Chile: 11 de setiembre de 1973. Archivo El Siglo

Contra el discurso negacionista de diputado pinochetista

Varias organizaciones integrantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Chile condenaron “las expresiones ofensivas proferidas por el diputado del partido Republicano Cristian Araya”.

El legislador chileno, escudado en sus fueros parlamentarios tuvo expresiones que lesionan “a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura civil y militar encabezada por el Dictador Pinochet”, así como a las “víctimas del estallido social durante el gobierno de Sebastián Piñera”, expresa la Declaración Pública de la Coordinadora, según consignó el portal KaoesenlaRed.

“Que sepa el diputado Araya que no son supuestas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy, son personas reales, las que han sido violentadas en sus derechos fundamentales por agentes del Estado, situación reconocida por diversas sentencias judiciales y por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales”, se lee en la declaración que denuncia el discurso negacionista de Araya.

Para las organizaciones firmantes del documento, “la búsqueda de detenidos desaparecidos no solo es una obligación ética, sino que es jurídicamente legítima y justa”, ya que “se trata de delitos de lesa humanidad que de acuerdo al derecho internacional son imprescriptibles e inamnistiables”.

En lo referido a “los Sitios de Memoria y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, se señala que los mismos “son herramientas fundamentales para avanzar en las obligaciones del Estado con la memoria, la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

En ese sentido se recuerda que “la experiencia nacional e internacional da cuenta de la relevancia de los sitios de memoria para reparar hechos oprobiosos y graves, constitutivos de violaciones a los derechos humanos”.

En el caso chileno, aclaran, el país solo cuenta con cinco sitios de memoria que reciben financiamiento, “existiendo en consecuencia una deuda histórica del Estado en políticas de memoria y protección a los derechos humanos”.

Para la Coordinadora, estos espacios de memoria “son motores fundamentales para garantías de no repetición”, con el objetivo de que hagan posible “la construcción de sociedades democráticas que avancen hacia el respeto y promoción de los Derechos Humanos”.

“Su discurso diputado Araya”, se señala en el documento, “es parte de la política negacionista impulsada por el sector político que justifica las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar y que se siguen cometiendo hasta el día de hoy, de manera que sus expresiones lo colocan en el mismo lugar que aquellos ejecutores materiales de hechos tan repudiables para la humanidad”.

La Coordinadora, recuerda al diputado, “que los cobardes delitos por lesa humanidad han significado que 1.133 ex agentes represivos hayan sido condenados por los Tribunales de Justicia, 51 de los cuales tienen más de 100 años de presidio” y ratifican que, en ocasión de “cumplirse 50 años del genocidio llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, la derecha y el empresariado, NO OLVIDAMOS, y seguimos exigiendo que nos digan DÓNDE ESTÁN”

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