Casa de Galicia: Rechazo mayoritario al veto de Lacalle Pou en el Parlamento, pero no se alcanzaron las mayorías especiales para levantarlo.
Un nuevo golpe a las y los trabajadores de Casa de Galicia: el Parlamento a pesar de expresarse mayoritariamente contra el veto del presidente Lacalle Pou al proyecto de Ley que otorgaba soluciones a su situación, no alcanzó las mayorías especiales para levantarlo. La coalición de derecha quedó con fractura expuesta en el Parlamento y los trabajadores, que se movilizaron, anunciaron nuevas medidas y el inicio de juicios contra el Estado.
Este miércoles luego de múltiples presiones, que incluyeron llamadas personales del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a legisladores del Partido Nacional para que cambiaran de posición, el Herrerismo logró que el veto presidencial a tres artículos de la ley para solucionar la situación de las y los trabajadores de Casa de Galicia tras su cierre no fuera levantado, aunque tampoco consiguió los votos para respaldarlo.
Lo que hay que señalar en primer lugar es que la situación más grave es la que viven cientos de trabajadoras y trabajadores, médicos y no médicos, de la mutualista Casa de Galicia que no pudieron cobrar sus créditos laborales tras el cierre de esta. Con la propuesta del Poder Ejecutivo cobrarían una cuarta parte de lo que les corresponde.
El miércoles se movilizaron miles de trabajadores de la salud privada, en el marco de un paro convocado por la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). El reclamo, acompañado por la dirección en pleno del PIT-CNT, era que se levantara el veto interpuesto por Lacalle Pou al proyecto de ley que brindaba cobertura a los créditos laborales impagos a las y los trabajadores de Casa de Galicia, votado por mayoría, y con los votos de legisladores de todos los partidos, tanto en Diputados, como en el Senado.
Tras votarse la iniciativa, Lacalle Pou le interpuso un veto parcial, argumentando que era inconstitucional y que ponía en peligro el equilibrio fiscal y hasta “el grado inversor” del país y empezó a presionar a los legisladores de la coalición de derecha que lo habían votado a que cambiaran de postura.
La votación
El miércoles se convocó la Asamblea General. Para levantar el veto presidencial la Constitución establece que deben rechazarlo los tres quintos de cada Cámara y ese número es de los legisladores presentes en el momento de la votación.
Al momento de votarse, en el Senado fueron 17 los votos negativos al veto y 12 los que respaldaron la decisión de Lacalle Pou, mientras que en Diputados la votación resultó 56 por levantar el veto y 41 defendiéndolo. Con los senadores presentes en sala al momento de la votación se hubiesen necesitado 18 votos negativos, por lo que solamente faltó 1 voto. En Diputados, con 97 presentes, eran necesarios 59 votos para levantar el veto, en este caso faltaron 3.
Votaron rechazando al veto presidencial los 13 senadores del Frente Amplio, los tres de Cabildo Abierto y Sergio Botana, del Partido Nacional. El senador colorado Raúl Batlle y el nacionalista Juan Straneo, suplente de Juan Sartori, se retiraron de sala durante la votación. Ambos habían votado en el Senado a favor del proyecto de ley.
En Diputados también fue mayoritaria la posición de rechazo al veto de Lacalle Pou, pero no alcanzó la mayoría especial de tres quintos para levantarlo.
Hay que señalar que el rechazo al veto de Lacalle Pou, aunque no alcanzó las mayorías especiales establecidas en la Constitución para levantarlo, fue mayoritario en ambas cámaras. Rechazaron el veto, todas las y los legisladores de Frente Amplio, todas las y los legisladores de Cabildo Abierto y varios del propio Partido Nacional, también del Partido Colorado, o votando o retirándose de Sala.
Planteo político del FA
Al culminar la votación, decenas de trabajadores que estaban en las barras de Parlamento, increparon a viva voz a los legisladores oficialistas que respaldaron el veto. Se vivieron momentos de tensión y quién presidió la sesión de la Asamblea General, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, desalojó las barras y levantó la sesión. Tomó esta decisión sin aclarar dudas sobre el alance de la votación y los pasos a seguir planteados por legisladores frenteamplistas.
Esta situación fue planteada en una conferencia de prensa por las bancadas del Senado y Diputados del Frente Amplio, tras culminar la sesión.
