En menos de una semana la derecha, en sus diversas expresiones, ha lanzado una ofensiva política en defensa de la impunidad como hace, por lo menos 20 años no vivíamos.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el ministro de Defensa, Javier García presionaron explícitamente a la Justicia para que no procese más a terroristas de Estado por delitos de Lesa Humanidad. La justicia procesó al militar retirado Leonardo Vidal Antúnez por el asesinato de Nelson Berreta Hernández, a quien le disparó mientras estaba desarmado, esposado y de espaldas, ocurrido el 15 de julio de 1972.
El ministro García, para expresar, en su nombre y “en el del Presidente” su “preocupación” porque se procese una persona de más de 70 años, por un hecho que ocurrió hace “casi 50 años”. García también volvió a usar la justificación de la “obediencia debida” y dijo que “el soldado cumplía órdenes”. Con una sinceridad que no es común en quienes defienden la impunidad proclamó los efectos actuales de la misma y dijo: “¿Qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, en el día de mañana termina yendo a un juzgado y termina preso? Es un mensaje que nos preocupa muchísimo».
Luego entró en escena Cabildo Abierto, el nuevo actor político que tiene la impunidad como el leitmotiv de su existencia, vale recordar que el hoy senador Guido Manini Ríos, líder de la formación de ultra derecha, fue destituido como Comandante en Jefe del Ejército por defenderla. Los senadores Raúl Lozano y Guillermo Domenech criticaron el procesamiento del ex militar, pero fueron más allá. Lozano cuestionó con nombre y apellido al “fiscal Carlos Perciballe” y Domenech directamente pidió “una amnistía” para todos los militares con causas penales por violaciones a Derechos Humanos.
Para completar la ofensiva, el martes se conoció que en el Salón de Actos de Inteligencia de la Policía, fue restituida la placa de homenaje a Víctor Castiglioni, director de esta dependencia durante la represión y la dictadura, responsable de la tortura a cientos de militantes populares allí. Este último episodio parece haber provocado diferencias entre el Director Nacional de Policía, el Comisario Mayor Diego Fernández, promotor y defensor público de volver a homenajear a Castiglioni, y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.
Estos pronunciamientos públicos no son nuevos, la derecha defendió siempre la impunidad, desde el gobierno y luego desde la oposición. Lo ha hecho también en estos 100 días que lleva en el gobierno la coalición de derecha. Guido Manini Ríos en la media hora previa del Senado cuestionó a la Justicia cuando procesó al ex militar Lawrie Rodríguez por el asesinato de Iván Morales. Lo propio hicieron, como siempre, el Centro Militar y el Círculo Militar. El secretario general del Partido Colorado y senador, Julio María Sanguinetti, abonó a su teoría preferida, la de los dos demonios, principal sustento ideológico de la impunidad, cuando el asesinato de los tres infantes de marina en el Cerro.
Pero hay un cambio en calidad, por la investidura de quienes hacen los pronunciamientos, por los argumentos y las medidas pedidas y por el giro de reivindicar públicamente la impunidad para el presente y el futuro.
El cambio en calidad es que el cuestionamiento a la Justicia viene directamente desde el Poder Ejecutivo, nada menos que desde el presidente de la República, por boca de su ministro de Defensa Nacional. García es plenamente consciente del peso institucional de lo que dijo y donde lo dijo, lo reivindicó a texto expreso dos días después: “en su fondo, tono y por lo que representa el lugar donde fue dicho».
Es una señal de enorme gravedad institucional, una presión formidable sobre el Poder Judicial para que no actúe. Hay más de 300 denuncias por violaciones de DDHH por el Terrorismo de Estado durante la dictadura. Hay alrededor de 50 pedidos de procesamientos de la Fiscalía Especial de Crímenes de Lesa Humanidad aún sin resolución. Esta señal apunta a eso, a congelar las causas y evitar los procesamientos.
Lacalle Pou y García elevaron la impunidad a política oficial de gobierno. Le devolvieron el lugar que había perdido en los gobiernos del Frente Amplio, más allá de todas las contradicciones e insuficiencias que se puedan señalar.
Lacalle Pou y García volvieron a la época de los gobiernos de Julio María Sanguinetti y Lacalle padre, en los que la impunidad fue la política pública de DDHH y la negación el discurso oficial.
