El abogado de Derechos Humanos y militante vinculado a los movimientos populares por verdad y justicia Dr. Pablo Chargoñia, se explayó sobre el proceso de desafuero del senador Manini Ríos, que se está evaluando en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, quien hoy determinó que el tema será tratado el 29 de setiembre y el 30 de setiembre en el Pleno del Senado.
– ¿Qué piensa sobre las últimas noticias de que Manini Ríos no va a votar su propio desafuero y que el Partido de gobierno sumado a Cabildo Abierto y el sector que conduce Julio María Sanguinetti tampoco lo harán?
– Todas estas noticias son preocupantes pero no sorprendentes. Hemos tomado nota los últimos años de una cantidad de episodios de defensa y solidificación de la impunidad, que muchas veces fueron más allá de la ley [de caducidad] que se votó en el 86. Estos episodios dan cuenta de unas fuerzas vinculadas al aparato represivo estatal que violó los derechos humanos en dictadura y que en democracia siguieron operando. Hay que recordar el episodio de secuestro del agente de Pinochet Eugenio Berríos en 1992 y su posterior ejecución en Uruguay como una expresión de la extensión del Plan Cóndor después de caídas las dictaduras. La prueba que se encontró en los archivos Castiglioni, que dieron cuenta documentalmente, de acciones ilícitas de agentes militares y policiales uruguayos contra militantes sociales, políticos, organizaciones gremiales, que incluyó actividades para boicotear el referéndum del año 1989. Todo está documentado, hubo un trabajo de investigación de la comisión parlamentaria y actualmente hay una investigación en una fiscalía con relación a estos episodios.
Las denuncias del comando Barneix que nunca se aclararon, e incluyeron amenazas de muerte contra varios activistas de los derechos humanos entre los que me incluyo, la irrupción en la oficina del grupo de antropología forense con amenazas hacia los forenses, los obstáculos en las búsquedas de los predios militares y nos enteramos hace poco de amenazas que sufrió el fiscal especializado Ricardo Perciballe. Y más novedosamente las revelaciones de los tribunales de honor de Gilberto Vázquez.
En ese marco, que la cámara de Senadores no vote el desafuero del senador Manini es una noticia muy preocupante e implica un gesto de agresión al principio de separación de poderes.
– ¿Se está llevando correctamente este proceso?
– El abogado constitucionalista Cassinelli Muñoz enseñaba respecto al desafuero: «La cámara tiene que tomar conocimiento de las acusaciones contra el legislador y determinará si se trata de procedimientos hechos de buena fé o si están destinados a obstaculizar el ejercicio de las funciones legislativas». Es decir que el instituto del desafuero impone a la cámara de Senadores un análisis respecto de la buena fe o mala fe de la acusación. No se transforma la cámara de Senadores en juez, porque si así fuera implicaría una grosera violación del principio de separación de poderes, quien debe decidir si Manini Ríos cometió o no el delito en el episodio del tribunal de honor a Gavazzo es el juez en el debido proceso no la cámara de Senadores.
– ¿Cuál debería ser su función?
– A la cámara de Senadores, como enseñaba Cassinelli Muñoz, lo que le cabe analizar es si el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli y de la justicia tiene como única finalidad obstruir u obstaculizar la función legislativa de Manini Ríos, y eso no parece ser así. Hay varios aspectos que sugieren que no hay la intención de obstruir su función: por un lado porque el delito es anterior a la función legislativa, en segundo lugar porque el fiscal hizo un análisis detallado de la documentación que estudio y porque nadie puede lealmente sostener que el fiscal Morosoli es un actor político interesado en modificar la correlación de fuerzas parlamentaria y evitar que Manini Ríos ejerza su función, eso no lo puede sostener razonablemente nadie.
– ¿No votar el desafuero constituye una violación a la separación de poderes y al debido proceso?
– La decisión que se preanuncia de no votar el desafuero es una agresión sin dudas al principio del debido proceso y es otra señal más, desde el sistema político, contraria a la revelación, iluminación e investigación exhaustiva de las distintas formas soterradas y oscuras que hay de defender a los violadores de DDHH.
-¿Qué piensa de los ataques permanentes a la justicia?
– Es previsible, desde que conocimos los resultados del escrutinio de las elecciones parlamentarias de octubre de 2019, prever que iba a haber una campaña de desprestigio del sistema judicial porque nos enteramos entonces de la existencia de un partido militar de inspiración neo fascista, con evidentes vinculaciones con militantes involucrados en las graves violaciones a los derechos humanos. Desde octubre del año pasado sabíamos que iba a instalarse una agenda de ataque reactivo a las modestas intenciones judiciales de sancionar a quienes torturaban en la dictadura. Y efectivamente escuchamos varios discursos, antes que Manini Ríos asumiera como senador, hizo cuestionamientos a la Justicia en términos calumniosos, e incluso tan groseros hacia los jueces, que la Asociación de Magistrados Judiciales debió salir públicamente a defender su función. Cuando el senador les imputa a los jueces prevaricato le está haciendo la imputación más grave que se le puede hacer a un juez, tratarlo de parcial cuando la imparcialidad es un valor fundamental. A esos ataques calumniosos a la justicia se le suman además los cuestionamientos a las organizaciones sociales interesadas en la persecución penal, ¿Para qué se hace todo esto? Para defender a los que están actualmente procesados, que son poco más de 30 y a esos más de 40 que tienen pedidos de procesamiento, porque la Fiscalía especializada encontró elementos suficientes como para pedirle a un juez que los procese con prisión por homicidio, desaparición forzada, torturas en varias causas. Estamos en presencia de un plan político, que se ve reforzado con las circunstancias de que la cámara de Senadores lo proteja y que Manini Ríos en un gesto de cobardía institucional evidente, decide ampararse en un reglamento interno para no hacer lo que dijo que iba a hacer: asumir sus responsabilidades frente a un juez.
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