En la conferencia, las y los legisladores frenteamplistas expresaron su “solidaridad” con las y los trabajadores de Casa de Galicia y denunciaron la “vulneración nuevamente de sus derechos”.
El diputado Carlos Varela, de Asamblea Uruguay, señaló que “no hubo la explicación que se solicitó sobre los artículos 138 y 139 de la Constitución. Había senadores y diputados anotados para pedir la aclaración necesaria y desde nuestro punto de vista tanto el artículo 138 y como el 139 son de absoluta claridad: la Asamblea General no confirmó el veto, tampoco lo levantó”.
Según explicó Varela: “Hay un plazo de 30 días para que tomemos una decisión de convocar una nueva Asamblea General, si es que lo consideramos necesario. Pero es importante aclararlo, el veto no se confirmó, porque no se alcanzaron los tres quintos tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados para dejarlo firme”.
De acuerdo con lo que recoge, Montevideo Portal, el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, compartió la interpretación planteada por Varela y el Frente Amplio.
Gandini escribió en la red X: “Sobre la interpretación del resultado de la votación, comparto que no hubo tres quintos para levantar el veto, pero tampoco los hubo para confirmarlo, como lo exige el artículo 138 de la Constitución, por lo que deberán pasar 30 días para confirmar el veto del Poder Ejecutivo, como lo prevé el artículo 139”.
Por su parte el senador de la 1001, Óscar Andrade, destacó que “una amplísima mayoría estuvo en contra del veto” y enfatizó que “algunos votos que faltaron”, para lograr las mayorías especiales que marca la Constitución, fueron de legisladores que “abandonaron la sesión”.
La intervención de Oscar Andrade
EL POPULAR publica un resumen de la intervención del senador Andrade en la Asamblea General.
“En general, tenemos una contradicción profunda en el sentido de que en el discurso todos sostenemos que es muy importante construir acuerdos políticos sobre temas importantes, pero en el diálogo político tenemos insuficiencias para construirlos.
Si uno revisa la historia, verá que sobre este tema tenemos acuerdo político. Hace más de cuarenta años que se empezó a tratar el asunto de la insolvencia patronal en Uruguay por el grupo que dirigía Plá Rodríguez, el Grupo de los Miércoles, recogiendo experiencia internacional: desde el año 1967, en Bélgica; en la Organización Internacional del Trabajo, posteriormente, en el año 1992, en el Convenio Nº 173; hasta que en esta Casa cayeron simultáneamente dos proyectos de ley, uno del Partido Colorado y otro del Frente Amplio, en la primera legislatura pos recuperación de la democracia.
Si uno revisa la discusión parlamentaria, encuentra que esos dos proyectos de ley eran mucho más exigentes que el que se votó en el año 2018. Fíjense que el que presentó el Partido Colorado establecía un aporte patronal veinte veces superior al que terminó aprobándose en el año 2018, y el proyecto de ley que presentó el Frente Amplio, diez veces superior.
A principio de los noventa esos proyectos se unificaron, y se volvieron a tratar en el 2000. Pido que revisemos la versión taquigráfica de todas las ocasiones en que las delegaciones vinieron a opinar sobre la posibilidad de que la seguridad social cubriera la insolvencia patronal. Estuvieron la cátedra, la academia, los sectores empresariales, el movimiento sindical y en ningún caso quienes estuvieron a favor o en contra de ampliar la normativa para proteger los derechos laborales reitero, en ningún caso tuvieron en consideración la posibilidad de que créditos posconcursales quedaran fuera de la cobertura por parte de la seguridad social.
