Hasta el pasado 24 de diciembre, en Colombia se cometieron al menos 92 masacres, con 326 víctimas fatales.
La información procede de los datos publicados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) que acaba de hacer público su informe anual donde se recogen las cifras de la violencia en Colombia durante el 2021.
El informe denuncia las masacres registradas, así como las “muertes violentas de líderes sociales y exguerrilleros que ya habían dejado las armas”.
Según consignó el portal de noticias Razones de Cuba, “hasta el 24 de diciembre, se cometieron al menos 92 masacres, con 326 víctimas fatales. Estos graves crímenes contra grupos de personas, protagonizados principalmente por sicarios, se registraron en 70 municipios de 20 departamentos. La mayor cantidad de atentados se produjo en los territorios de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, con 52, 47, 46 y 36 homicidios, respectivamente”.
En el reporte anual de Indepaz se señala que en el año que concluye, se produjo el asesinato de 168 líderes sociales, de los cuales 26 eran mujeres.
“Los crímenes sucedieron en 108 municipios de 25 departamentos” se señala.
Comparado con el 2020, cuando se reportaron 310 homicidios, la alarmante cifra de 2021, es inferior a la de ese año.
Si se contabilizan las muertes desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los datos indican que fueron asesinados 1.283 líderes y lideresas, “885 de los cuales fueron asesinados bajo la administración de Iván Duque”.
El informe reseña que, en 2021, “el departamento que tuvo más homicidios de este tipo fue el Cauca, con 31, seguido de Antioquia, con 23. En cuanto a los municipios, la estadística es liderada por Tumaco (13), en el departamento de Nariño, y Cali (7), en el Valle del Cauca. Entre las víctimas, se destacan referentes campesinos e indígenas, y defensores de los derechos humanos”.
En el anuario de Indepaz se denuncia que 48 firmantes de la paz fueron asesinados.
Al referirse a ello, la organización de derechos humanos “subraya que al menos el 95 % de quienes adhirieron al pacto está cumpliendo con las pautas establecidas”, pero “se enfrentan a una lenta implementación del acuerdo” y a un “un escenario de disputa entre armados en las regiones, que amenazan sus vidas”.
El organismo resaltó otras situaciones a las que se enfrentan quienes “todavía no se pueden reintegrar al sistema social colombiano”, en este sentido ejemplificó que, “en noviembre, en Los Llanos del Yarí, departamento del Meta, denunciaban el desplazamiento de por lo menos 106 familias, 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores. Todo producto de una arremetida de los grupos armados ilegales en la zona”.
El año que concluye, agrega el anuario, “también se caracterizó por las masivas movilizaciones antigubernamentales del Paro Nacional, incluyendo una fuerte represión de las fuerzas de seguridad”.
“En ese marco de protestas”, añade el informe, “se registraron al menos 79 asesinatos, 44 de los cuales se atribuyen a los uniformados (…) hubo 1.661 hechos de violencia física, 90 víctimas de violencia ocular y 35 casos de agresiones sexuales”, produciéndose, además, más de 2000 privaciones de la libertad, por el uso de las detenciones arbitrarias.
