Desde el pasado viernes, Uruguay tiene más de 14.000 personas privadas de libertad, una información que ha sido confirmada por fuentes oficiales del ministerio del Interior.
No se trata del único dato alarmante, en lo que va del año, el número de muertes en prisiones experimentó su mayor aumento, en este 2021, 70 personas privadas de su libertad han fallecido.
La cifra actual de muertes en prisiones supera ampliamente la del año 2020 y 2019, cuando se reportaban 48 y 44 muertes respectivamente.
Los datos oficiales, consigna el programa En Perspectiva, indican que del “total de 70 fallecimientos de personas privadas de libertad ocurridos este año, 17 son homicidios”, las otras categorías donde se concentran las muertes son: suicidios con 13, muertes “dudosas” con 10 y 30 muertes “naturales”.
Otro de los datos relevantes es aquél que indica que la tasa de homicidios al interior de las prisiones nacionales es 15 veces mayor que la tasa nacional de ese delito.
Algo similar ocurre con los datos de suicidios, la información disponible señala que en las prisiones la tasa de suicidios es 7 veces mayor que la tasa nacional.
Hasta el momento, el pico máximo de suicidios en prisiones fue en el pasado año con 17 casos, lo que significó un aumento del 89% respecto al año 2019, cuando se reportaron nueve suicidios.
El pasado 29 de julio, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, presentó ante la Comisión de Seguimiento Carcelario del Parlamento un documento titulado “Informe sobre la situación carcelaria y del sistema de medidas alternativas”, en el mismo se realizaron, además de 10 conclusiones, 12 recomendaciones institucionales y unas 51 medidas concretas y específicas.
En la caracterización que, del sistema penitenciario, realizara el Comisionado, se resalta la afirmación de que el mismo “sigue siendo un sistema de gigantes proporciones, de débil intervención técnica, baja capacidad de rehabilitación, carencias materiales y de recursos” por lo que sin una verdadera reforma, el sistema “seguirá siendo un problema serio de seguridad pública (alta reincidencia) y de salud pública (transmisión social de la violencia, la exclusión, rupturas socio familiares y trastornos de salud mental)”.
Para el año 2020 y de acuerdo a los datos del Instituto sobre el Crimen y Delito de la Universidad de Londres, Uruguay es uno de los países con más presos en el mundo, ocupando el lugar 15avo. en una lista de 222 países, con 388 presos cada 100.000 habitantes.
En ocasión del proceso de discusión de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el Comisionado Parlamentario alertó sobre los efectos que las reformas impulsadas, en dicha ley, producirían en el sistema penitenciario uruguayo.
Las consideraciones vertidas por Juan Miguel Petit en la sesión del 5 de mayo de 2020, ante la Comisión Especial que estudiaba la Ley de Urgente Consideración remitida al Senado por el Poder Ejecutivo, fueron acompañadas de un Informe Especial dirigido a la Comisión Especial de estudio de la Ley de Urgente Consideración y a la Asamblea General del Poder Legislativo.
En dicho informe, el Comisionado señalaba con respecto a los cambios que se proponían en materia de seguridad pública y sistema carcelario:
“A la hora de legislar sobre tan amplio tema (…) es necesario tener presente que el resultado final del ejercicio legislativo incidirá en la forma, estructura y metabolismo no solo del sistema de justicia criminal, sino también, y muy particularmente, sobre las características, contenidos y funcionamiento del sistema carcelario”.
Juan Miguel Petit, en su informe, enfatizó que debía cuidarse, “al pensar el resultado final de la acción legislativa, en no impulsar mecanismos que, como artículos o piezas aisladas pueden ser razonables o atractivos para la preocupación que nos genera el delito, pero que sumados produzcan un sistema penal de enorme magnitud, sobrepoblado, de cerrado funcionamiento y sin alternativas lógicas y cuidadosas a la privación de libertad”.
El experto uruguayo, insistió, una vez más, en que la experiencia internacional evidenciaba “que sistemas penitenciarios gigantes se vuelven, para cualquier gobierno, infinanciables”, por lo que, “al ser infinanciables tienen malas condiciones de reclusión (pobres en tratamiento, salud, capacitación y cultura)”.
Esta característica, expresada en nuestro sistema penitenciario, supone que “al ser pobres en tratamiento se vuelven causa directa de nueva trasgresión y delincuencia, en un ciclo vicioso que genera mayor inseguridad y la ocurrencia de más delitos”.
Los datos que ahora salen a la luz, resultan el fundamento empírico de aquello que, tempranamente, alertara el Comisionado Parlamentario con relación a los efectos negativos que la LUC introdujo en los temas de Seguridad Pública, en general y sus efectos en el sistema penitenciario, en particular.
Rolando Arbesún
