Pablo Da Rocha (*)
Estamos a poco menos de dos semanas para que se conmemore, otro Día Internacional de las y los Trabajadores. Es por este motivo, que pretendemos contribuir con dicho “análisis” o balance, de cara a la construcción de una alternativa a un modelo explotador. Así pues, esta columna pretende brindar un panorama general de la actual coyuntura económica y social que atraviesa nuestro país. Desde el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT –órgano asesor de nuestra central sindical, se dispuso hace pocas semanas, de un documento dando cuenta de lo siguiente:
Una significativa caída del poder de compra de los trabajadores: En concreto, el salario real se deterioró en los tres años de administración, de modo tal, que en el promedio de 2022 se ubicó 3,7% por debajo de su nivel de 2019. Esto supone que la enorme mayoría de los trabajadores -tanto del sector público como privado- experimentaron deterioro en la capacidad adquisitiva de sus ingresos a lo largo de los últimos tres años. A modo de ejemplo -durante el primer semestre de 2022- 541.000 ocupados (de los cuales 320.000 son asalariados) tuvieron ingresos mensuales inferiores a los U$S 625 “en mano” por 40 horas semanales de trabajo.
Un empeoramiento de la distribución del ingreso: En efecto, a lo largo de 2022 la economía generó una riqueza mayor que la registrada previa a la pandemia, mientras que la masa salarial total -o sea, los ingresos que son apropiados por el conjunto de trabajadores- no solamente no creció en igual proporción, sino que se ubicó por debajo del nivel de 2019. Esto significa, que, al cabo de estos tres años, los trabajadores asalariados perdieron participación en el ingreso nacional, mientras que se incrementó la participación de los sectores del gran capital. Para tener una idea de la magnitud, la transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital fue del orden de los 1.000 millones de dólares solamente en el año 2022.
También se dio un empeoramiento en la distribución personal del ingreso donde los indicadores reflejan una mayor concentración de los ingresos respecto a los niveles de 2019. Dando cuenta de que cuando la economía cayó en 2020, se socializaron “las pérdidas” -además del PBI, cayó el ingreso real y el empleo- a pesar de que algunos sectores de actividad mantuvieron sus niveles de rentabilidad. Sin embargo, cuando la economía volvió a crecer no se “repartieron” en igual medida las ganancias.
Aumento de la pobreza: La pobreza aumentó significativamente en 2020, pasando a ubicarse en 11,6%, y en los años posteriores, a pesar del crecimiento de la economía y la recuperación del empleo, dicho incremento no se pudo revertir. El último registro disponible, correspondiente al primer semestre de 2022, da cuenta de aproximadamente 380.000 uruguayos por debajo de la línea de pobreza, casi el 11% de la población. Más alarmante aún es el incremento de la pobreza infantil: de acuerdo con los últimos datos, el 22,5% de los niños menores de 6 años son pobres. Entre los 6 y los 12 años, la pobreza alcanza al 18,5% de los menores y para el tramo entre 13 y 17 años se ubica en 17,1%.
Recortes presupuestales: De acuerdo con datos oficiales, el resultado fiscal global de 2022 -o sea la diferencia entre ingresos y egresos del Estado muestra una “mejora” respecto al año anterior. Sin embargo, dicho resultado, se explica responde en buena medida a destinar menos recursos en áreas sensibles y prioritarias como son la vivienda, la salud y la educación. Indudablemente estos recortes afectan la calidad de los servicios brindados a toda la población, pero en mayor medida a los hogares de menores ingresos, que son quienes más lo requieren.
La “Reforma” de la Seguridad Social
Como sabemos, se está impulsando desde el gobierno una reforma del sistema de Seguridad Social sin la participación de las organizaciones sociales o actores involucrados, es decir, sin el necesario “diálogo social” que impulsa la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde la administración se sostiene que se trata de un “compromiso de los partidos de coalición” donde se prometía que “los cambios al régimen de Seguridad Social impulsados por el Gobierno promueven un sistema más equitativo, justo y sostenible, sin ninguna caída en las jubilaciones y con mayor aporte para las de menos ingresos”; sin embargo, varias simulaciones y estudios llevados a cabo en la actualidad lo desmiente.
La construcción de un nuevo pacto social en Seguridad Social implica incorporar diversas dimensiones como por ejemplo atención a la primera infancia (donde está concentrada la pobreza), políticas que atiendan las diversas problemáticas que hacen a la discapacidad, el impulso al Sistema Nacional de Cuidados que tiene un vínculo estrecho con la situación y posibilidades de la mujer, y que también repercute directamente en la discusión sobre el sistema de jubilaciones y pensiones.
Para la central sindical, dichos acuerdos debían alcanzarse sobre la base de que los nuevos desafíos que traía aparejado el envejecimiento poblacional y los cambios en el mundo del trabajo implicaban un mayor desarrollo del Estado de Bienestar que garantice protección adecuada especialmente para los colectivos más vulnerables. Por otro lado, se entendía que la reforma debía ser integral “hacia adentro” del sistema jubilatorio. Esto implicaba que los desafíos vigentes afectaban a todos los subsistemas y que por tanto los cambios no podían reducirse exclusivamente al ámbito del BPS, sino que debían alcanzar al régimen de capitalización individual y al resto de los subsistemas (Militar, Policial, Profesional, Notarial y Bancario).
