El Paraninfo de la Universidad de la República (UdelaR) se colmó en su capacidad en la presentación de la propuesta del PIT–CNT de una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Física (IPPF) del 1% más rico, destinada a financiar políticas que combatan la pobreza infantil y adolescente.
Entre los cientos de militantes sindicales, sociales y políticos, se destacó la presencia del presidente y vicepresidenta del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira y Verónica Piñeiro, integrantes del Ejecutivo como el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arím. También se hicieron presentes los senadores frenteamplistas Oscar Andrade y Gustavo Gonzales, la senadora Constanza Moreira y los diputados Bruno Giometti y Daniel Diverio.
La actividad también contó con la presencia de los ex rectores de la UdelaR, Rodrigo Arocena y Roberto Markarián, así como del actual rector Héctor Cancela.
La mesa estuvo integrada por la vicepresidenta del PIT-CNT con especial atención a género, Carolina Spilman; el docente y secretario técnico del rector de la UDELAR, Agustín Cano; los economista se investigadores Mauricio de Rosa, Alejandra Picco (coordinadora técnica del Instituto Cuesta Duarte) y Carlos Grau.
El modelo de la desigualdad
Carolina Spilman inició la presentación destacando que la elección del Paraninfo para la presentación no era casual. “Que esta propuesta se haga aquí en el Paraninfo de la Universidad no es un gesto menor. Lo hacemos en el entendido de la importancia de hacerlo en el corazón simbólico de la universidad pública, en una sala que ha sido testigo de debates fundamentales para nuestra democracia, para el conocimiento y para las luchas populares de nuestro país”.
Agregó que “es un espacio donde generaciones enteras imaginaron mundos posibles para Uruguay, donde se defendió la autonomía, se discutieron derechos y se enfrentaron injusticias. Por eso hoy, aquí, traemos esta propuesta, porque creemos que la reforma tributaria que necesitamos para combatir la pobreza infantil y avanzar hacia una sociedad más justa, tiene que surgir de un debate profundo, serio y colectivo, como los que siempre honraron este lugar”.
Spilman dio cuenta de que transitamos un “modelo de desigualdad” que tiene como resultado que Más adelante señaló que en Uruguay no falta riqueza sino justicia en la distribución de la misma.
“El 17% de la población del país vive bajo la línea de la pobreza, pero si miramos a nuestros gurises más chicos, la cifra es mucho más dramática: el 32% de los niños y niñas de 0 a 6 años son pobres. Eso significa que uno de cada tres gurises no accede a condiciones materiales dignas desde el comienzo de su vida. Esto no es una estadística fría, es el presente y es el futuro de un país que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y que hace alarde constantemente de una democracia que hoy se está poniendo en riesgo. Al mismo tiempo, la información disponible revela que el 1% más rico de Uruguay concentra casi el 40% de la riqueza del país. No estamos hablando de un país sin recursos, estamos hablando de un país donde esos recursos están cada vez más concentrados y esto no es casualidad, es el resultado de un modelo económico, de un entramado financiero y una arquitectura tributaria y de decisiones políticas muy concretas”, aseguró.
“Lo que falta – continuó diciendo- es asumir que el problema no es solo fiscal o presupuestal sino que es un problema profundamente político y estructural. Falta la voluntad de avanzar hacia reformas que toquen privilegios, que no sigan descargando el peso sobre quienes viven de su trabajo y que asuman que el bienestar no puede seguir siendo un privilegio hereditario”.
Una propuesta justa
Spilman explicitó que la desigualdad no es solo económica sino también de género: “La pobreza infantil en Uruguay tiene también cara de mujer, son las madres de estos gurises las que sostienen la sobrevivencia cotidiana, son ellas las que lidian con la precarización laboral, la informalidad, los salarios bajos, las dobles y triples jornadas que combinan empleo, cuidados y tareas domésticas”.
