La impunidad de los poderosos y una política al servicio de sus negociados.
UJC
El otorgamiento de un pasaporte a una persona condenada por falsificación de documentación y vínculos con el crimen organizado; el funcionamiento de una asociación para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, con todos los gastos cubiertos por el presupuesto nacional, dirigida por el jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, con acceso a múltiples bases de datos oficiales, distintos organismos estatales y complicidad hasta en el servicio exterior; múltiples denuncias a funcionarios medios, jerarcas departamentales y locales por delitos que van desde el contrabando y el nepotismo, hasta la tenencia de cuentas bancarias en paraísos fiscales.
En los más de dos años de gobierno de la coalición de derecha han sido los sucesos, denominados por el gobierno como “casos aislados”, que caracterizan mucho más que la conducta de los individuos directamente involucrados.
Ante la proliferación de “casos aislados” parece importante reflexionar sobre el vínculo que estos tienen con el rumbo general del modelo, los pilares desde donde se desarrolla la política y se ejerce el poder.
Los “casos aislados” dicen mucho del momento político actual. Hemos planteado en diversas ocasiones que está en desarrollo un gobierno de derecha y ultraderecha, conservador en lo político-social y neoliberal en lo económico. Esto es, un modelo político centrado en el lucro privado, en la acumulación de riqueza por parte de una minoría social a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora. Un modelo de ascenso de la desigualdad y profundización de la exclusión. Modelo que está lejos de cumplir la vieja y falsa premisa liberal de “menos estado”, sino que implica la subordinación del aparato estatal y la política pública al interés privado. No al de cada ciudadano, sino al interés privado de quienes detentan el poder económico en nuestra sociedad.
Este planteo, a más de dos años de gobierno, ha sido ratificado por los resultados obtenidos en todo este tiempo: crecimiento económico general, récord en el comercio exterior, récord en la acumulación y concentración del sector financiero; al tiempo que se deteriora el salario, aumentan la desigualdad, la pobreza y el hambre.
En ese marco, ¿qué tienen que ver las “desviaciones” de miembros del gobierno con el rumbo general? Tienen que ver, y mucho. La política de los sectores dominantes tiene una relación intrínseca con la impunidad y con la subordinación de la función pública al beneficio privado. Deriva, un día sí y otro también, no solo en violentar los límites legales, sino también en el desarrollo de acciones que, siendo legales, no son éticas. Los “casos aislados” son la contracara del proceso de acumulación, que no repara en límites éticos cuando de lucro se trata y algunas veces, como en los casos que trascienden públicamente, la búsqueda de beneficio es tan voraz que choca con limitaciones institucionales. A veces la impunidad con la que ejercen el poder es tal que se nota mucho, se les va la mano y salta la perdiz.
Reflexionemos a partir de algunos ejemplos. Con asombro en un primer momento, e indignación después, asistimos hace poco tiempo a la flexibilización de la política antitabaco de nuestro país. Decisión que se tomó por parte del Poder Ejecutivo de manera inconsulta con los espacios especializados y reguladores del Ministerio de Salud Pública, la omisión de todos los estudios científicos al respecto, la prescindencia total de la academia y asociaciones médicas profesionales. No pasó mucho tiempo para que trascendiera que la principal empresa tabacalera nacional había aportado, en su momento, dinero para la campaña electoral del partido de gobierno. Cuando esperábamos un fuerte y documentado desmentido, el propio presidente de la República no sólo confirmó la información, sino que afirmó que la flexibilización se dio a raíz de una solicitud expresa de la empresa. Era legal, pero parece poco ético que nuestras políticas públicas se determinen a demanda del interés privado. Amén de los impactos en la salud, sobre los que colectivos especializados ya se pronunciaron. Parece mucho que la contrapartida al aporte de un empresario sea la salud de los uruguayos y uruguayas.
