El caso Astesiano y el agujero en la Seguridad del Estado

Rolando Arbesún

Han pasado varios días desde que el  presidente de la República, Luis Lacalle Pou dijera “el responsable último soy yo siempre”. Aunque tenga una ligera resonancia del slogan de campaña electoral “hacerse cargo”, la afirmación del presidente se produce durante la conferencia de prensa realizada luego de la detención, el domingo 26 de setiembre, de Alejandro Astesiano, quien hasta entonces fungía como jefe del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP). 

La detención de Astesiano se produjo luego del retorno del mandatario de unas vacaciones en compañía de sus hijos, instancia en la que fuera acompañado por Alejandro Astesiano.

Al arribo al país, el presidente Lacalle Pou, fue informado que en la casa de Suárez le esperaba el director de Inteligencia Policial, quien tenía la orden de la fiscal de Flagrancia, Graciela Fossati, de conducir detenido al hoy exjefe de la seguridad presidencial.

La orden de Fossati se enmarcaba en una investigación, de larga data, donde se indagaba, fundamentalmente, la existencia de un presunto delito de falsificación documental para que personas con nacionalidad rusa obtuvieran cédulas de identidad y pasaportes uruguayos.

La información primaria sobre el caso señalaba que, en la investigación que se realiza, Fossati contó con la colaboración del vicecónsul de Rusia en Uruguay.

Como resultado de las indagatorias, Fossati, formalizó a dos personas con nacionalidad rusa y a un escribano uruguayo, quienes presuntamente operaban como cómplices del jefe del SSP en lo que fue definido como “una asociación para delinquir”.

Durante todo el proceso de la investigación se pudo comprobar que, para el desarrollo de la operativa delictiva, fue usada de forma ilegal la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil, institución en la cual trabajó Astesiano cuando era policía.

La noticia sobre la detención del ex jefe de Seguridad Presidencial tomó estado público el lunes 27 de setiembre y por su impacto en la política doméstica uruguaya trascendió las fronteras.

En los primeros momentos, luego de tomar estado público la noticia, la posición del mandatario uruguayo con relación al hecho fue, cuando menos, confusa y ambigua.

El presidente partió de afirmar una total “tranquilidad de conciencia”, hasta esbozar un campechano “ustedes me conocen” dirigido a los periodistas presentes en la conferencia de prensa, seguido de un desmedido “apego” al principio de inocencia del detenido.

El “campechanismo” presidencial, tan usado por Lacalle Pou en sus reiteradas conferencias de prensa, fue presentado por el mandatario como un argumento sólido que prtendía minimizar la gravedad de lo sucedido, así como su “desconocimiento” respecto a la trayectoria de Astesiano.

Para reforzar su posición, Lacalle Pou insistió en que siempre, el ahora detenido, había desempeñado de modo “intachable” su trabajo, aclarando que si “hubiera tenido un indicio” de desconfianza “no lo habría puesto a cargo de su familia”.

En la medida en que pasaron las horas, las versiones del presidente sobre lo que conocía, o no, respecto a los datos existentes de Astesiano fueron variando a tal punto que, desde tiendas propias y ajenas, fue imposible aceptar la verosimilitud sobre el desconocimiento del mandatario.

Finalmente, y ante la firme evidencia aportada durante la formalización presentada por la fiscal Gabriela Fossati, el presidente uruguayo anunció la desvinculación de Alejandro Astesiano del SSP.

De acuerdo a las evidencias de “alta calidad” presentados por la Fiscalía en la audiencia de formalización, Astesiano tenía vínculos, cuando menos desde agosto de 2021, con una red que ofrecía y comercializaba documentación falsa. 

Durante su exposición en la instancia de formalización, la Fiscalía dejó en claro que el exjefe de la del SSP se dedicaba, además, de realizar su “intachable trabajo” como custodio, de acuerdo a los dichos del presidente, a ofrecer “contactos reales o simulados con funcionarios ubicados en puestos estratégicos”.

El “servicio” que ofrecía Astesiano, incluía el intercambio de documentación con ciudadanos rusos, que se realizaba vía WhatsApp. 

De igual forma, añadió la fiscal del caso, el exjefe del SSP realizaba reuniones y encuentros en el despacho que ocupaba en el piso 4 de la Torre Ejecutiva. 

Como ejemplo de estos encuentros se detalló por la fiscal que, en una ocasión, Astesiano mantuvo allí una reunión con otros dos miembros de la banda, quienes ya se encuentran imputados.

Todo lo trascendido respecto a esta situación generó, además de las repercusiones internacionales, vistas estas a través de las publicaciones realizadas en la prensa extranjera, una intensa discusión vernácula intensificada por diferentes hechos recientes que funcionaron como caja de resonancia de lo que, a prima facie, es un verdadero escándalo.

Sin embargo, “el caso Astesiano”, por llamarlo de algún modo es más que un escándalo y para poder analizar todo lo que en él se contiene resulta necesario ubicar cada pieza en su lugar, solo así podremos aquilatar, a ciencia cierta, todo lo que puede estar en juego.

¿Qué es el Servicio de Seguridad Presidencial (SSP)?

De acuerdo al reglamento del SSP, el Servicio se rige por el decreto Nº 16/006 del 16 de enero de 2006.

En dicho Reglamento se señala en su artículo 1 que, el “Servicio de Seguridad Presidencial (SSP) es una dependencia de la Presidencia de la República, subordinada directamente a la Prosecretaría de la Presidencia”.

Lo anterior significa que la primera responsabilidad sobre su funcionamiento recae, actualmente, en el Dr. Rodrigo Ferré quien ocupa el cargo de Prosecretario de la Presidencia.