“La segregación ocupacional sigue empujando a miles de trabajadoras a los nichos laborales más precarizados, peores pagos y menos protegidos por la seguridad social. Cuando hablamos de pobreza infantil hablamos también del lugar subordinado que tiene el trabajo de las mujeres en el mercado laboral y en el sistema económico. La desigualdad es económica pero también es desigualdad de género y si no lo decimos con claridad contribuimos a borrar a quienes sostienen la vida y el capital todos los días con el trabajo no remunerado. La deuda también es con nosotras, sin redistribuir la riqueza, sin tocar los privilegios, no hay igualdad posible”, subrayó.
“La propuesta que presentamos hoy busca avanzar en una dirección distinta. (…) Esto no debe ser asistencialismo, porque entendemos que el asistencialismo solo produce cronificación, dependencia y frustración colectiva. Lo que proponemos es inversión estratégica, sostenida y transformadora. Derechos sociales garantizados por el Estado; no limosnas, no parches, no programas precarios que duran mientras hay presupuesto o mientras dura la voluntad política de un gobierno”, apuntó.
“La pregunta de fondo es bien sencilla: ¿podemos seguir aceptando que miles de gurises nazcan condenados a la pobreza mientras el patrimonio privado se multiplica? ¿Es esto justo? ¿Es aceptable? ¿Es compatible con un proyecto democrático? La democracia no es votar cada cinco años. Democracia también significa acceso real a derechos, igualdad de oportunidades, dignidad material en función de la riqueza socialmente producida. Si no hay distribución no hay democracia plena”.
“Si el poder económico está concentrado, si los activos financieros están concentrados entonces la desigualdad también está concentrada y eso solo se revierte con políticas públicas que distribuyan. Uruguay no puede resignarse a convivir con la pobreza infantil como si fuera una condición natural porque no lo es. Es reversible y este es un camino serio para hacerlo”, aseguró.
“En el fondo – dijo ya finalizando su intervención – lo que está en disputa no es solamente un impuesto ni es una fórmula técnica, lo que está en juego es qué entendemos por justicia e igualdad en un país que ha permitido que la riqueza se concentre al extremo mientras que la pobreza se transmite de generación a generación. No hay neutralidad posible frente a esta realidad. O se sostiene el statu quo o se avanza a transformaciones profundas que permitan que la riqueza producida por la sociedad vuelva, efectivamente, a la sociedad”.
Acuerdos y potencialidades
Seguidamente hizo uso de la palabra Alejandra Picco quién explicó el proceso de trabajo de la Comisión de economistas y expertos tributarios, que convocada por el PIT-CNT, elaboró la propuesta presentada este lunes luego de varios meses de trabajo. Destacó que fue un proceso largo y de aprendizaje con semanas de intercambio y debate para “acordar hacia dónde ir”, asumiendo que los niveles de pobreza de niños y niñas son una “emergencia social”.
Luego indicó cuáles fueron los acuerdos de la comisión sobre los cuales se construyó la propuesta: la no creación de un impuesto nuevo; que los fondos recabados no fuesen a rentas generales sino a un “fondo estatal y público”; que este impuesto no recaiga sobre las remuneraciones laborales ni al capital productivo y que fuese progresivo “de manera que terminen pagando una tasa mayor aquellas personas con mayor patrimonio también”.
Sobre la potencial recaudación de la sobretasa señaló que «en el documento no van a encontrar un número específico (…) pero más allá de cuál pueda ser la magnitud concreta consideramos que es una fuente de recursos bien importante y significativa dada la realidad actual que, aunque no va permitir erradicar la pobreza infantil, seguramente sea un aporte sustancial a donde estamos parados. Además nos parece que es una señal bien importante porque, como decía Carlina, la desigualdad no solo amenaza la posibilidad de desarrollo con inclusión social sino que también erosiona la democracia y el hecho de que uno cada tres niños y niñas de entre 0 y 6 años en nuestro país viva en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza es la cara más visibilizada de la desigualdad de ingresos»
También subrayó – al igual que los restantes expositores de la comisión – que no es una propuesta cerrada sino una propuesta “concreta” que abre una discusión: “Quiero remarcar, en primer término, que es bien importante para la comisión señalar que esta no es una propuesta cerrada, es una propuesta concreta, que estamos presentando para discusión y para el intercambio. Para nosotros esto no es el final, es el principio de una discusión que nos debemos. Esto además debe ser la primera etapa de un proceso que a mediano plazo tiene que ser más amplio y que nos tiene que llevar a definir cuál es el sistema tributario que hoy necesitamos en nuestro país”.