Lamentablemente, las principales medidas propuestas están centradas en contener el gasto, recortando derechos, beneficios y prestaciones de los actuales trabajadores una vez que se jubilen, haciendo recaer todo el costo o ajuste sobre sus espaldas. Junto a otros cambios, se propone un aumento en la edad mínima de retiro sin contemplar desigualdades que implicará un retroceso importante en materia de cobertura y suficiencia para importantes sectores de la sociedad.
El proyecto de reforma no solo no plantea cambios relevantes en cuanto a la articulación entre los pilares contributivo y no contributivo, sino que propone un suplemento solidario que inicialmente se propuso que se fuera debilitando con el paso del tiempo. Dada las debilidades y precariedad del mercado laboral y la tendencia a una mayor desigualdad y exclusión de sectores con menores calificaciones y habilidades que tienden a transformarse en obsoletas, el sistema de protección social en general y jubilatorio en particular precisa fortalecer cada vez más los pilares no contributivos que garantizan los derechos de la población más vulnerable y en particular a las mujeres que como sabemos ganan menos y aportan menos años producto de su mayor participación dentro del trabajo no remunerado asociado a la reproducción de la vida y los cuidados. Con esta propuesta en particular, la reforma propuesta plantea consolidar a mediano y largo plazo un régimen cada vez más contributivo, que tiene de erosionar los componentes solidarios y redistributivos del sistema.
Por último, un tema de enorme preocupación y trascendencia, el deterioro democrático institucional que está atravesando nuestro país.
Democracia y Libertades Sindicales
No es posible hablar de Democracia sin que esté presente como pilar, la libertad. De modo tal, que un gobierno que recorta derechos no puede llamarse defensor de la libertad. Porque justamente, están estrechamente vinculados a los Derechos Humanos.
En efecto, una decisión “democrática” es el producto de la inclusión, y no de la exclusión. Negociar o generar acuerdos, implica compromiso de las partes, que es la esencia misma de la Democracia. Si bien se trata de conceptos claramente distintos, la Democracia y la Libertad están estrechamente relacionadas. Constituyen un todo indivisible de cualidades que requiere la sociedad, para un mejor funcionamiento, en ese sentido, la libertad sindical ocupa un lugar preponderante, sobre todo, si nos remitimos al mundo del trabajo.
En consonancia con lo anterior, hay que establecer con claridad, que toda construcción democrática, justamente reconoce la existencia de “organizaciones intermedias” entre el Estado y el individuo. Tal como lo señala Barreto “las manifestaciones de opiniones y propuestas distintas no constituyen una patología ni un aprovechamiento desleal y antipatriótico, sino una conducta funcional que permite el ejercicio de la libertad individual y colectiva y libera una energía que, comprimida, se traduce en una lesividad del derecho a la expresión del pensamiento y otros derechos fundamentales, cuando no un riesgo de otras dimensiones”.
La propia OIT señala su relevancia al afirmar que: “El diálogo social constituye un instrumento indispensable (…) es un método de gobernanza primordial para llevar a cabo cambios. (…) Una práctica virtuosa de reconocimiento de la importancia de la voz de los colectivos de interesados resulta por otra parte vital para “el día después”. Por desgracia como hemos señalado anteriormente, este gobierno se ha caracterizado por la ausencia de diálogo social o por abrir canales de construcción colectiva para enfrentar los obstáculos y desafíos que cualquier gestión implica. El avance con la Ley de Urgente Consideración (LUC) apenas iniciada la administración a través de un instrumento previsto en la Constitución erosionó la labor legislativa tan necesaria para la profundización democrática.
A lo largo de estos tres años de gestión, la ausencia de participación real de las organizaciones sociales ha sido el denominador común de las políticas implementadas, lo que socava no solo la Democracia, sino también las libertades, porque en forma directa y también, indirecta, ha significado un recorte en derechos. La libertad sindical -eslabón clave para cualquier democracia junto con la negociación colectiva- tiene gran impacto en las condiciones de trabajo y de vida, así como en el desarrollo. Entendido así, no pueden desconocerse o desalinearse, porque son propias de cualquier sistema democrático. Socavarlas entonces, atenta contra la estabilidad y calidad de la Democracia.
Desde que asumió este gobierno de coalición en marzo de 2020, se han llevado a cabo una serie de medidas -aun en el marco de la pandemia- que jerarquizaron los objetivos macroeconómicos, por sobre los sociales. Lo que explica claramente el aumento de la pobreza y la pérdida de ingresos en los hogares, en contraste con el enriquecimiento de los sectores de mayores ingresos que aumentaron sus niveles de rentabilidad y stock de depósitos en el exterior. Se trata de un programa neoliberal y de ajuste social, contrario a los intereses de las grandes mayorías populares.
Por tanto, la confrontación o la conflictividad son la característica de la resistencia frente a este proyecto. El desafío es construir masa crítica y pueblo organizado capaz de resistir la restauración conservadora, con unidad y lucha, para abrir caminos para avanzar en democracia.
(*) Economista
Foto de portada:
Acto del 1 de Mayo en la Avenida Libertador de Montevideo el año pasado. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS.
