente conocido el Decreto, los gremios públicos nucleados en COFE se lanzaron a la recolección de más de 14 mil firmas, para la presentación de un recurso técnico para impedir su implementación; que hicieron llegar hasta la Torre Ejecutiva, apenas 72 horas después.
La acción tuvo repercusiones, pues el gobierno decidió dejar “en suspenso” el decreto, en tanto, se lleven a cabo negociaciones al respecto, en los ámbitos correspondientes. Sin embargo, más allá, de que, hasta el momento, no aplica; todo hace entender, una clara voluntad del gobierno, por llevar a cabo, de manera inmediata, un cambio en el actual régimen de licencias.
La Ley impulsó cambios con la intención de modificar el régimen de licencias y subsidios por enfermedad para los funcionarios públicos, buscando “equipararlo” con los privados, lo que claramente supone, como veremos, un recorte de derechos. De hecho, fue a través de la Ley de Presupuesto, que se proponía descontar los primeros tres días, y cobrar el 75% del salario a partir del cuarto día, con algunas excepciones y días “permitidos” en el año.
El rechazo de esta medida por parte de los sindicatos públicos llevó a tensar mucho la cuerda, hasta el punto, que el gobierno, propuso a través de la Ley de Rendición de Cuentas 2021 establecer unas modificaciones al original: habrá nueve (9) días en el año (alternados o consecutivos) que no generan descuento, y a partir del décimo día se percibirá 75% del salario. En este sentido, no quedan dudas, que se trata de una pérdida de derechos y de recorte salarial.
Si bien la propuesta del gobierno abarca a la Administración Central y a los organismos descentralizados del artículo 220 de la Constitución de la República, es voluntad expresa de este Poder Ejecutivo, que este nuevo régimen se haga extensivo a la totalidad de los trabajadores del Estado, incluyendo a los entes públicos y gobiernos departamentales.
Más allá del impacto sobre el bolsillo de los funcionarios públicos que traería aparejado este cambio en el régimen de licencias médica, conviene tener en cuenta algunos elementos. Resulta evidente, el interés del gobierno por llevar a cabo este cambio, desde un punto de vista “economicista”, porque públicamente se refiere a lo que le “cuesta” al Estado este nivel de ausentismo laboral.
De hecho, las cifras presentadas por la ONSC dan cuenta de un aumento en la cantidad de las certificaciones médicas respecto al año 2021, pero de una disminución en promedio de los días. Si bien la información presentada, puede desagregarse por grupo de Incisos -tanto en términos de sexo, como de edad- llama particularmente la atención, la ausencia de un dato: las causas.
Nadie pone en duda la relevancia del tema, se trata de miles de funcionarios que se certifican en el año; no solo tiene impactos económicos, sino también sobre la calidad de los servicios prestados, afectados por la falta de personal que se certifica. Es un problema que requiere atención; sin embargo, difícilmente se pueda llegar a una solución (o corrección) si no se tiene en cuenta las causas que genera el problema en cuestión.
Sin conocer con precisión los motivos que generan el ausentismo laboral, no será posible llevar adelante medidas o políticas tendientes a corregirla. El único dato referido a las “causas”, es que son originalmente médicas, es decir, hay un especialista de la salud, que da cuenta (y certifica) que la persona padece en forma médicamente justificada, un motivo para no presentarse a trabajar. En este sentido, hay dos primeras reacciones, por cierto, poco fundadas: (1) un abuso por parte de los trabajadores, y (2) falta de controles.
El gobierno comete un grave error en intentar aplicar un nuevo sistema sin conocer los motivos de las certificaciones, con independencia de si existe abuso o ausencia de controles. En este sentido, hay dos cuestiones relevantes para llevar a cabo medidas o cambios: en primero lugar, una orientación o enfoque respecto a cómo hacerlo (¿punitivo o preventivo?); en segundo lugar, no se puede aplicar una misma medida (homogénea), sin tener en consideración las numerosas heterogeneidades. No asumir esto, implica correr el riesgo, no solo de no corregir lo que se busca, sino tornarlo, contraproducente, o sea, agudizar el problema. Por ejemplo, la naturaleza de la actividad es significativamente explicativa de los problemas, el caso de la enseñanza es revelador.
En efecto, la docencia es una función amenazada seriamente por riesgos para la salud mental. La acumulación de factores psicosociales negativos o desfavorables convierte a la docencia en una categoría socio-profesional de riesgo para la salud. En este sentido, lo que propone por parte del gobierno, no puede descuidar la relevancia que puede conllevar, no solo, tener en cuenta estas heterogeneidades sino como se correlaciona con otros factores.
Sin lugar a duda, que los controles son necesarios, especialmente, para aquellos casos de certificaciones prolongadas. Así pues, resulta indispensable, en cuestiones vinculadas con la salud (especialmente las mentales) un seguimiento permanente y controlado, en ese sentido, resulta clave la necesidad de dotar de recursos adicionales y mejor funcionamiento a las Juntas Médicas (JM). Si bien las JM pasarían a tener un papel relevante de acuerdo con la Ley, sin embargo, el sistema «único» desde el BPS aún no se encuentra plenamente operativo -de hecho, se espera, lo haga a partir del segundo semestre de este año.
En resumen, no se debería confundir lo urgente con lo importante. Resulta evidentemente claro, que hay un interés por parte de las autoridades a reducir el ausentismo laboral por los costos asociados que ello trae aparejado, al menos de esa forma lo han manifestado públicamente, posiblemente por su preocupación en torno al impacto fiscal. Sin embargo, implementar un nuevo régimen de carácter punitivo, sin tener en cuenta los motivos y los controles, deja el asunto sin resolver.
Lo verdaderamente importante, es la salud de las y los trabajadores. La única manera de velar por ello es preocupándose por las verdaderas causas, que llevan a todas y a todos a enfrentar padecimientos físicos y mentales. Únicamente destinando esfuerzo y recursos a asegurar la salud, a través de programas y/o políticas transversales que contemplen las diversas heterogeneidades, que conlleva la tarea realizada: muchas veces asociada al tipo de actividad, otras al contexto socioeconómico en las que se desempeña, así como el sexo y la edad; recién ese sería el primer paso.
La salud no puede ser mercantilizada, mucho menos, como todo parece indicar, si el interés que persigue el gobierno es ahorrar y cumplir con sus metas fiscales. En ese sentido, se espera la convocatoria al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, para poder empezar a discutir este tema, sobre la base que la propia ley establece a la salud laboral como un contenido y objeto de negociación colectiva.
(*) Economista
Foto de portada:
Movilización de trabajadores y trabajadoras de COFE. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.