En el mismo se señala que la organización “ha estado recibiendo denuncias de uso excesivo de la fuerza policial en varias ciudades colombianas”.
“Las denuncias de Cali son las más graves, pero también se ha informado de incidentes en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Manizales y en otras partes del país”, agrega el documento.
La organización, recuerda que en el caso colombiano “el uso atroz e indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes en las protestas nacionales no es nuevo: abusos similares tomaron lugar en noviembre de 2019 y septiembre de 2020. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días parecen ser aún más graves que los anteriores ejemplos de brutalidad policial”.
Wola denuncia que “en medio de la intensificación de la represión de la protesta social” es “escalofriante que el comandante del ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, haya grabado un vídeo junto al ministro de Defensa en el que se refieren con tono retador al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) como «héroes vestidos de negro”, instigándolos a mantener su actuar en contra de sus compatriotas”.
En el llamado realizado se recalca que “el gobierno colombiano debe intentar desescalar las tensiones, detener la violencia y fomentar el diálogo con un grupo representativo de los manifestantes”.
En función del histórico relacionamiento que existe entre los Estados Unidos y las fuerzas de seguridad de Colombia, Wola exhorta a Washington que se una “al creciente clamor de voces internacionales que expresan su profunda preocupación” e instan “al gobierno de Colombia a que ordene a sus fuerzas de seguridad que retornen al cumplimiento de las normas de uso de la fuerza reconocidas internacionalmente”.
En el documento se exige “al gobierno colombiano que deje de utilizar tácticas que intensifican innecesariamente las tensiones políticas y la violencia conexa”.
El documento insta a Estados Unidos a que trabaje para “proporcionar garantías públicas de que (…) ninguna asistencia estadounidense en equipos y entrenamiento esté beneficiando actualmente al ESMAD de la Policía Nacional de Colombia”.
Se demanda así mismo “suspender todas las ventas de equipos de control de multitudes a las fuerzas de seguridad de Colombia, y todas las ventas de equipos, entrenamiento y servicios al ESMAD, hasta tener garantías más claras de que no se utilizarán indebidamente o en contra de personas no violentas”.
Finalmente, el comunicado insta “al gobierno colombiano a dialogar con un grupo de manifestantes representativo, elegido por los principales organizadores del paro cívico, para llegar a un consenso sobre las acciones a seguir para abordar sus preocupaciones” y convoca al Departamento de Estado de Estados Unidos, para que trabaje “en la investigación de los abusos ocurridos durante las protestas de 2019, 2020 y 2021”, con el objetivo de “emitir recomendaciones, que garanticen que se haga justicia y se realicen reformas que detengan este ciclo de violencia policial”.
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