Cómo escándalo mayúsculo, aún por dirimir judicialmente su legalidad, comenzamos el gobierno con la entrega del puerto de Montevideo a una transnacional belga por 60 años; concediendo con él el poder sobre la mayor parte de nuestro comercio exterior a un monopolio extranjero, sin informes que apoyen la pertinencia y conveniencia de ello. Conocido es el potencial económico de la empresa vinculada y secreto a voces es la circulación de aportes financieros a diversas estructuras políticas vinculadas al actual gobierno antes y luego de su triunfo electoral.
No se puede obviar el gigantesco mandado realizado a las 4 familias vinculadas a los principales canales privados de nuestro país. Oligopolio que concentra la enorme mayoría de medios de comunicación y cableoperadores nacionales, a los que se los ha favorecido a costa de las inversiones en infraestructura, la apertura de nichos de mercado y el deterioro de la estrategia de negocios de ANTEL. Para el elenco en el poder es lógico realizar inversiones millonarias, como la hecha en fibra óptica, y ponerlas a disposición de la competencia. Esto siempre y cuando se trate de presupuesto e infraestructura pública, cuando se trata de sus empresas e inversiones se convierten en perros guardianes, especialistas en evasión y deducción impositiva.
Cuando la política no se concibe como herramienta y espacio de lucha para transformar la realidad en favor del interés de la mayoría, esta se convierte en una herramienta al servicio del beneficio personal. Una herramienta para el enriquecimiento, acumulación de prestigio, generación de contactos de negocio y privilegios. Esta es la concepción de la enorme mayoría del gobierno y las fuerzas que lo integran, porque esos son los objetivos que persiguen.
No se trata aquí de realizar análisis subjetivos o largar consignas al viento. La seña distintiva de un determinado rumbo político, de las fuerzas que detentan el gobierno y las medidas que toman, se caracteriza en función de a quiénes benefician material y objetivamente en una sociedad fragmentada, desigual y con intereses que pugnan por imponerse en el llamado “interés general”. A ese respecto, desde los resultados obtenidos en los principales indicadores socioeconómicos, como en el impacto concreto y particular de las principales medidas de política pública empleadas, parece ser claro el balance.
Como si con el análisis de algunas medidas concretas no bastara, el propio accionar del elenco gobernante al momento de armar el equipo reafirma lo evidente. Basta recordar las dificultades para definir responsabilidades trascendentales de gobierno, por lo inconveniente en el plano económico del pasaje de la actividad privada a la pública de muchos de los nombres manejados en un principio. La política y la empresa son dos lados del mostrador que se manejan a conveniencia, lo determinante es el saldo final.
Cuando el poder se ejerce desde ese lugar y la administración del estado se pone al servicio de esos objetivos, no resulta sorprendente la arbitrariedad e impunidad que devienen en escándalos. Desde el negocio más pequeño como traficar unas cajas de cervezas, hasta el crimen organizado mayor, precisa para incrementar beneficios sortear trabas y controles, obtener permisos y marcos legales que los viabilicen. Necesitan de una política específica que les haga de contraparte, alguien que se haga el distraído, preste un campo o contenedor sin hacer demasiadas preguntas y/o genere una ley como la LUC, que facilita el ingreso del dinero sucio al mercado legal. El resultado final es muy rentable para las partes involucradas, pero extremadamente costoso para la sociedad.
En la práctica de esta concepción se expresan: la impunidad de quien se sabe poderoso y rodeado de poderosos con criterios similares; el desprecio por la ética pública y el interés de la mayoría cuando entra en colisión con el propio; la discrecionalidad en las decisiones, la búsqueda permanente de la ventaja personal o del entorno; la utilización política clientelar de la desventaja ajena pasa sacar tajada y la convicción de que todo eso es un derecho por haber accedido al espacio de poder en el que se está.
Los “casos aislados” no son otra cosa que el costado gris del país de los “malla oro” y su modelo de desigualdad.
Foto de portada:
Luis Lacalle Pou y Alejandro Astesiano durante la ceremonia de asunción presidencial. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