Ética y justicia
Mauricio De Rosa reiteró el objetivo de contribuir al debate público y señaló que se buscó ser “inequívocos en el diagnóstico, asertivos en los conceptos técnicos y deliberadamente abiertos”.
En su intervención, De Rosa se centró en los fundamentos de la propuesta. Al respecto señaló que “el punto de partida es que la pobreza en hogares con menores en Uruguay es un fenómeno persistente y además multidimensional, refiere a los ingresos de las personas de los hogares pero también refiere a otras dimensiones relevantes de la vida como la vivienda, el empleo, la salud, la educación. Y la pobreza monetaria, en particular en hogares con menores, es tal vez la manifestación más cruda y dramática de la desigualdad de ingresos como fenómeno estructura”.
Destacó que los “fundamentos para desarrollar políticas de infancia” tienen como “consideración de primer orden” la justicia y la ética: “Más allá de cualquier consideración técnica que uno pueda hacer después, el problema inicial, lo que nos mueve, es el problema de la justicia. (…) Sabemos que las condiciones desiguales en el punto de partida de la vida tiene consecuencias perdurables a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas y esto es algo que tiene que llevarnos a la acción y a políticas públicas más ambiciosas. Pero además de un problema de justicia; sabemos, porque la evidencia empírica así lo señala, que invertir en políticas de infancia es muy rentable socialmente, es algo que es conveniente para las sociedades. Al argumento de justicia se suma el argumento de la inmensa rentabilidad social que tiene la inversión en niños, niñas y adolescentes”, apuntó.
Sobre por qué actuar en particular sobre el patrimonio señaló que «el 1% acumula cerca del 40% del patrimonio nacional, estamos hablando de un grupo de población muy heterogéneo, que tienen individuos que van aproximadamente entre 1 millón, algunas decenas, algunas centenas y hasta más de mil millones de dólares de patrimonio. Hay uruguayos con más de mil millones de dólares de patrimonio. Esto es el 1%, es un grupo muy heterogéneo que no tributan adecuadamente. Cuando la desigualdad de ingresos cayó, la participación de este 1% se mantuvo incambiada, incluso creció un poco. Se da por muchos motivos pero en particular se da porque no tributan adecuadamente y se debe muy en particular a que la parte de tributación que va sobre el patrimonio es prácticamente inexistente. No logramos llegar a grabar de forma ni remotamente adecuada al patrimonio de este grupo de individuos”.
De Rosa también señaló cómo ha evolucionado la discusión impositiva: “Hace algunos años se decía, sin ningún tipo de duda y ambivalencia, que los impuestos y en particular impuestos como estos al patrimonio del 1% eran invariantemente perjudiciales para la economía y en particular para el crecimiento económico y hoy ya no es tan claro que esto es así. Ya no es para nada claro que este sea el caso y lo que dice la literatura es que no necesariamente tienen que ser malos para el crecimiento económico. Si se diseña con cuidado no tiene por qué impactar de forma negativa en el crecimiento económico”.
También aclaró que esta propuesta no es “una bala de plata” sino más bien “una parte de un esfuerzo nacional que tenemos que hacer, una condición necesaria, no suficiente, pero sí muy importante. Es un paso necesario para avanzar hacia un país sin pobreza en hogares con menores y de mucho mayor justicia social”.
La propuesta
Finalmente, el economista Carlos Grau explicó que la definición de no crear un nuevo impuesto tiene que ver con la necesidad de “actuar rápido” ante la emergencia social.
