Una exhaustiva descripción del accionar de los agentes de inteligencia argentinos en el ya conocido y escandaloso caso de la «Gestapo macrista”, fue presentada por el diario Página 12.
Según consigna el medio de prensa, los agentes “Ingresaron sin registros de la mano de una «azafata» enviada al efecto”.
Para el trabajo de grabación fueron usadas “cámaras compradas en Estados Unidos” por la Agencia Federal de Inteligencia “con fondos reservados”.
Este equipamiento fue comprado en el exterior por la AFI, en un modus operandi similar al de los 120 teléfonos encriptados que les fueran entregados a funcionarios políticos, operadores judiciales, al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, todos ellos amigos del ex presidente argentino Mauricio Macri, un hecho que, de acuerdo a Página 12 “exhibe la trama judicial” del accionar macrista en el uso de los servicios de inteligencia.
A diferencia de lo que pasó con los teléfonos encriptados, en esta ocasión la adquisición de las cámaras mediante “fondos reservados”, explica la ausencia de facturas y revela la clara intencionalidad de “no dejar registros de nada”.
El “trabajo” del equipo de agentes se realizó de un día para el otro, el día anterior a la reunión se montó el operativo de grabación y escucha y 24 horas después fue desmontado.
“Las cámaras y micrófonos puestos para registrar la reunión en la que se añoró una Gestapo para perseguir sindicalistas fueron colocados el día anterior por técnicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)”, describe el medio de prensa del vecino país que agrega, “los individuos llegaron con una escalera al hombro, los recibió una señorita en traje de azafata, no se registraron, y tuvieron las manos libres para hacer la instalación”.
Los datos de la investigación de Página 12 señalan que la persona que los recibió les dijo: “tienen una hora y veinte”.
En ese tiempo se colocaron “cuatro cámaras y un micrófono escondido en el yeso del techo”.
Toda la operación se realizó con el visto bueno, tanto del gobierno bonaerense, como del nacional, resalta la nota del medio de prensa, que explica que, “aunque el cableado del salón lo hizo personal de la AFI”, que era “lo habitual”, se resalta, sin embargo, que hubo una “una excepción llamativa: las cámaras y micrófonos que se instalaron en el penal de Ezeiza las pusieron técnicos de la Policía de la Ciudad, destinados en comisión en la AFI”, una operación de espionaje que fuera autorizada por una orden judicial con el explícito objetivo de “escuchar al Rey de la Efedrina, Mario Segovia”.
En definitiva, subraya el medio de prensa, como muestran los hechos, esta orden judicial fue utilizada “para espiar a dirigentes políticos, sindicales y empresarios”, en total se produjeron “105.000 archivos de audio –una cifra descomunal– que están en poder de la AFI” y que ahora serán enviados a la justicia.