“El Prosecretario de la Presidencia”, se continúa señalando en el citado artículo del Reglamento del SSP, “coordinará todo lo referente a la Seguridad del Presidente de la República, sus familiares directos y a aquellos que se disponga”.

Dicho trabajo, se añade, será realizado por el Prosecretario de la Presidencia, con el asesoramiento del Jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, es decir y hasta el momento de su desvinculación, por Alejandro Astesiano.

Finalmente, el artículo 1 del reglamento especifica que, “a efectos del cumplimiento de sus cometidos”, el SSP “tendrá enlace directo con el Ministerio del Interior y nexo con la Inspección Nacional de Policía”.

Este primer artículo muestra, no solo al responsable institucional del Servicio, sino que, además ubica al mismo en la estructura institucional de Presidencia.

Como detalle adicional, obsérvese que se señala que el SSP podrá encargarse de la seguridad de “aquellos que se disponga”, lo que significa que puede formar parte de cualquier esquema de seguridad que se disponga, por ejemplo, para figuras de renombre político, tales como otros mandatarios y/o funcionarios extranjeros que visiten el país.

Tal ubicación institucional y su centralización en la estructura de la Presidencia de la República, equipara, al menos formalmente, al SSP con cualquier otro Servicio de Seguridad Presidencial, comúnmente denominado Servicios Secretos de Seguridad, como es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y su archiconocido Servicio Secreto de Seguridad Presidencial.

Esta ubicación del Servicio y las funciones que realiza indican, claramente, que se trata de una estructura crítica en el esquema de seguridad del Estado y el gobierno.

Como tal, su composición debería, mínimamente, estar sometida a un proceso de selección y estudio minucioso de aquellos que vayan a formar parte de la misma.

La importancia estratégica de su concepción y la definición de quienes van a formar parte de la misma, resulta, para cualquier país, una información de seguridad de primer nivel, lo que explica por qué, para cualquier servicio de inteligencia de otros Estados, el trabajo sobre tal estructura sea un objetivo y motivo de atención permanente.

Los Servicios de Seguridad Presidencial en el mundo constituyen una de las áreas más sensibles a ser protegidas, cuidadas y monitoreadas, en primer lugar, por su condición de atractor para la actividad de los servicios especiales de otros Estados.

Para los servicios especiales de los diferentes Estados, en general, conseguir realizar un trabajo de “penetración” o de “caracterización” de los miembros de cualquier servicio de custodia presidencial, es un objetivo relevante y permanente y ello es así con independencia de los posibles lazos de acuerdos formales o por la “solidaridad” interservicios.

En atención a ello, debería suponerse que el SSP de Uruguay debería contar con un dispositivo de contrainteligencia, que cuando menos permita minimizar el accionar de los servicios de Inteligencia de otros Estados.

Este dispositivo de contrainteligencia debería tener, como una de sus primeras líneas de trabajo, un sistemático trabajo de información sobre aquellos que participan como miembros del mismo.

Se trata de un trabajo que permite realizar sistemáticas tareas de comprobación y chequeo de las personas integrantes del Servicio en todo aquello que pueda, directa e indirectamente, afectar o dañar la función central del Servicio, función que es, ni más ni menos, que garantizar la seguridad del jefe de Estado, sus familiares y de aquellos que por intereses estratégicos se disponga.

En atención a ello se comprenderá que una de las interrogantes que la situación que se generó, en torno al exjefe de la Seguridad Presidencial, es la de sí, en efecto existe dicho dispositivo de contrainteligencia que permita producir “alertas tempranas” sobre “desvíos” en los comportamientos de sus miembros.

Estas “alertas tempranas” se producen cuando aparecen, lo que comúnmente los servicios de Inteligencia denominan “indicios”.

Los “indicios”, en el trabajo de los servicios especiales constituyen “señales” y son justamente los análisis sistemáticos de estas “señales” las que permiten alertar sobre posibles acciones realizadas por los servicios de Inteligencia en su afán de “penetrar” las estructuras críticas de seguridad de los diferentes Estados.

¿Existe para el caso del SSP una concepción de trabajo que permita afirmar que se realiza una permanente acción de contrainteligencia o su funcionamiento se reduce a la “confianza” del mandatario en tal o cual persona que lo integre?

La respuesta a esta interrogante no es menor y como hemos visto en este caso, si tal trabajo de contrainteligencia existe la evidencia disponible señala su más rotundo fracaso.

En caso de existir dicho dispositivo de contrainteligencia, ¿quién es su responsable institucional y qué acciones se realizaron para evitar que hechos como los que se configuraron no emergieran?

No tenemos respuestas para dichas interrogantes y esto ha sido así porque hasta ahora nos hemos conformado con lo “anecdótico”, eludiendo aquellos temas que son, en definitiva, los que permiten comprender, de forma primaria, la gravedad institucional de semejante escándalo, así como la gravedad institucional que tiene semejante “agujero” en la seguridad del máximo representante del Estado uruguayo.

Mientras concluía esta primera parte de una serie de notas sobre el significado político de lo ocurrido, un medio de prensa nacional informaba que Presidencia solicitó el legajo de todos aquellos que forman parte del SSP.

Si la información es cierta y no tenemos ninguna razón para dudar de su fidelidad, Uruguay tiene, a todas luces, un grave problema y es sobre esto que debe versar la discusión política en torno a lo acontecido.

En atención a ello, ¿podemos imaginar cómo hubiera seguido esta “historia” si no se hubiera “destapado” el affaire Astesiano?, un “caso” que, a todas luces, resulta mucho más grave que el del pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset, cuyo impacto para el país no pasaría de un bochorno que, aunque escandaloso, no interpela una estructura nodal de la seguridad del Estado uruguayo.

Foto de portada:

Alejandro Astesiano y Luis Lacalle Pou, luego de una actividad oficial en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.

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