La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (AFINCO) ha emitido un comunicado público, a raíz de los anuncios realizados el pasado 29 de junio por el Poder Ejecutivo, con relación a los fondos del INC y su uso para la regularización de los asentamientos.
Al respecto el comunicado señala que “estos fondos del INC surgen de dos impuestos que gravan la concentración de la tierra y su comercialización, por ley estos fondos están destinados a la compra de tierras para que nuevas familias de aspirantes puedan arraigarse en el medio rural”.
En atención a ello, se señala:
“1) El instituto Nacional de Colonización es único medio que poseen la mayoría de los trabajadores del campo (asalariados y productores) para acceder a tierra, lo que, a lo largo de su historia de 73 años, ha permitido que 5000 familias permanezcan en el medio rural, generando fuentes de trabajo de manera directa e indirecta y sustentando la economía y la vida social de nuestra campaña en los lugares donde está presente. 2) Es bien conocido por la sociedad y por la academia, el proceso de éxodo rural que desde la década del 50 viene acaeciendo y ha contribuido a formar y a engrosar los cinturones de pobreza donde se acumulan ciudadanos en las peores condiciones de vida de todo el país. 3) Si bien el Instituto Nacional de Colonización no ha podido frenar este proceso a escala nacional, principalmente porque nunca se lo ha dotado de los recursos suficientes para hacerlo, hoy afecta al 3% de la superficie nacional, y ha permitido que el 27 % de los productores familiares de todo el país puedan seguir trabajando sin ser expulsados hacia las ciudades por un mercado de tierras donde la forestación y el agronegocio sojero han provocado un desmedido aumento de la renta. 4) El Instituto Nacional de Colonización tiene tres fuentes de ingresos. El primero, pero no el más cuantioso como afirma el presidente del INC en el artículo de prensa, es el cobro de la renta a los colonos. Lo recaudado por este medio alcanza para cubrir los costos operativos de la institución (salarios y materiales) y su excedente (una cantidad que es ínfima) se destina también para compra de tierras. La mayoría de los ingresos para compra de tierras proviene de los dos impuestos mencionados”.
Para los trabajadores nucleados en AFINCO, la quita de estos recursos de la “órbita del INC, anula las posibilidades de aumentar la cartera de tierras, y, por lo tanto, extirpa al Estado la principal herramienta para generar desarrollo real y sustentable, aumentando el proceso de éxodo rural”.
En la comunicación se reconoce que, “sin dudas la situación de los miles de compatriotas que viven en los asentamientos es una circunstancia que debe ser atendida sin más demora. Pero hacerlo a costa de la política de tierras es atacar las consecuencias del problema agravando las causas”.
La organización sindical denuncia que, con esta medida del Ejecutivo, “el costo del mejoramiento en las condiciones de vida de los uruguayos y uruguayas que viven en los asentamientos será a costa de los trabajadores y trabajadoras rurales que al no conseguir oportunidades en el medio rural deberán migrar a las ciudades reproduciendo el problema”.
“¿Hasta cuándo, las consecuencias de una economía que tiene pocos ganadores y muchos perdedores seguirá cuidando los privilegios de una minoría que ve aumentada su riqueza sin que se eche mano a su bolsillo?”, se preguntan los trabajadores del INC, quienes agregan que, mientras esto sucede, “el sector agro exportador no para de mejorar sus números, se vuelve a recurrir a los más desfavorecidos para que cubran el costo de las políticas sociales”.
La decisión implicará, concluye expresando el comunicado que “las 1000 familias que se inscriben en el INC año a año para acceder a una fracción de tierra van a seguir esperando”.