El argumento de la obediencia debida y el reclamo de una amnistía para los militares implicados en crímenes de lesa humanidad son viejos. Últimamente en las chicanas judiciales interpuestas por los defensores de los terroristas de Estado para dejar pasar el tiempo estaba más presente el reclamo de prescripción. Los retoman porque buscan que se paren ya y ahora los juicios. Son tan viejos estos argumentos que, por ejemplo, la obediencia debida fue rechazada como concepto exculpatorio en Núremberg, en el juicio contra los criminales nazis al culminar la segunda guerra mundial, y oficialmente rechazado por la ONU en 1950. Es tan viejo y recurrente que las leyes impulsadas por el gobierno neoliberal, y referencial de Lacalle padre y el herrerismo, de Carlos Menem en Argentinta en la década del 90, para garantizar la impunidad a los militares genocidas de aquel país, se llamaron “de obediencia debida” y “de punto final”.
La otra novedad es la defensa de la impunidad para el presente y el futuro.
Sanguinetti fue especialista en acusar a la izquierda y al movimiento popular de tener “los ojos en la nuca” de “vivir en el pasado” y destacó la necesidad de mirar el presente y el futuro y “dar vuelta la página”. Desde el movimiento popular siempre contestamos que la lucha contra la impunidad, era por verdad, justicia y memoria, pero también en defensa de la democracia, del nunca más, para que no hubiera más dictadura ni represión en el futuro.
Tanto Luis Lacalle Pou y García, como los voceros de Cabildo Abierto, reclamaron impunidad para el accionar presente y futuro de las fuerzas represivas.
Para aplicar lo que proponen en la Ley de Urgente Consideración, el gatillo fácil, la discrecionalidad para reprimir, la criminalización de la protesta, se requiere garantizar a las fuerzas represivas impunidad.
Está en marcha un reformateo conservador del Uruguay, una concentración de la riqueza y del poder. La restauración conservadora es en todas las dimensiones: la economía, la política y la ideología. Y esa restauración incluye la impunidad.
La impunidad es el lado oscuro del poder. Pelear contra la impunidad es disputarle la hegemonía al poder en un aspecto central. La impunidad se sustenta en la mentira, el miedo y el ocultamiento. Su opuesto es la verdad. La impunidad es incompatible con la democracia. La democracia es un proceso permanente de construcción de libertad e igualdad. La impunidad se sustenta en la opresión, la dominación y perpetúa la desigualdad, ante la ley y ante la vida. Cuanta más impunidad perdure, menos libres somos.
También se enfrenta la impunidad luchando contra la restauración conservadora, contra un proyecto de sociedad excluyente y concentrador de la riqueza y el poder, el mismo contra el que lucharon quienes sufrieron el Terrorismo de Estado. El fascismo fue la reacción terrorista, adueñándose del Estado, a una acumulación de fuerzas de nuestro pueblo que buscaba la democratización de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales.
Hoy que hay expresiones políticas que retoman ese discurso y esa práctica, y por eso defienden la impunidad, luchar contra ella es también continuar, aún estas nuevas circunstancias, la acumulación de fuerzas del pueblo. Como lo hicimos el 20 de mayo y lo volveremos a hacer el 27 de junio.
Censura en Secundaria
Cuando se están retomando las clases presenciales en la Enseñanza, el Consejo de Educación Secundaria, en lugar de preocuparse por los desafíos pedagógicos y sociales que esto implica, dedica su tiempo a censurar a estudiantes y docentes.
En una resolución del 18 de junio establece: “Queda terminantemente prohibido el uso de tapabocas con la leyenda “#EducarNoLucrar”, en todos los Liceos Públicos y Dependencias del País, o cualquier otra expresión que violente el principio de Laicidad, conforme a la normativa vigente”.
Esa expresión está siendo utilizada por los gremios docentes para expresar su rechazo a la Ley de Urgente Consideración.
La resolución de Consejo de Secundaria, firmada por la Directora General, Licencia Jennifer Cherro, y por la Prosecretaria, Escribana Lidia Neira, es un acto de censura y no solo no se rige al concepto de laicidad “de la normativa vigente”, lo contradice totalmente.
El artículo 17 de la Ley General de Educación, 18.437, establece: “(De la laicidad). El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”.