Recordó que “el impuesto al patrimonio de personas físicas hoy recauda apenas 9 millones de dólares, pero que históricamente mostró capacidad para acercarse a los 500 millones”.
Sobre el instrumento de la sobretasa señaló que las personas con un patrimonio menor a un millón de dólares continuarán pagando el IPPF vigente, mientras que aquellos que estén por encima de ese monto se les sumará una sobretasa. Esta se presentó como progresiva en función de la acumulación patrimonial. Explicó que la sobretasa está dirigida a personas físicas, no jurídicas, a quienes son residentes de Uruguay con activos en el país y en el exterior y para el caso de no residentes con activos en Uruguay y que no incluye a las empresas que pagan IRAE (Impuesta a la Renta de la Actividad Económica) o IMEBA (Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios).
También informó que la comisión propone la creación de una “Unidad especializada en grandes contribuyentes” en la DGI tal cual existe en otros países.
Grau afirmó que no será fácil y que es un desafío pero que “si ves un camino sino obstáculos, desconfía” y cuestionó los argumentos en contra vinculados al crecimiento afirmando que estos argumentos “están basados en la teoría del derrame”.
Sin “baldes en la cabeza”
El presidente de la República, Yamandú Orsi, se expresó sobre la propuesta de la central sindical en rueda de prensa a la salida de un evento organizado por la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, que tuvo lugar en el Club de Golf de Montevideo. Según consigna La Diaria, el mandatario señaló que “Sabemos más o menos por dónde va la cosa; hay que seguir analizando esos temas” y agregó que“no nos negamos a seguir analizando, ni lo que planteen los trabajadores organizados en su PIT-CNT ni tampoco lo que nos plantean las gremiales empresariales” pero agregó que la propuesta del gobierno está en el presupuesto: “Nosotros tenemos un presupuesto que se está votando, por lo tanto, nuestra propuesta es clara. Como gobierno tenemos una responsabilidad y una línea en la que vamos a seguir trabajando, por supuesto, sin ponernos el balde y estando siempre atentos a soluciones que nos permitan mejorar los niveles de ingreso de nuestra gente”, aseguró.
Por su parte, el actual intendente de Montevideo, el Ec. Mario Bergara, quién además fue presidente del Banco Central del Uruguay (2015-2018 y 2008-2013) y ministro de Economía y Finanzas (2013-2015) en los gobiernos del FA, dijo, entrevistado por “La mañana de La Diaria” que “en la medida que es un cambio paramétrico en la estructura tributaria me parece una propuesta razonable. Es un aumento en la tasa para determinado rango del impuesto al patrimonio”.
Explicó que antes de que conociera la propuesta concreta de la sobretasa al IPPF “sonaba una cosa más de slogan, pero ahora creo que hay un trabajo que está presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto”.
“En el marco de la estructura tributaria actual, así como durante los gobiernos del FA se plantearon aumentos de tasas por ejemplo en el IRPF, si mal no recuerdo al menos en dos oportunidades, en que se aumentaron las tasas sobre todo de los ingresos más altos, bueno, plantearse en este caso un aumento de tasas para un cierto rango en el impuesto al patrimonio me parece que es un formato razonable, creo que es una propuesta que seguramente el gobierno va a analizar”.
Consultado sobre el argumento de la posibilidad de que esta propuesta pueda «espantar inversiones», Bergara afirmó que no cree que eso vaya a pasar «porque está planteado en estos términos. A veces cuando se plantea más en términos de disputa política, ideológica y demás, ahí es donde puede haber de repente algún ruido pero yo creo que planteado con la seriedad de la estructura tributaria actual, que todo el mundo percibe que no va a haber ninguna disrupción sustantiva de la estructura y menos la que refiere a inversiones, no creo que una propuesta de este tipo sea espanta inversiones, esa es mi sensación”, afirmó.
PROPUESTA COMPLETA