Esa es la interpretación que hace la Jurídica del BPS, que creo que es la que provoca este problema a nivel político, social y jurídico. ¿Es una interpretación posible? Sí. Tanto es así que presentamos un proyecto de ley para que no haya diferencias en lo interpretativo. Pero es posible apenas; no es cierto que sea única. De ninguna manera, leyendo el texto de la ley, podemos concluir que la única interpretación sea que los créditos posconcursales queden fuera de la posibilidad de la cobertura del fondo de insolvencia patronal. ¡Al contrario! Si uno repasa los ejemplos de la larga discusión parlamentaria de más de tres años y medio que en el período pasado dieron todas las partes, tanto empresarios como trabajadores, hay una sola conclusión posible: el fondo de insolvencia patronal cubre los créditos posconcursales. Tanto es así que alcanza con mirar las ponencias de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industrias, de organizaciones sociales que estaban en contra de que la seguridad social cubriera los créditos laborales, pero no tenían dudas de que lo que estábamos votando, el proyecto de ley que en principio planteó el Frente Amplio y que luego fue enviado por el Poder Ejecutivo, debía cubrir tanto créditos preconcursales como créditos posconcursales. (…)
Ahora, ¿la discusión que tenemos es solamente jurídica? De ninguna manera. La discusión es política y social; no es solamente jurídica; aunque es también jurídica. Uno repasa la ley y el artículo 6° no deja dudas de ninguna naturaleza en cuanto a que los ex trabajadores de Casa de Galicia deberían estar cubiertos. El literal A) habla de sueldos o jornales y en los siguientes, de licencias, sumas para el mejor goce de la licencia anual, indemnización por despido, la multa del 10% por atraso. No deja dudas.
Sin embargo, el BPS se remitió al informe que presentó la asesoría jurídica. De ahí viene el proyecto de ley. El proyecto de ley construyó amplio consenso social y político. Prácticamente, no hubo votos en contra en el Senado. Hubo votos de senadores del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, del Partido Nacional y del Frente Amplio.
Cuando se trata este tema en la Cámara de Representantes, que es la Cámara que tuvo más tiempo en el período pasado considerando el fondo de insolvencia, esto es, que la seguridad social cubriera los despidos, allí teníamos una dificultad, que estribaba en que carecíamos de estadísticas desde el punto de vista de la discusión tributaria para saber cuánto iba a costar el fondo de insolvencia patronal. Lo terminamos resolviendo con una combinación en la redacción que estableció dos cosas: si lo recaudado por el fondo de insolvencia patronal era suficiente y tenía excedente, facultábamos al Poder Ejecutivo a que dejara de recaudar para nutrir el fondo de insolvencia. Pero en la otra hipótesis, si lo recaudado para cubrir la insolvencia patronal era insuficiente, el Poder Ejecutivo debía integrar a cuenta del fondo de insolvencia patronal. Es un aporte que hace el Poder Ejecutivo, pero que cobra del fondo de insolvencia patronal, como bien dice la ley, para hacerse cargo de las obligaciones que asume dicho fondo. Esa fue la forma de resolver en el texto una dificultad práctica. (…)
Hay trabajadoras y trabajadores que estuvieron diez, quince o veinte años trabajando para esa mutualista que hoy están ante una situación de insolvencia. Se coloca en la ley la circunstancia de sentencia firme para evitar fraude. ¿Alguien puede sostener en esta Asamblea General que los ex trabajadores de Casa de Galicia están haciendo fraude o que no están ante un derecho adquirido en materia de cobro de despidos? Porque los resguardos, y creo que de ahí viene la confusión jurídica, que después deriva en esa resolución de la sala jurídica del BPS, la decisión administrativa, tienen relación con que lo que intentamos proteger es que no hubiera fraude contra el fondo. Pero acá todos los legisladores sabemos que los trabajadores sí tenían años, sí fueron despedidos, sí cerró la empresa y sí está en insolvencia.
¿Corresponde o no el fondo para estos casos? El fondo fue pensado para estos casos. Recuerdo los casos de Fripur y Motociclo; se dio la circunstancia de que a pesar de haber tenido la ley de concurso componentes preferenciales para la indemnización, quedaba un lote de trabajadores sin indemnización. Todos créditos posconcursales. Eso llevó a que esta ley fuera aprobada por la unanimidad de los partidos políticos. Esta no fue una ley que se votó por mayoría del Frente Amplio, sino que con aportes de todos los partidos políticos en el Senado y en la Cámara de Diputados decidimos que había que fortalecer la respuesta del Estado a la parte más débil. Y eso honra una riquísima tradición del Uruguay, que fue de los primeros países de América Latina y del mundo en votar la jornada de ocho horas, un año antes de votar la ley de salud y seguridad en el trabajo, de ampliar derechos sociales y de seguridad social.
