El informe del presente año de la federación SOS Racismo advierte un aumento del 41,49% de los casos de racismo en el país por lo que se demanda el marco de las próximas elecciones se respeten “los derechos humanos de las personas migrantes, racializadas y gitanas, así como la puesta en marcha de políticas antirracistas”.
Este incremento de los casos de agresiones racistas, conflictos, discriminación laboral y limitación en el acceso a prestaciones y servicios públicos y privados ha sido documentado por la oranización española en su página web (www.sosracismo.eu):
En el informe, señala el portal KaoesenlaRed se recogen un total de 740 actos racistas en todo el país.
Se trata, añade el medio de prensa, de actos que “incluyen conflictos y agresiones racistas”, así como de acciones de “racismo institucional, denegación de acceso a servicios públicos, discriminación laboral y denegación de servicios privados, entre otros”.
Para la autora del documento, Elena Stasi, las cifras registradas “más que simples números, son una imagen de la realidad que debemos enfrentar para buscar soluciones que eviten no solo los insultos, agresiones y conflictos vecinales que sufren estas personas, sino también el deterioro de la convivencia en nuestras comunidades”.
La preocupación de la organización obedece al “significativo aumento de los casos recogidos”, que pasaron de 523 a 740, lo que implica “un incremento del 41,49%”. De acuerdo al informe resulta preocupante observar cómo “ciertos actos racistas que antes eran denunciados ahora se perciben como algo cotidiano y no se reportan”. Como consecuencia de ello, “la mayoría de los casos de discriminación permanecen ocultos debido a la normalización del racismo o al desconocimiento de las víctimas”, por lo que resulta relevante “mejorar la accesibilidad a las denuncias y establecer mecanismos de reparación para las víctimas de este tipo de delitos”.
En su edición, resalta el medio de prensa, el informe incluyó “testimonios reales que muestran el impacto de estos casos en la vida de las personas racializadas, migrantes y gitanas”.
Los testimonios incluyen “situaciones de racismo en el ámbito educativo, discriminación en el acceso a servicios públicos y amenazas y agresiones físicas por parte de vecinos” y constituyen claros ejemplos del “empeoramiento de la convivencia” en el país.
