Cumbre del Sur en La Habana

131 países del sur global condenaron la desigualdad, llamaron a un cambio en la “arquitectura financiera internacional” y rechazaron “las sanciones unilaterales”

Los días 15 y 16 de setiembre se realizó en Cuba la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de los 77 (G77) más China, que nuclea a la inmensa mayoría de los países del sur global. En la cumbre, la principal instancia de coordinación política de los países en desarrollo, se aprobó una Declaración sobre  “Los retos actuales del desarrollo: papel de la ciencia, la tecnología y la innovación”.

El G-77 se estableció el 15 de junio de 1964 por los signatarios de setenta y siete países en desarrollo. Aunque los miembros del G-77 han aumentado, el nombre original fue conservado por su significación histórica.

El Grupo de los 77 es la mayor organización intergubernamental de países en desarrollo que permite aumentar el peso de estos en ámbitos como la ONU, pero también fortalecer la cooperación Sur-Sur. El G77, con 134 estados miembros, representa dos tercios de los miembros de la ONU y el 80 por ciento de la población mundial.

En esta reunión participaron 116 países y 12 organizaciones y agencias del sistema de Naciones Unidas, además de China.

En la declaración aprobada, que tiene 49 puntos, se destacan, entre otros temas, la “profunda preocupación” expresada porque “los principales desafíos generados por el actual orden económico internacional injusto para los países en desarrollo, han alcanzado su expresión más aguda en la actualidad debido, entre otras cosas, a los persistentes efectos negativos de la pandemia de COVID-19, a pesar de que la OMS ha levantado la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por COVID-19;  las tensiones geopolíticas; las medidas coercitivas unilaterales y las múltiples crisis actuales, incluidas las crisis económica y financiera; la fragilidad de las perspectivas económicas mundiales; el aumento de la presión sobre los alimentos, la energía; el desplazamiento de personas; la volatilidad de los mercados; la inflación; el ajuste monetario; la creciente carga de la deuda externa; el aumento de la pobreza extrema; el aumento de las desigualdades dentro de los países y entre ellos; y los efectos adversos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, las tormentas de arena y polvo y la degradación del medio ambiente, así como las brechas digitales, sin que hasta ahora haya una hoja de ruta clara para hacer frente a estos problemas mundiales”.

El pronunciamiento subraya “la urgente necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional y de un enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernanza financiera mundial, con mayor énfasis en la cooperación entre los países, incluso mediante el aumento de la representación de los países en desarrollo en los órganos mundiales de toma de decisiones y formulación de políticas, lo que contribuirá a mejorar las capacidades de los países en desarrollo para acceder a la ciencia, la tecnología y la innovación y desarrollarlas”.

Rechaza “la imposición de leyes y regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo y reiteramos la urgente necesidad de eliminarlas inmediatamente. Subrayamos que tales acciones no sólo socavan los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, sino que constituyen un serio obstáculo para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación y la plena consecución del desarrollo económico y social, en particular en los países en desarrollo”.

Denuncia que “que las medidas coercitivas unilaterales tienen repercusiones negativas y devastadoras en el disfrute de los derechos humanos, incluidos el derecho al desarrollo y el derecho a la alimentación. Dichas medidas también obstaculizan el acceso de los países afectados a la asistencia sanitaria, la ayuda y suministros humanitarios y los bienes de propiedad de la nación”.

Se pronuncia en contra de “los monopolios tecnológicos y otras prácticas desleales que obstaculizan el desarrollo tecnológico de los países en desarrollo. Los Estados que tienen el monopolio y el dominio en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, incluido Internet, no deben utilizar los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas de contención y supresión del legítimo desarrollo económico y tecnológico de otros Estados. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que fomente un entorno abierto, justo, inclusivo y no discriminatorio para el desarrollo científico y tecnológico”.

La declaración advierte que “a mitad de camino de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el mundo, en particular los países en desarrollo, siguen estando muy lejos de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Observamos además que la ciencia, la tecnología y la innovación se han identificado como motores de transformación para acelerar el progreso en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que su despliegue estratégico podría resolver y minimizar las diferencias entre los Objetivos y las metas, y reconocemos que la transferencia de tecnología a los países en desarrollo será fundamental para intensificar y acelerar la aplicación de la Agenda 2030.

“Convenimos en la necesidad de invertir más en ciencia, tecnología e innovación y de poner en marcha iniciativas a todos los niveles para el desarrollo de los recursos humanos en estos ámbitos. Subrayamos la importancia de formular estrategias encaminadas a combatir la fuga de cerebros de recursos humanos especializados formados en los países del Sur. Acordamos seguir promoviendo el interés de los jóvenes por los estudios científicos, incluido en la esfera educativa”, indica.

En la declaración se reconoce “la contribución de la ciencia al desarrollo de tecnologías y soluciones innovadoras para avanzar hacia patrones de producción y consumo más sostenibles. En ese contexto, instamos a que se faciliten a los países en desarrollo los medios de implementación necesarios para reforzar sus capacidades científicas y tecnológicas. Tomamos nota, además, de la necesidad de sensibilizar sobre el desarrollo y los modos de vida sostenibles, de conformidad con los compromisos recogidos en la Agenda 2030. A este respecto, nos comprometemos a seguir promoviendo estrechos vínculos y asociaciones entre los responsables políticos, el mundo académico, los centros de investigación y el sector privado, según proceda”.

Se exhorta a “la promoción de nuevas investigaciones, el desarrollo y la transferencia de las tecnologías necesarias y el acceso a las ya existentes en las esferas de la alimentación y la nutrición, la salud, el agua y el saneamiento y la energía, a fin de contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones y al logro de un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo, del bienestar humano y del desarrollo sostenible”.

Se destaca “la importancia de la investigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología en la esfera de la salud humana, teniendo en cuenta el aumento de las enfermedades transmisibles y no transmisibles emergentes y reemergentes, incluidos sus factores de riesgo”.

En ese plano se reclama “a la comunidad internacional y a los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas a que adopten medidas urgentes para promover el acceso sin trabas, oportuno y equitativo de los países en desarrollo a las medidas, productos y tecnologías relacionados con la salud, necesarios para hacer frente a la preparación y las respuestas actuales y futuras en materia de prevención de pandemias. Ello incluye la financiación, el fortalecimiento de los sistemas de salud, el desarrollo de capacidades, la garantía de la sostenibilidad de las cadenas de suministro, la transferencia de tecnología y los conocimientos técnicos para la fabricación y producción local y regional de contramedidas médicas, incluidos medicamentos, vacunas, terapias, diagnósticos, tecnologías sanitarias y otros productos sanitarios en los países en desarrollo”.

Se reconoce “el papel de las alianzas pluripartitas para fomentar la inversión estratégica a largo plazo en apoyo del desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en los países en desarrollo, entre otras cosas mediante una financiación innovadora”.

También se ratifica la decisión de “retomar el trabajo del Consorcio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Sur (COSTIS), e instamos a los miembros del Grupo a evaluar y trazar estrategias para garantizar su funcionamiento efectivo”.

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