Por Gabriel Mazzarovich
Dos represores, José Lemos Pintos y Jorge Guldenzoph, fueron procesados y enviados a prisión, denunciados por torturas en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia por 51 personas, la mayoría militantes de la UJC.
En el 2011, ante el desarchivo de decenas de causas judiciales luego de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH por el caso Gelman, un grupo de 41 mujeres y hombres, militantes contra la dictadura, en su mayoría en la UJC, presentaron una denuncia por torturas en la DNII entre los años 1974 y 1983. A esos 41 testimonios se sumaron otros, que constaban en expedientes de denuncias a la salida de la dictadura que habían sido archivadas al aplicarse la Ley de Caducidad.
Luego de 9 años, el juez Nelson Dos Santos procesó con prisión a Lemos y Guldenzoph por abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad.
Lemos es funcionario policial y desempeñó distintas responsabilidades dentro de Inteligencia, Guldenzoph, ex militante de la UJC, expulsado, transformado en agente de inteligencia y luego en operador de la Secta Moon en Uruguay.
En la audiencia de este miércoles Guldenzoph reivindicó ser “un agente importante para Castiglioni”, el siniestro jefe de la Policía Política de la dictadura, ser autor del libro de propaganda fascista “UJC escuela de comunismo”, elaborado por la DNII y publicado por la Universidad durante la dictadura y, además, dijo que había continuado en funciones luego de recuperada la democracia hasta 1996, mencionó específicamente al ex ministro del gobierno de Julio María Sanguinetti, Didier Opertti, como uno de los receptores de sus informes.
La valentía de los testimonios
EL POPULAR dialogó con Pablo Chargoñia, del Observatorio Luz Ibarburu, patrocinante de esta causa, para conocer los detalles de los procesamientos.
Chargoñia comenzó recordando que “la primera intención de presentar una denuncia provino de Rafael Sanseviero y Alicia Gancedo, que vive en Brasil. Fue en el año 2011 después de la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH por el caso Gelman, vuelven a plantear lo que ya habían planteado al final de la dictadura, las denuncias por torturas en la DNII. Para eso juntaron a 40 compañeras y compañeros, se organizaron y me solicitaron que yo presentara la denuncia, cosa que hice en su nombre. Se trabajó con una suerte de formulario y se recolectó los testimonios, fue la manera que encontramos de procesar una información compleja, de mucha gente, que cada una tenía su forma de contar el tormento que había sufrido, las secuelas, y lo más difícil, la identificación de los responsables”.
“La denuncia, luego de presentada, fue muy demorada, es una de las características de todos los expedientes de crímenes de lesa humanidad, en la medida que el sistema judicial no resuelve la estrategia dilatoria que nosotros hemos denunciado tantas veces, que consiste en alargar la indagatoria pre sumarial de modo tal que los enjuiciamientos no comiencen nunca. Eso que hemos denominado “impunidad procesal-biológica”, esa combinación entre la deslealtad en la defensa y el transcurso del tiempo, que hace que los victimarios no comparezcan ante los tribunales por razones inclusive biológicas”, dijo.
“Este caso es un ejemplo, uno de los principales responsables de la tortura como Tellechea, falleció en el transcurso del proceso ejerciendo su propia defensa, y ni hablar que el siniestro Víctor Castiglioni, jerarca de esta máquina de tortura, murió en la más absoluta impunidad, y así pasó con Boris Torres, Ruben Bronzini, todos identificados como formando parte de este aparato de inteligencia policial”, agregó.
Chargoñia destacó que “también fallecieron las víctimas, tengo que recordar a Gonzalo Carámbula que fue uno de los primeros que denunció las situaciones de tortura a la salida de la dictadura, cuyo testimonio obraba en uno de los expedientes que habían sido archivados por aplicación de la Ley de Caducidad, en el 2011, durante la administración de Mujica se desarchivan y al presentarse esta nueva denuncia se juntan ambas y conforman 51 testimonios”.
