Un documento que recoge el análisis de la actual situación económica del país y una batería de medidas dirigidas a enfrentar la misma fue presentado la pasada jornada por los principales dirigentes del Frente Amplio.
El documento será entregado al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
En el mismo, la fuerza política de izquierda sintetiza la descripción de la situación actual afirmando que, si se compara “el segundo semestre de 2021 con el segundo de 2019, el PBI total de la economía se encuentra 1,5% por encima”, ello agrega no significó una participación en dicho crecimiento por parte de los trabajadores/as y jubilados/as, “ya que se registra entre 2021 y 2019 una caída real de salarios y de las jubilaciones”.
Esta caída de los salarios y jubilaciones, continúa expresando el documento “impacta disminuyendo el consumo interno, afectando a pequeños y medianos productores y comerciantes que orientan sus ventas al mercado interno”, se trata de actividades que “representan dos tercios del empleo total del país e involucran miles de empresas”.
Con respecto a la pobreza se señala que ella junto a la desigualdad “se encuentran en niveles por encima de 2019”.
“En 2021, en el marco del crecimiento de todos los sectores de actividad la pobreza se redujo muy débilmente. Hoy hay 66 mil personas pobres más que en 2019, pero sí crecen las ganancias de las grandes empresas y las grandes riquezas”, subraya el texto que recuerda cómo, “en los últimos dos años el valor de los depósitos bancarios en plaza uruguaya como en el exterior aumentó cerca U$S 9.000 millones, y a su vez en el año 2021 las exportaciones totales de bienes medidas en dólares se ubicaron un 26% por encima de su nivel de 2019”.
El texto muestra una sintética valoración de lo sucedido con el presupuesto y en este sentido afirma que el mismo “fue muy afectado en los servicios sociales universales, cayendo en términos reales fuertemente en áreas como educación y vivienda”.
A ello se le suma que, “desde mayo de 2021 la inflación anualizada” ha venido creciendo cada mes, provocando que los productos de la canasta familiar crecieran de forma relevante “por encima de la inflación”.
“El principal efecto de la inflación”, se señala, “es que es un mecanismo redistributivo de la riqueza en perjuicio de salarios, jubilaciones, cuentapropistas y desocupados”.
El documento de cuatro páginas analiza las medidas que fueran anunciadas desde el poder Ejecutivo para enfrentar la situación descrita.
“Las medidas de incrementos a partir de julio en jubilaciones (3%), salarios públicos (2%) y las sugeridas para los salarios privados (correctivos de inflación para unos 300.000 trabajadores que, si no, lo tendrían recién a junio de 2023), son un paliativo para trabajadores y jubilados, que vienen con una pérdida importante de poder de compra en sus ingresos”, enfatiza el documento.
A ello se le agrega, que los aumentos propuestos se cobrarían en el mes de agosto “y por el monto que se propone las definimos claramente como tardías e insuficientes”.
“A esto hay que sumarle que lo que se lleva perdido no se recupera nunca. Y al mismo tiempo en tanto no se a anunciaron medidas serias y potentes en materia de inflación es posible que no terminen evitando la pérdida de poder de compra en 2022, si la inflación en el resto del año no baja de los niveles actuales”, sentencia el documento del Frente Amplio.
Para la fuerza política, “las medidas de eliminación de IVA hasta ahora anunciadas son claramente insuficientes”, todas juntas, agrega, “pueden significar un ahorro promedio de los hogares de 0,4%, es decir en un hogar que gana 30 mil pesos, ahorran 120. Y, además, la rebaja del IVA definida, al no haber sido vinculada a pagos electrónicos, puede no llegar a los bolsillos de los consumidores”.
Se trata por tanto de medidas calificadas como “tardías, insuficientes e ineficaces”, reafirma el texto que describe seguidamente la batería de medidas que propone la fuerza política de oposición.
