El FA interpeló a los ministros de Ambiente y de Salud y al directorio de OSE: reclamó la conformación de una Comisión de Crisis y un diálogo nacional para encontrar soluciones.
Uruguay vive la crisis hídrica más importante desde que se tienen registros, esto es 74 años, como consecuencia de la imprevisión, el ajuste neoliberal que recortó presupuesto y personal a OSE, la falta absoluta de obras, la suspensión de la construcción de la represa de Casupá y la apuesta al negocio multimillonario para empresas privadas que es el proyecto Neptuno, OSE hoy está distribuyendo agua que no es potable para toda la zona metropolitana.
Contrariamente a lo que señalan el gobierno de derecha y sus voceros, esta situación no es únicamente por la falta de lluvias, dato objetivo de la realidad, y menos porque supuestamente el Frente Amplio no hizo nada en sus gobiernos, que en realidad hizo mucho como lo documenta la nota de Paola Beltrán en nuestra anterior edición (*), en realidad hoy un gran porcentaje de la población de nuestro país no accede a agua potable por OSE y corre riesgos de no acceder próximamente a ningún tipo de agua, por la incapacidad del gobierno de derecha de prever la situación, de responder a la crisis y por los resultados de los recortes neoliberales a las empresas públicas, en este caso a OSE.
Al comenzar la semana el PIT-CNT, con la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), realizaron una conferencia de prensa. “Los informes que nos han dado nuestros compañeros de FFOSE nos hablan de una situación gravísima. Se podría establecer que estamos en una emergencia», advirtió el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. “Es fundamental pensar en soluciones a corto plazo, pero también en soluciones estructurales”. Agregó y convocó a la conformación de un Comité de Emergencia, con la participación de toda la sociedad, para acordar medidas inmediatas (**).
El gobierno, que no había anunciado ninguna medida y con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, antes tan afecto a aparecer en conferencias de prensa diarias ahora escondido, anunció algunas medidas paliativas y parciales. Lo hizo un día después de la conferencia del llamado del PIT-CNT a conformar una Comisión de Emergencia y un día antes de la interpelación planteada en el Senado por el Frente Amplio. Pareció más la intención de abrir un paraguas ante las críticas que la de abrir caminos de soluciones.
El miércoles el Frente Amplio interpeló en el Senado al ministro de Ambiente, Robert Bouvier, Karina Rando, a la ministra de Salud Pública y al directorio de OSE, cuya presencia fue solicitada especialmente.
Durante la larga jornada parlamentaria que culminó en la madrugada del jueves, no hubo ningún tipo de respuestas a los planteos del Frente Amplio. Tanto las autoridades presentes como las y los senadores de la coalición de derecha en el gobierno se dedicaron a atacar al FA, culparlo también de esta crisis, que ocurre en el cuarto año de su gestión, con discursos subidos de tono y hasta provocaciones, como si algo de eso solucionara el problema grave planteado.
Lo cierto es que esta situación se veía venir desde, al menos, octubre del año pasado, cuando la falta de agua llevó a declarar la Emergencia Agropecuaria. El tema es que nadie en el gobierno tomó en cuenta que esta situación también afectaba y afectaría a los seres humanos. Toda una declaración de principios de la lógica neoliberal.
FFOSE advirtió repetidas veces de la situación que se podía provocar. Más acá en el tiempo, el Frente Amplio propuso una batería de medidas el 5 de mayo, pero los senadores de la coalición de derecha se negaron a considerarlas.
Lo concreto es que estamos ante el peor déficit hídrico desde hace 74 años, En mayo no se prevén precipitaciones y en junio habrá menos de lo que históricamente hubo, según todos los pronósticos meteorológicos disponibles. Las intendencias frenteamplistas, en especial la de Montevideo, han tomado medidas para apoyar a la población, en particular a la más vulnerable. El gobierno apuesta a que la población, “responsablemente”, consuma agua embotellada. Es decir, pone en manos de empresas privadas el cumplimiento de una obligación constitucional que es del Estado. Y encima no ayuda y tampoco controla los precios, que por la especulación se han disparado.
Los reclamos del Frente Amplio y del movimiento popular, de que es necesario, entre otras cosas, controlar la calidad del agua embotellada y también los precios, y que no se puede dejar libre al mercado que los fije, no son tomados en cuenta. Como era de esperar, ante la ausencia de controles, el aumento de la demanda y la reducción de la oferta, ya provocaron aumentos de hasta el 10% en las fundas de botellas de dos litros, y de hasta el 17% en bidones de 6.25 litros.
