Por Miguel Fernández Galeano (*)
El fracaso de “blindar abril” fue enorme y tiene un costo en pérdida de vidas humanas que realmente es lamentable. Abril fue tan mal blindado que el número de fallecidos que vamos a terminar teniendo, mayor a 1.600, supera ampliamente el número de muertes que hubo, no sólo en marzo de este 2021, sino también el de todos los fallecidos desde el inicio de la epidemia, que fueron, entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021: 974.
Solo ese número, pone de manifiesto, desde mi punto de vista, el dramático fracaso en la gestión de los últimos meses que ha tenido la política sanitaria del gobierno.
Me gustaría detenerme en que no se puede explicar solo por un tema que va a agravar el problema que es la aparición o el carácter dominante que va adquiriendo, aparentemente un 60% de los contagios son por la variante P1, la de Manaos, Brasil; porque los problemas se están originando en esa ola que se dejó crecer por no tomar medidas, desde mediados de febrero y aún antes, desde diciembre.
Uruguay está ocupando uno de los lugares más altos del mundo en lo que se refiere a mortalidad, justamente por no tomar medidas. Mucha gente argumenta que en todo el mundo está habiendo muertes, que la pandemia es global, nosotros tenemos para decir que, si en muchos lugares donde hay un número importante de contagios y de muertes y hay segundas y terceras olas, si no se tomaran medidas el número de fallecidos sería el doble de los que están teniendo, por lo tanto, tomar medidas de mitigación tiene una importancia absolutamente fundamental.
Cuando el presidente afirma que frente a una catástrofe sanitaria de la magnitud de la que estamos viviendo todo depende de las conductas particulares, no solo deja de asumir responsabilidades que son indelegables como gobierno, decisiones que le corresponden en la conducción del Estado, sino que desconoce las enormes diferencias sociales que existen para que las personas adopten dichas conductas. Hemos insistido mucho en la necesidad de que se garanticen las condiciones en el trabajo, pero, sobre todo, en este momento, estamos planteando que salvo las funciones esenciales debería haber un corte en las actividades, en las no esenciales, y un financiamiento correspondiente del Estado, para las y los trabajadores y los pequeños y medianos empresarios que tendrían que tomar estas medidas de parar la actividad.
Estamos ante el silencio de demasiada gente frente a la gravedad de esta realidad. Se han posicionado el Frente Amplio, el movimiento sindical, con mucha claridad, con esa convocatoria de primero la vida para celebrar el 1° de Mayo, renunciando a una manifestación multitudinaria que ha sido una cuestión representativa de la clase obrera y la clase trabajadora en pie de lucha. Esto se da ante el silencio de muchos otros y ante la naturalización de muertes evitables, el desconocimiento de que ante esto seguramente los que van a pagar el costo mayor van a ser los sectores más desfavorecidos, los más vulnerables.
Hubo dos convocatorias a un diálogo, la de la Universidad de la República y la de decenas de personalidades de los más diversos ámbitos en el Diálogo por la Vida. El gobierno no ha respondido.
No se trata de un debate filosófico respecto al tema de las responsabilidades individuales versus el papel del Estado, lo que está en juego en estos momentos, de manera dramática en Uruguay, es el derecho y el valor esencial de la vida.
En torno a ese tema tenemos que estar marcando hoy la contradicción principal, el asunto no es hoy una discusión de carácter genérico, filosófica, ideológica, sobre el papel del Estado y el papel de las personas, lo que está en juego, en forma muy concreta, en forma muy material, es poder evitar muertes que pueden ser, valga la redundancia, evitables.
En la semana epidemiológica número 58, que fue del 19 al 25 de abril, el país en general y todos los departamentos en particular están en rojo, en lo que tiene que ver con el índice que utiliza la Unión Europea, que mide la incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100 mil habitantes.
Todos los departamentos están en rojo, es decir están en riesgo, pero la mayoría de los departamentos tienen valores superiores a 500, y 8, entre ellos Montevideo, Rivera, Río Negro, Soriano, Tacuarembó, Canelones, están por encima de 500.
Cuando se llega a estos valores el mundo toma decisiones muy drásticas, las han tomado Alemania, España, o el Reino Unido, que, en un proceso de vacunación muy amplio, igual decretó en diciembre de 2020 duras medidas de restricción de la movilidad, para evitar contagios y lograr parar estos crecimientos exponenciales.
Hay mucha gente que argumenta que en muchos países que toman medidas de restricción de la movilidad igual hay un número importante de fallecidos. Lo que hay que medir es cual es la diferencia que hay cuando se toman las medidas y cuando no se toman. Hay muchos estudios que demuestran que sin tomar medidas de restricción de la movilidad el número de fallecidos se duplica.
Uruguay va a terminar teniendo 1.600 o 1.650 muertes en abril, un abril negro, que en realidad podrían haber sido muchas menos si en marzo se hubieran tomado medidas como lo pidieron el Sindicato Médico del Uruguay, 36 sociedades científicas y el propio Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).
Con el Frente Amplio estamos reclamando desde febrero la necesidad de medidas de restricción de la movilidad.
Como frenteamplistas, partiendo del mandato que nos llegara el general Líber Seregni de concebir la acción política desde la ética de la responsabilidad, no nos resignamos a naturalizar la pérdida de más vidas valiosas.
(*) Ex subsecretario de Salud Pública, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
