La declaración del Secretariado Ejecutivo comienza recordando que, “durante los últimos 3 meses, los 9 representantes del gobierno elaboraron una propuesta de recomendaciones sin la participación de los actores sociales”.
Ello es considerado como una forma de trabajo que no representa lo que es “un diálogo social”, donde toda la sociedad esté involucrada, “lo que se ve agravado, porque los propios “expertos” sostienen no representar a quienes los designaron”.
“En definitiva”, resalta la declaración, “nadie se hace cargo de lo que se recomienda”.
En el documento, la dirección de la central obrera intima “al gobierno a que se manifieste públicamente sobre el contenido de este documento con recomendaciones”.
“No cabe la estrategia de hacerse el distraído después de que el Poder Ejecutivo designó a sus representantes, que además son los que elaboraron la propuesta” señalan al tiempo que reclaman, “una vez más, un amplio y verdadero Diálogo Social. La importancia del tema lo amerita”.
El Secretariado expresa que tal y como ya se había señalado, “varias de las recomendaciones confirman las diferencias” que se plantearan “con el documento de diagnóstico”.
Se agrega como cuestionamiento relevante, que el “nuevo pacto social en seguridad social” no incluya una sola medida que apunte a una mayor contribución financiera de quienes obtienen altas ganancias”.
En su lugar lo que se plantea es “un fuerte ajuste que va a recaer sobre importantes sectores de la población. Sin embargo, no se afectan las jubilaciones de privilegio, como por ejemplo un pequeño grupo de retirados de la Caja Militar”.
Al referir procesos similares en el mundo, el documento señala que, para producir estos cambios en la Seguridad Social, “el mundo recurre a otras fuentes de financiamiento”.
“Basta ver el ejemplo chileno que en otras épocas se señalaba como modelo y hoy recurre a impuestos a los más pudientes para sostener la seguridad social”, resaltan y añaden que “el pilar básico propuesto, sin nuevas fuentes de ingreso, solo es financiable mediante la rebaja de otras prestaciones, por lo que la redistribución será solo entre trabajadores”.
En correspondencia con esto, se reafirma el rechazo a “los cambios paramétricos al barrer, como el aumento de la edad de retiro y otros, que no contemplan desigualdades evidentes y que implicarían serios problemas de protección para vastos sectores de la población, que no está en condiciones de jubilarse más tarde”.
Contraponen la postura del actual Presidente de la República, durante la campaña electoral, instancia en la que “prometió no aumentar la edad mínima de retiro para quienes estaban trabajando”, por lo que consideran que “es imprescindible que aclare si esa sigue siendo su postura”.
La declaración recuerda cómo, “en los años 90 se decía que el sistema de AFAP era la gran solución y la única posible. Los resultados están a la vista, en Uruguay y en el mundo” por lo que “no es razonable mantener y profundizar este sistema, que es caro para el país, perjudica a los trabajadores y beneficia exclusivamente a las AFAP”.
“Seguimos proponiendo que sea sustituido por un pilar de ahorro administrado profesionalmente por el Estado, sin lucro.
Compartimos la idea de un régimen general único a largo plazo, rechazando la pretensión de extender el régimen de AFAP al resto del sistema”, se plantea en el documento que concluye expresando que, “en definitiva, la reforma solo propone “igualar para abajo”, lo que está lejos de las expectativas de la mayoría de la población. Con estos planteos reafirmamos nuestro compromiso con el país, es posible y necesaria una reforma de la seguridad social justa, humana, que brinde protección adecuada a la gente que trabaja”.
Rolando Arbesún