Eso es urgente, para ya. También lo es que se asuma que la pasión neoliberal por los recortes dejó a OSE con menos posibilidad de resolver. Los recortes por partida doble: en presupuesto para inversiones y en personal, ya que la empresa pública perdió más de mil trabajadores en este período y no habilitó nuevos ingresos que contemplaran esta situación.
En otra muestra más del discurso vació y la impresión, baste señalar que el Ministerio de Ambiente que se creó en la Ley de Urgente Consideración (LUC) con gran despliegue de marketing, después recibió un presupuesto muy limitado, el menor de los 14 ministerios.
“Se sentaron a ver cómo nos quedábamos sin agua”
La bancada del Senado del Frente Amplio, ante la falta de respuestas de las autoridades convocadas, fijó su posición en una conferencia de prensa el miércoles de noche: pidió al presidente de la República que destituyera por ineptitud al presidente y la vicepresidenta de OSE y llamó a la conformación de una Comisión de Crisis, de amplia integración.
El senador de la Vertiente Artiguista y el Frente Amplio, Enrique Rubio, indicó en la citada conferencia de prensa: “Convocamos en régimen de interpelación a dos ministros y al directorio de OSE y el resultado es que no encontramos explicaciones claras, tampoco el desarrollo de los escenarios posibles, ni una explicación de en qué consiste el plan de contingencia”.
“Propusimos medidas, esperamos que el Ejecutivo las tome”, reclamó.
“No se actuó en realidad ante la crisis y hubo muchas semanas sin comunicación para que la población controlara el gasto en agua. Se ignoró la participación ciudadana hasta que se llegó a la situación límite”, dijo el legislador.
“En virtud de esto resolvimos exhortar al presidente de la República a relevar de su cargo al presidente y a la vicepresidenta de OSE. Instamos a que se conforme un Comité de Crisis integrado por todos los partidos políticos, que colabore en propuestas para los diferentes escenarios posibles, así como también a los actores sociales y académicos. Finalmente planteamos que se inicie un proceso de diálogo social y acuerdo nacional para realizar grandes obras de infraestructura con perspectivas hacia el 2045. Esa ha sido la conclusión de la bancada del Frente Amplio después de esta jornada parlamentaria”, agregó Rubio.
La senadora de Fuerza Renovadora y el Frente Amplio, Lilian Kechichián, expresó: “planteamos muy claramente que desde octubre del 2022 se tiene clara conciencia de la situación de crisis hídrica, en ese momento se determinó la emergencia agropecuaria y no hubo ni un momento para que se detuvieran a pensar que eso también impactaba al consumo humano”.
“Estamos viviendo una situación de mucha gravedad, se dejó de hablar de agua potable, ahora estamos hablando de agua apta para el consumo humano. Es una cosa muy grave para el Uruguay. Nosotros no encontramos hoy una propuesta de una agenda de soluciones para esta crisis, tan mal gestionada, que ha generado una situación dramática”, indicó.
“Entre las razones de esta situación dramática está que dejaron pasar que 1.040 trabajadores de OSE se perdieron en estos años. Nosotros planteamos que se eliminara del Presupuesto las disposiciones que impedían el ingreso de trabajadores en los ministerios con mayores dificultades, lo logramos para algunos, pero no para la OSE. Hay 1.040 trabajadores menos en OSE, nuestras intendencias, y yo creo que todas las intendencias, van a estar afines a colaborar con sus cuadrillas, para evitar las pérdidas de agua, que han sido permanentes y son parte también de este problema”, dijo Kechichián.
El senador del MPP y el Frente Amplio, Alejandro Sánchez, indicó que “lamentablemente el gobierno decidió ahorrar donde no tenía que ahorrar. Y lo que hizo fue recortar el presupuesto de OSE de inversiones y en cantidad de funcionarios. Y en el camino también bloqueó la construcción de la represa de Casupá, que tenía contratado un crédito de financiamiento con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y que efectivamente podía ser una solución estructural para atender la demanda de agua potable de la población del área metropolitana. El gobierno decidió no hacer la obra. Y la verdad es que en el cuatro año de gestión de este gobierno no tenemos ninguna obra. Es decir que los problemas que tiene el Uruguay, desde el punto de vista estructural, el gobierno no los ha resuelto. Nos quedamos sin el pan y sin la torta, por malas decisiones políticas de este gobierno”.
