El destino del general Manini Ríos

Las evidencias contra Manini Ríos son abrumadoras
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Por Gastón Grisoni (*)

El Poder Judicial ha solicitado su desafuero para juzgarlo por haber omitido informar, como correspondía, acerca de las confesiones realizadas por José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira en el tribunal de honor que juzgó sus conductas en el año 2018. Ambos, junto con el fallecido coronel Luis Maurente, fueron condenados, con sentencia firme, por la justicia uruguaya, por su participación en el traslado desde Argentina y desaparición de decenas de uruguayos durante la dictadura cívico militar.

Confesión pública

En las diferentes entrevistas que concedió luego de su destitución como comandante en jefe, Guido Manini explicó, de manera reiterada y exhaustiva, cuáles fueron las razones de no cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la justicia los hechos de apariencia delictiva de los que fue informado por sus subordinados.

Las grabaciones de Radio Carve, Radio Universal y de “Buen día Gente” de Canal 10, son un testimonio indudable del reconocimiento público de sus omisiones, de su actuación al margen de la ley, tal como lo señaló el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador.

Al incumplir con su obligación de informar al Poder Judicial, Guido Manini Ríos actuó, además, como encubridor de José Nino Gavazzo en dos causas judiciales referidas a ciudadanos detenidos desaparecidos: Roberto Gomensoro Josman y Eduardo Pérez.

Ambos fueron detenidos por las FFAA e interrogados en el cuartel de La Paloma. Los restos de Roberto Gomensoro, desaparecido en marzo de 1973 antes de la disolución de las cámaras, fueron identificados. El destino de Eduardo Pérez, “el gordo Marcos”, luego de pasar por Artillería 1 y el Hospital Militar en los primeros días del mes de mayo de 1974, hasta el día de hoy, es desconocido.

Al haber tomado estado público las confesiones, el Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe ha solicitado la reapertura de ambas causas judiciales.

En democracia: todos iguales ante la Ley

La afirmación de la institucionalidad democrática, el robustecimiento del Estado de derecho y de la vigencia de las disposiciones constitucionales, demanda que el Poder Judicial pueda cumplir con sus facultades legales, castigar a los responsables de las graves atrocidades del terrorismo de Estado y también a sus encubridores y facilitadores de la impunidad.

Las evidencias en contra de Guido Manini Ríos son abrumadoras, el periodista Leonardo Haberkorn en El Observador lo ha denunciado públicamente y por si fuera poco, seis generales han testificado en su contra en los estrados judiciales responsabilizándolo personalmente por lo ocurrido.

El desafuero de los parlamentarios que han violado la ley está perfectamente regulado por las disposiciones constitucionales para asegurar la integridad política, jurídica y moral de los integrantes de un poder estatal tan importante como el Parlamento.

Durante la legislatura anterior, el Parlamento concedió el desafuero al diputado del Partido Nacional, Wilson Ezquerra y al senador del Partido Colorado, Oscar Bianchi. En ambos casos, el desafuero fue solicitado por delitos penalizables, pero sin vinculación con violación a los DDHH o el terrorismo de Estado.

Al conceder el desafuero a un integrante involucrado en hechos de apariencia delictiva el órgano, ya sea la Cámara de Senadores o la de Representantes, se fortalece a sí mismo y refuerza su imagen pública, permitiendo la actuación del Poder Judicial, un pilar básico de nuestro sistema democrático republicano de gobierno.

El Parlamento, órgano que elabora y aprueba las leyes, además de vigilar la aplicación de las mismas por parte del Poder Ejecutivo, no puede estar integrado por presuntos y/o delincuentes que las violen. Su credibilidad corre riesgos ante la opinión pública.

Aunque la bancada del Partido Nacional aún no se ha pronunciado, el Senador Julio María Sanguinetti y la derecha mediática, fundamentalmente, ya han salido a cubrirle las espaldas al general para salvar su carrera política y contar con sus votos toda vez que sea necesario.

Tal como están las cosas, la necesidad gubernamental de contar con los votos de Cabildo Abierto, la muy notoria y escasa voluntad del general de comparecer ante la justicia, consciente de que será procesado irremediablemente, se hace difícil pensar que la Cámara de Senadores adopte la decisión de conceder el desafuero.

Aunque las defensas de los militares involucrados han reiterado sus maniobras dilatorias para entorpecer una y otra vez los juicios la Suprema Corte de Justicia deberá posibilitar la reapertura y avance de las investigaciones en ambos casos: Roberto Gomensoro y Eduardo Pérez. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad de carácter permanente. Imprescriptible e inamnistiable.

(*) Representante de Crysol en la Comisión Especial de la Ley 18.596

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