La Intersocial Feminista señaló en un comunicado la imperiosa necesidad de “defender a las víctimas de violencia y abuso”.
En el texto, publicado en la página web de la central sindical uruguaya, la organización solicitó “al sistema político no entorpecer a la justicia con sus comentarios” y en correspondencia con ello “defender la separación de poderes”.
Por su importancia y atendiendo que en esta jornada se discute el pedido de desafuero del senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, a quien se le acusa de explotación sexual de menores, nuestro portal reproduce el texto integro del documento de la Intersocial Feminista.
Comunicado
En el mes de abril pasado surge la denuncia pública primero y luego ante Fiscalía de una víctima de explotación sexual del Senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés.
A partir de ese momento y hasta el día de hoy se han ido sumando distintas víctimas, 8 varones que denuncian que siendo menores fueron abusados o explotados por un parlamentario con 30 años de carrera legislativa.
Un hecho que debe llamar a la reflexión a todo el cuerpo legislativo y a todo el sistema político.
Desde el Presidente Luis Lacalle Pou, pasando por el Ministro del Interior, Luis A. Heber incluidos correligionarios partidarios, han preferido hacer declaraciones de apoyo al Senador sin referirse a las víctimas, hasta políticos de distintos partidos destacando las virtudes de Penadés como político, omitiendo el delito del que se lo acusa por ser un “tema delicado”.
El legislador ha participado de innumerables debates sobre violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el marco de la tarea parlamentaria, ha votado leyes que versan sobre este tema, en forma concomitante a las denuncias de delitos aberrantes contra la infancia, que penden sobre este.
De ser condenado por la justicia el Parlamento debería responder algunas preguntas:
¿El marco legal vigente sería el mismo si él no hubiera formado parte de dichos debates y aprobaciones? ¿Cómo debe actuar el Parlamento si la justicia lo sentencia por delitos sexuales cometidos mientras era parte del Poder Legislativo?
El art. 97 del Reglamento del Senado dice: “Todos los Senadores, incluso el Presidente, tienen derecho y la obligación de votar estando presentes, salvo que se trate de su interés individual, pues en tal caso les está vedado votar y tomar parte de la discusión.”
Por otra parte, dentro del escenario judicial se da una lucha implacable por parte de los abogados defensores de explotadores sexuales y abusadores infantiles, muchos defensores de los acusados de la Operación Océano tratando de socavar el sistema de protección que la Justicia ha dado a las víctimas de estos delitos.
En estos días la gremial de abogados penalistas ha lanzado un ataque mediático en contra de la abogada Soledad Suárez, perteneciente al Consultorio Jurídico de la UDELAR, reconocida defensora de víctimas en casos vinculados a la violencia basada en género y violencia contra las infancias, de los sectores de nuestra sociedad más vulnerados; se advirtió por parte de estos abogados que se podría presentar una denuncia contra ella, por dichos expresados por estos en la prensa.
Preocupa la motivación de una medida de estas características, que pretende silenciar a una defensora y a sus víctimas, amedrentando con denuncias y exponiéndola al escarnio público con base en interpretaciones e intencionalidades de sus dichos que no representan las palabras de ésta, y de las cuales se le pretende responsabilizar.
Las víctimas son sujetos de derecho en el proceso penal, tienen derecho a tener una defensa y que sus derechos, todos, sean garantizados por el sistema de justicia, porque es una obligación del Estado uruguayo.
En los delitos sexuales, sobre todo en aquellos que se ejercen contra la infancia y la adolescencia, la reserva de la identidad de las víctimas es una condición necesaria para garantizarles el acceso a la justicia en condiciones de seguridad.
Pudimos ver lo que sucedió con las víctimas de Operación Océano y otras víctimas de violencia sexual revictimizadas por periodistas inescrupulosos exponiendo comunicaciones del caso, creando un relato que victimiza a los explotadores para hacerlas a ellas responsables del delito que sufrieron.
Una táctica muy antigua para desacreditar a víctimas de violencia sexual.
A medida que el sistema de justicia avanza en la protección y acceso a la justicia de víctimas que prácticamente no accedían a ella, surge una ola de ataques a todos los avances, que en algunos momentos podemos ver coordinado por distintos actores en distintos terrenos, saliendo a desacreditar a víctimas, abogadas, fiscales y todo lo que pueda entorpecer a la justicia.
Hace unas semanas pudimos ver como un panelista de TV desplegó una serie de acusaciones infundadas para desacreditar a una organización especializada en el trabajo con víctimas de trata sexual. Así como han salido entrevistas a victimarios, puestos como víctimas, de forma de enrarecer a la opinión pública, sembrando dudas sobre las acusaciones.
El avance en la conciencia pública sobre la violencia de género, sexual y el avance en el acceso a la justicia está amenazado por abusadores, violentos y cómplices que ven perder el poder que siempre tuvieron sobre las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
Debemos defender a las Víctimas de Violencia y Abuso, debemos solicitarle al sistema político no entorpecer a la justicia con sus comentarios, debemos defender la separación de poderes.
Debemos garantizar el acceso a la justicia.
El acceso a la justicia no puede ser un privilegio.
Intersocial Feminista