“Pero, además, -agregó- frente a la crisis tampoco se hizo nada. El directorio de OSE y las autoridades del gobierno se sentaron a mirar como bajaban las reservas de agua potable sin hacer absolutamente nada. Y ahora que llegamos a tener el mínimo de reserva en Paso Severino, que son 6 millones de metros cúbicos, de una capacidad de más de 80 millones de metros cúbicos, que tenía el Uruguay, empiezan a surgir medidas, como las que se anunciaron en la Conferencia de Prensa de ayer, que si se hubieran tomado hace tres meses no estábamos en esta circunstancia”.
“Se quedaron mirando como las y los uruguayos nos quedábamos sin agua”, sentenció Sánchez.
El senador Rubio agregó que “el presidente de la República ha desaparecido del escenario, esa es una de las preocupaciones fundamentales, así como en otros momentos de crisis estuvo enfrentándolas, en esta situación de la crisis hídrica no lo ha hecho, y su ausencia nos preocupa. Por eso hemos planteado medidas e instamos a que las tomen.
Amplió también las razones del pedido de relevo del presidente y la vicepresidenta de OSE: “por ineptitud, por no haber tenido competencia para adoptar medidas, cuando hace meses que se veía que podíamos estar en esta situación”.
Rubio indicó que “este es un tema de Estado, este no es un tema de partidos, es un problema que angustia a los ciudadanos, en el área metropolitana y en otras zonas”.
Ante una consulta periodística sobre que el gobierno anunciaba que se prorrogaba el crédito, una vez más, por un año, para la construcción de la represa en Casupá, Kechichián respondió: “En sala el oficialismo descartó la construcción de Casupá hasta después del proyecto Neptuno. Por lo tanto, pidieron prórroga y la podrán seguir pidiendo por muchos años, de acuerdo con lo que plantearon hoy en sala”.
La senadora de la Vertiente Artiguista y el Frente Amplio, Amanda Della Ventura, agregó que “esto demuestra lo que decimos sobre que el gobierno del Frente Amplio dejó pronta la obra de Casupá, con el crédito que la financiaba, solo restaba hacer el contrato, se va renovando cada año, pero evidentemente lo correcto hubiera sido hacerla de inmediato, tal como solicitó el presidente Tabaré Vázquez”.
Consultado sobre las afirmaciones del presidente de OSE señalando que no se habían hecho inversiones en los gobiernos del Frente Amplio y a las supuestas malas condiciones en las que recibió la empresa, Rubio respondió: “No son de recibo porque se hicieron inversiones de 1.300 millones de dólares, tanto en agua como en saneamiento. Sin el gobierno del Frente Amplio no habría la Sexta Línea de bombeo ni se hubieran invertido 525 millones de dólares en Santa Lucía. Sin el gobierno del Frente Amplio no habría 85 millones de dólares en el saneamiento de Maldonado y Punta del Este. O 140 millones de dólares en reparaciones para que no se incrementaran las pérdidas de agua. No habría existido 140 millones de dólares en el saneamiento de Ciudad de la Costa, en Canelones. Y muchos más en ciudades del interior del país. Entonces, una obra de esta envergadura, como Casupá, para una empresa que creció y que tiene 500 millones de dólares de ingresos, y que tiene un calendario de vencimientos en moneda nacional y en moneda extranjera decreciente, lo que hace que el peso de la deuda sea cada vez menor y que en pocos años la empresa lo absorba, incluso realizando nuevas inversiones. Esa es la prueba más palpable de lo que es una política pública, en una empresa pública. Esto es lo que no se entiende y por eso se opta por el camino de inversiones carísimas, de empresas privadas, tanto en la toma en el Río de la Plata, como en obras de saneamiento, que sin duda son necesarias, pero que por el mecanismo que el gobierno actual impulsa hipotecan el futuro de la empresa por una generación. Esto es complementario del descenso de los recursos humanos de la empresa y de toda la política de debilitamiento de la misma”.
(*) Enlace para la nota publicada en nuestra edición 631:
(**) Enlace para la conferencia de prensa del PIT-CNT:
