Por Moriana Alberro
Elizabeth Odio, presidente de la Comisión en un documento publicado por la entidad advirtió «que la situación originada a causa de la pandemia por la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en la actualidad, implica obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana. En tal sentido, resulta incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones de fuerza mayor, puedan ser superados. En virtud de lo anterior, la Presidenta ha decidido que es necesario convocar a una audiencia pública durante la cual se recibirán las declaraciones ofrecidas, así como los alegatos y observaciones finales orales, por medio de una plataforma de videoconferencia»
«En particular, el caso presentará una oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre las investigaciones judiciales llevadas a cabo en Uruguay por graves violaciones a los derechos humanos con posterioridad a la promulgación de la Ley 18.831 que buscó dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado», expresa el comunicado.
A su vez, la CIDH advirtió que «el objeto del peritaje propuesto trasciende el interés y alcance del asunto en discusión, en la medida en que se refiere a los deberes de investigar, sancionar y reparar en casos de graves violaciones a los derechos humanos, en particular, cometidas en el marco de dictaduras militares, así como la prohibición de aplicar leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad».
«A solicitud de la Secretaría, los representantes explicaron se debe a diversas dificultades para acceder a la documentación, derivadas de medidas adoptadas por el Poder Judicial uruguayo en relación con la pandemia provocada por el COVID-19, así como por la “dificultad adicional” para acceder a los expedientes a partir de “continuas presentaciones de recursos por parte de la defensa de los denunciados”. A pesar de serle solicitado, vencido el plazo de dos meses otorgado al efecto, el Estado no presentó observaciones sobre lo peticionado por los representantes», relata el comunicado.
«Se convoca a la República Oriental del Uruguay, a los representantes de las presuntas víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia pública sobre el fondo
y eventuales reparaciones y costas, que se celebrará de manera virtual durante el 142 Período Ordinario de Sesiones, los días 16 y 17 de junio de 2021, a partir de las 8:00 horas de Costa
Rica, para recibir sus alegatos y observaciones finales orales y declaraciones de Elena Zaffaroni Rocco, quien declarará sobre las circunstancias en que habría desaparecido su esposo, Luis Eduardo González González, así como lo sucedido a ella, a la madre de él y a su hijo, en el contexto de tales hechos y/o como consecuencia de los mismos; las gestiones que habrían realizado para la búsqueda de verdad y justicia, y los presuntos avances de actuaciones de investigación y judiciales referidas a los hechos referidos y la eventual participación de ella o sus familiares
aludidos; los aducidos padecimientos o daños psicológicos, morales, materiales o de otra índole que habrían derivado de los hechos, y las medidas de reparación que, en su caso, estimaría conducentes», consta en el comunicado.
«Ricardo Perciballe, Fiscal Letrado Nacional especializado en crímenes de Lesa Humanidad, declarará sobre el inicio de causas judiciales relativas a las muertes violentas de Diana Maidanik Potasnik, Laura Raggio Odizzio y Silvia Reyes Barrios; la desaparición de Luis Eduardo González González y la desaparición de Oscar Tassino Asteazu; las actuaciones seguidas; los presuntos obstáculos legales y/o de otra índole que habrían perjudicado el avance de dichas causas judiciales y su eventual subsanación; todo lo anterior, con base en la ley llamada de ‘Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado’, otra normativa posterior o anterior, u otros aspectos, y el estado actual de las actuaciones judiciales aludidas», explica.
«El Perito (Propuesto por la Comisión Interamericana) será Pablo Simón Chargoñia Pérez, abogado, quien declarará sobre: los deberes de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a derechos humanos; la compatibilidad o incompatibilidad con el derecho internacional de leyes de amnistía u otras excluyentes de responsabilidad respecto de graves violaciones a los derechos humanos, con referencia particular respecto a normativa uruguaya, inclusive la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y la prescripción de la pretensión punitiva en relación con graves violaciones a los derechos humanos. En la medida de lo pertinente, el perito se referirá a otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho comparado. Para ejemplificar los aspectos que desarrolle en su peritaje, podrá referirse a los hechos del presente caso enunciados en el Informe de Fondo No. 169/19 emitido por la Comisión Interamericana», explicita el comunicado.
«Los testigos declararán sobre los presuntos padecimientos o daños psicológicos, morales y materiales de los familiares de Diana Maidanik Potasnik, Laura Raggio Odizzio, Silvia Reyes
Barrios, Luis Eduardo González González y Oscar Tassino Asteazu, a raíz de sus muertes o desapariciones, según el caso, y con base en la conducta estatal posterior a la consumación o
inicio de tales circunstancias», finaliza.