En materia de Precios, el Frente Amplio propone: “por un lado la eliminación del IVA en productos de la canasta básica y por lo cual acompañamos la minuta que se presentó en el Senado, aprobada por la unanimidad de los partidos políticos en Comisión de Hacienda del Senado, que establece la eliminación de dicho impuesto sobre 19 productos y entendemos que debe extenderse al supergas. Ambas eliminaciones deben realizarse por un período no menor a seis meses y de forma inmediata, dado el amplio consenso político que genera esta urgencia. Los mismos deberán realizarse con las siguientes características:
a) Para compras realizadas con medios electrónicos de pago, de esta forma se asegura que la rebaja del impuesto llegue al consumidor y el comercio mantenga el margen de ganancia.
b) Eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro, pequeñas y medianas empresas.
c) Reducción transitoria de tarifas sensibles para los sectores más empobrecidos de la población por ejemplo la tarifa eléctrica hasta cierto nivel de consumo (menos de 300 Kwh) d) Mantener el precio de los combustibles sin aumento al menos hasta fin de año”.
Otro acápite de las propuestas atiende la situación de las transferencias monetarias para la protección social y allí se propone “un aumento al doble y luego por un plazo de un año ajustar mensualmente por IPC, el monto de las transferencias realizadas por Tarjeta Uruguay Social (TUS) y Asignación Familiar Plan de Equidad (AFAM PE)”.
En cuanto a salarios y jubilaciones, las propuestas son:
“a) Un aumento inmediato, (no como un adelanto del ajuste de enero 2023), a partir del 1º de mayo, de los salarios públicos que permita iniciar el proceso de recuperación salarial, para lo cual es imprescindible un compromiso del Gobierno. El mismo deberá realizarse de forma escalonada, con mayor porcentaje para los salarios más bajos. A tales efectos es imprescindible que dicho aumento se realice en el marco de la negociación colectiva.
b) Un aumento adicional del Salario Mínimo Nacional.
c) Un aumento permanente en las jubilaciones que no sea deducible del aumento por Índice Medio de Salarios en enero de 2023.
d) Un aumento adicional al anterior para las jubilaciones mínimas.
e) Una convocatoria a todos los grupos que no tengan correctivo en julio de 2022 (o sea lo tengan en diciembre de 2022 o junio de 2023) y que a través del voto con los trabajadores, el gobierno asegure aumento salarial en el mismo sentido de lo propuesto para el sector público.
f) En particular, otorgar aumentos diferenciales para los trabajadores rurales de aquellos sectores que tuvieron un desempeño extraordinario en el último año, con ganancias extraordinarias”.
En el tema de los precios de los combustibles, se afirma “que las nuevas normas sobre fijación de precios de combustibles de la Ley de Urgente Consideración, generan inestabilidad de precios. Por ello es necesario poner en debate medidas que permitan darle estabilidad y previsibilidad a dichos precios” y para atender esta situación se propone:
“a) Crear un Fondo de Estabilización de Precio de los Combustible, con cargo a Rentas Generales para amortiguar el impacto de la suba de los combustibles.
b) Profundizar la política de protección de riesgos de los precios, mediante contratación de una cobertura de precio de petróleo y el tipo de cambio por parte de ANCAP, dando continuidad a una política. Al mismo tiempo mejorar la planificación de las compras de mediano y largo plazo”.
En materia de empleo y la dinámica económica, el documento señala que se trata de un plan que busca “dar respuesta inmediata a la grave situación que viven miles de ciudadanos”, por lo que es “necesario reflexionar sobre medidas complementarias que vayan dando solidez a una estrategia en que, la economía crezca y sus frutos sean distribuidos”.
El eje de la preocupación principal se localiza en la atención “a la pequeña y mediana producción y comercio, en especial en el interior del país y más en particular en la frontera” y para ello se propone:
“a) Adoptar medidas que permitan atender a los sectores afectados por la pandemia que generaron endeudamiento.
b) Profundizar medidas de alivio fiscal en los comercios de frontera, con el objetivo de amortiguar las dificultades de competitividad que está sufriendo y que sufrirá con la apertura plena de las fronteras”.
Finalmente, el texto culmina resaltando la necesidad de que se actúe “sobre la inversión y por ende el empleo”, para ello propone “un aumento de los niveles de inversión pública (empresas públicas, vialidad, vivienda) a efectos de adelantarse al problema del empleo que surgirá al finalizar los jornales solidarios y las obras de infraestructura vigentes”.