El abobado explicó que “esas denuncias, con 51 testimonios, permiten el procesamiento en el día de ayer (miércoles) de Lemos y Guldenzoph. Hubo dos pedidos de procesamiento, de un fiscal común y luego del fiscal de Delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, de larga data, es de junio de 2018, y ahora el juez Nelson Dos Santos dispone el procesamiento con prisión de ambos, imputándoles los delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad. El juez procesa por estos delitos que estaban vigentes en la década del 70, cuando es aplicaron los tormentos, pero el fiscal señaló que esto encaja perfectamente en la figura de tortura. Desde ayer (miércoles) estas dos personas están detenidas”.
“Este expediente, que tiene miles de fojas, contiene el testimonio del horror de esta maquinaria de tortura. Estamos hablando de acciones criminales sistemáticas, metódicas, no fue producto de un sádico si no del sadismo del propio Estado. Como decía Mario Benedetti, no eran monstruos, no les regalemos esa grandeza, eran funcionarios de un Estado que operaba de esa manera, como método político de atormentar para destruir. Se suceden los testimonios de hombres y mujeres colgados, encapuchados, sometidos a submarino, picana eléctrica, abusados sexualmente, en esa repartición de la Policía de Uruguay, transformada en Policía Política”, indicó.
El auto elogio de Guldenzoph
Chargoñia explicó que Guldenzoph, en la audiencia del miércoles, dijo que “era un agente de mucha importancia para Castiglioni, un discurso que desde luego no solo no le sirvió para su defensa si no que más bien sirve a reforzar la imputación de nosotros como denunciantes y el pedido de la fiscalía. Efectivamente Guldenzoph era un engranaje importante en el esquema represivo y torturador de Inteligencia policial”.
Pero Guldenzoph dijo más, Chargoñia indicó que “declaró que se mantuvo en esa función al menos hasta el año 1996 (11 años después de recuperada la democracia) y mencionó a Didier Opertti como un ministro que recibía sus informes. Quiere decir que hubo una continuidad. Esto me hizo recordar a lo que se descubrió como espionaje militar y policial en democracia”. También reivindicó en el juzgado ser el autor “del conocido libro de propaganda fascista titulado “UJC escuela de comunismo”.
Para Chargoñia “esto también refuerza que estamos ante un sujeto que no era un colaboracionista menor, era un agente importante en la lucha contra la resistencia anti dictatorial. Toda esa información que él tenía por haber militado en la UJC la usa al servicio de Víctor Castiglioni y de la propaganda de la dictadura para vencer la resistencia”. “Producto de su ego en su declaración ante el juez no pudo frenar un auto elogio, que en realidad lo ubicó como un engranaje importante en la maquinaria de tortura y fortaleció la acusación”, dijo.
Lo que sigue
Consultado sobre como sigue adelante este juicio, Cargoñia explicó que “estas dos personas están procesadas, todavía no condenadas, esto da cuenta también de lo demoradas que son todas estas causas. Pero la Fiscalía Especializada puso especial énfasis en seguir indagando a otras personas que formaban parte de ese aparato de tortura, estamos hablando de varias decenas de funcionarios que participaron, en el período que cubre la denuncia, entre 1974 y 1983. Por eso la Fiscalía Especializada le ha pedido al juez que continúe la indagatoria, hay por lo menos dos médicos, perfectamente identificados, que además tuvieron cuestionamientos por parte del Sindicato Médico hace muchos años. También hay otros nombres, que nos tenemos que reservar por ahora, por razones de defensa de la denuncia. El que sí podemos mencionar es el de Máximo Costa Rocha, porque fue el sucesor de Víctor Castiglioni y que es uno de los casos de personas que están implicadas en delitos de lesa humanidad y tuvieron prestigiosas carreras policiales”.
Libro de propaganda fascista del que Guldenzoph se reivindicó autor.
