Denuncia de espionaje policial en Rocha hacia militantes del Referéndum contra la LUC

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El senador del MPP y el Frente Amplio, ex intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, presentó hoy una denuncia sobre operativos de inteligencia policial y seguimientos realizados a militantes de la Comisión Nacional Pro-Referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

En la denuncia, presentada a la Fiscalía General, Pereyra pidió que se investigue la información que recibió sobre operativos de inteligencia que incluyeron, seguimientos y fotografías de militantes Pro-Referéndum de Rocha. Pereyra aporta en la denuncia información sobre las placas de algunos de los vehículos autorizados e incluso la creación “de un evento o novedad” especial para esta operación de la que estarían participando efectivos de la Seccional 12 de la Ciudad de Rocha, dependientes del Jefe de la Zona Operacional 1, del citado departamento.

En una de las primeras reacciones al conocerse la denuncia, Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT dijo a través de sus redes sociales que “de confirmarse denuncia de Aníbal Pereyra se estaría constituyendo un hecho gravísimo. ¿Es que no sólo nos niegan la cadena, sino que nos mandan seguir? Estaremos atentos a la denuncia seguros de que no podrán detener la energía de la recolección de firmas para que el pueblo decida”.

La denuncia de Pereyra

El siguiente es el texto de la grave denuncia de Pereyra.
«(.)Vengo a presentar denuncia penal por los siguientes hechos:
1) El pasado jueves 17 de junio recibimos una información donde se denuncia al comando de la Jefatura de Policía de Rocha.
2) En dicha denuncia, el hecho más saliente y grave es el que pasamos a relatar a continuación.
3) Se denuncia la creación en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública un evento o novedad identificado con el Nº (…). En dicho evento o novedad, se dispone el seguimiento e investigación de las personas que están realizando en la ciudad de Rocha la recolección de firmas para habilitar el plebiscito sobre 135 artículos de la LUC.
4) A dicho evento o novedad solamente pueden tener acceso quienes están asignados a la investigación del caso, que operan en la Seccional 12 de la ciudad de Rocha, y dependen del Jefe de Zona operacional 1. Esta situación determina que la Fiscalía no tenga acceso, ni conocimiento de seguimiento de personas sin ningún fundamento, con el agravante que en dicho procedimiento se están fotografiando a las personas.
5) Los vehículos que se han utilizado hasta el momento para dicho procedimiento son:
a) Vehículo oficial Matrícula (…), que depende directamente del Comando de la Jefatura y que llegó a estar al servicio del Jefe de Policía.
b) Vehículo con matrícula (…) Vehículo para el uso de hurtos y rapiñas de seccional 12.
c) Vehículo con matrícula (…) Se pudo constatar el día lunes 21 de junio circulando en la zona donde había puesto de recolección de firmas. Dicho operativo estuvo a cargo del Sgto (…)
6) Sin dudas, deben investigarse estos hechos gravísimos que atentan contra Derechos Humanos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República.
Por lo expuesto, al Fiscal General de la Nación pido: Se proceda a investigar los hechos denunciados”.

Antecedentes

Las operaciones de los servicios de inteligencia, policiales y militares, en democracia, contra el movimiento popular no son una novedad. Han sido denunciados siempre, pero, además, a partir de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados de la legislatura anterior, presidida por el diputado Gerardo Núñez, que analizó el denominado “Archivo Berrutti”, se comprobó fehacientemente que esas prácticas existieron.

El 19 de setiembre de 2018, por unanimidad, La Cámara de Diputados condenó el espionaje en democracia de los servicios de inteligencia contra partidos políticos, organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones de DDHH.

En la citada Comisión se hicieron 167 citaciones, a ex jefes de inteligencia, militares y policiales, ex ministros de Defensa, investigadores y hasta a un ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti, quien entró diciendo que no hubo espionaje y ante la contundencia de las pruebas salió reconociendo que sí.

En el trabajo de la Comisión se probó que hubo espionaje en democracia; llevado adelante por una parte del Estado; vigilancia, seguimientos e infiltración, contra partidos políticos, organizaciones sociales, de DDHH y personalidades; que este espionaje tuvo como uno de sus objetivos asegurar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y los privilegios otorgados por la dictadura. También se probó que este espionaje estaba en conocimiento del Ministerio de Defensa y, al menos en las presidencias de Sanguinetti, de los más altos niveles del Poder Ejecutivo.

Algunos de los extremos comprobados es que hubo oficiales policiales y militares que cobraron sueldo de la oficina de la CIA en Montevideo por pasar información a una potencia extranjera. También que, en plena democracia, los directorios de los Entes, al menos así fue en UTE, requerían información de los servicios de inteligencia para clasificar a sus funcionarios ideológicamente y bloquear “ascensos de subversivos”.

Estos antecedentes marcan un contexto para la grave denuncia realizada por Pereyra.

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