¿Cuáles han sido las argumentaciones para negar a los ex trabajadores de Casa de Galicia la posibilidad de indemnización por despido? Una interpretación de la norma en contra de lo que el legislador quiso resolver, y es esta Casa la que tiene que hacer respetar su decisión. Reitero: para ello, alcanza con leer las versiones taquigráficas.
Sin embargo, hay otra argumentación que es todavía mucho más pobre que escuchamos en la Comisión de Legislación del Trabajo. Se argumenta que como se dio seguro de paro a los trabajadores, de alguna forma, habría que contabilizarlo como una parte del pago de la indemnización por despido.
¿En qué parte de la discusión de la extensión del seguro de paro que votó esta misma Casa estaba que eso iba a cuenta del cobro del despido? (…)
En cuanto a los trabajadores a los que les otorgamos el seguro de paro especial, ¿en qué interpretación jurídica, política o social puede considerarse que es una forma de pago adelantado del despido?
Se dice, además, que son trabajadores privilegiados. Pero se trata de trabajadores que estuvieron al frente de una mutualista, en la salud, y esa es una distinción especial. Como saben, esta misma Casa hizo un reconocimiento a los trabajadores de la salud por el papel que jugaron al estar en la primera línea de fuego en el momento más dramático que tuvo el Uruguay, el de la pandemia. Además, no tenían opción. Cuando se da el proceso de liquidación, no podían irse porque no es una fábrica que está haciendo tornillos: hay pacientes. Entonces, se establecieron los mecanismos para garantizar la continuidad asistencial, y estuvo bien que se hiciera así.
Ahora, después de eso, no se puede, bueno, se puede, pero está mal, recostarse sobre la interpretación de que, entonces, todo lo que generaron a partir de ahí queda por fuera de la posibilidad del fondo de insolvencia patronal porque no fue para eso que se creó el fondo después de tres años y medio de discusión. (…)
Creo que el Parlamento tiene una posibilidad. Pienso que el veto del señor presidente es producto de estar muy mal asesorado en el tema. Comparto la opinión que creo que dio a conocer el señor legislador Botana; fue muy mal asesorado en este tema. Además, la norma dice que ante una sentencia judicial firme el reclamo debe cubrirlo el fondo de insolvencia patronal. ¿Alguien piensa que alguno de los trabajadores de Casa de Galicia no gana el juicio por despido? Bueno, estaríamos colocándonos en otra posición inadmisible desde el punto de vista político, algo que dice la fundamentación de la ley concursal.
Muchas veces, ante una situación de concurso, se fuerza al acreedor con una propuesta ruin, eso aparece textualmente en la exposición de motivos: ruin, porque está en condición de debilidad para aceptar lo que sea. Entonces, plantear a los trabajadores y a las trabajadoras de Casa de Galicia una cuarta parte de lo que el fondo debería cubrirles es una propuesta ruin, como dice la ley de concursos. Es aprovecharse de trabajadores que hace dos años que están sin empleo actualmente sin seguro de paro, para ofrecerles la cuarta parte de lo que la ley les tendría que cubrir, y hacerlo en estas fechas todavía es más complejo.
Cuando votamos por no, que implica rechazar las observaciones del Poder Ejecutivo, estamos votando por sí. ¿Qué estamos votando por sí? Un trabajoso acuerdo político construido con los votos de todos los partidos políticos después de cuarenta años de presentados los primeros proyectos de ley que casi decidieron que Uruguay estuviera a la cabeza de América Latina como uno de los primeros países en materia de cobertura laboral no solo protegiendo el salario, sino cubriendo a los trabajadores con indemnizaciones por despido ante una situación tan dramática como el cierre de una empresa.
Esto tiene que ver con Casa de Galicia, pero no solo con ella, porque si dejamos firme esta interpretación, mañana, en la etapa previa del concurso, la fuerza laboral decidirá ir por el camino del despido y no por el del concurso para salvar la unidad productiva
Esto tiene que ver con Casa de Galicia, pero tiene bastante más que ver con cómo construimos herramientas que protejan a la parte más débil de la relación laboral y que se piense en función del país.
Como creemos que se cometió un profundo error con el veto, aunque sabemos que es de justicia que el Parlamento libremente defienda lo que votó, vamos a votar rechazando el veto del señor presidente de la República”.
Foto de portada
Acto previo a la Asamblea General por el tema Casa de Galicia, en el Palacio Legislativo. Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.