La Justicia intenta proteger a los más vulnerables al identificar que son víctimas de violencias en su familia de origen y determina su ingreso al sistema de protección, pero una vez en él no hay garantías de protección.
Paola Beltrán
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene como objetivo “garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía a todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho (…) como rector de políticas destinadas a promover, proteger o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, articulado en un Sistema Nacional de Infancia en el marco de la Doctrina de la Protección Integral”. Sin embargo, y tal como lo denuncia la integrante del Directorio de la Institución por el Frente Amplio, Natalia Argenzio y su equipo a EL POPULAR, el INAU no cumple con sus obligaciones con catastróficas consecuencias para los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) más vulnerables de nuestro país.
Los desprotegidos
Uruguay tiene infancias y adolescentes en contexto de altísima vulnerabilidad socioeconómica. Los números indican que existen 150 mil niños y niñas bajo la línea de la pobreza y un aumento de más del 70% de la judicialización de las infancias. Si bien el aumento de las denuncias implica que la sociedad logra identificar las violencias y denunciarlas, como Estado estamos llegando tarde.
El indicador más claro de esta realidad es evidente: aumentaron las reiteraciones de denuncias a la “Línea Azul» que es la línea telefónica específica para presentar denuncias de situaciones de vulnerabilidad de derechos de NNA. Más concretamente, la Directora del FA en el INAU informó a EL POPULAR que en los últimos tres años la reiteración de las denuncias aumentó un 112%. “No se están atendiendo las situaciones o se llega muy tarde”.
La publicación de indicadores “alcanzables” de la actual administración, comandada hasta hace unas semanas por Pablo Abdala, que dejó su cargo para hacer campaña por la candidatura del actual Secretario de Presidencia Alvaro Delgado, invisibiliza, de manera deliberada la problemática de vulneración que están transitando las infancias y adolescencias en el propio sistema de protección.
Modelos de atención
En el último período de gobierno del FA se definió el cambio del modelo “asilar” hacia un modelo donde se priorizara el “Derecho a vivir en familia”. “Durante décadas se creyó que las instituciones a modo de internados eran la propuesta adecuada cuando los niños no encontraban los cuidados en sus familias de origen. Actualmente, se sabe, con total evidencia, que la institucionalización produce efectos negativos en el desarrollo de los niños, con especial preocupación en la primera infancia y, más aún, cuando se trata de internaciones tempranas y prolongadas” se expresa en la “Relatoría del seminario internacional “Derecho a crecer en familia. Hacia un modelo alternativo a la internación” realizado el 9 de junio de 2015, organizado por el INAU y UNICEF.
A pesar de que el INAU comenzó a transitar hacia la reconversión de los “Hogares” a “Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar” (CAFF) y que los modelos tenían su diseño y su justificación académica, técnica y contaban con el aval de UNICEF en el marco de la normativa vigente, al asumir las nuevas autoridades en 2020 se decidió no avanzar. La respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a la integrante del Directorio por el FA al solicitar los presupuestos para avanzar en esta política fue: “¿por qué no lo hicieron antes?”. El prejuicio político y el ajuste, primó sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Al día de hoy el INAU tiene 84 Hogares modalidad asilar y 35 CAFF. Sin embargo, al poner la lupa sobre los CAFF cuentan con educadores con muchísimo compromiso pero sin acompañamiento, capacitación y formación por lo que terminan acompañando el cotidiano. Faltan equipos técnicos que acompañen los procesos de los NNA.
Otra herramienta que acompaña este modelo pero que esta gestión de gobierno ha deformado en su concepción es la de “Familia Amiga” en el marco de “Acogimiento Familiar”. El mal uso de esta herramienta genera “revictimización”.
Para que el “Acogimiento Familiar” fuese una herramienta de protección tenía que estar acompañada de un tiempo de atención individual por equipo desde INAU. Este equipo trabajaba en un proceso con el objetivo de posibilidad de revinculación con su familia de origen o de lo contrario pasar a una condición de adoptabilidad.
Actualmente, los NNA pasan a estar en una “Familia Amiga”, la cual recibe 3 BPC por cada sujeto de derecho (16680 $) pero no existe un acompañamiento por parte de INAU, no hay seguimiento. “Hoy tenemos más de 2000 NNA en modalidad de “Acogimiento familiar» y no nos han dicho, hasta el día de hoy, hace tres años que estamos en la gestión, qué equipo, qué dupla, quién está haciendo el acompañamiento de cada situación”, denunció Argenzio. Y por lo tanto, la modalidad pasó a ser una herramienta poco garantista de derechos.
El ajuste sobre los derechos
Es importante tener claro que no se trata de que el sistema de protección estuviese mejor “antes” sino que había un proceso de acumulación de saber, de estudio y elaboración de modelos que fue avanzando luego de que los problemas fueron identificados. El problema es que este avance que debería haberse continuado en el marco de una política se abandonó, he aquí el retroceso.
Una explicación para esta definición, además del prejuicio político que señalamos antes, se relaciona con el decreto 90/020 del Poder Ejecutivo que implicó el ajuste del “gasto” en particular a lo referido a cubrir vacantes bajo la excusa de “que la presión fiscal derivada del excesivo gasto en función del nivel de ingreso del país, compromete las bases de crecimiento de largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público”. Si bien, para el caso de INAU no había una obligación de la aplicación del decreto sino una exhortación, la institución fue el alumno “más aplicado” en esta reducción.
Un ejemplo son los doscientos cincuenta trabajadores y trabajadores de concurso por oposición y mérito que quedaron de la administración anterior, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales y educadores que podrían haber sido de ingreso inmediato de esta administración en el 2020 pero que el Directorio oficialista decidió no homologar y dejar sin efecto todas las listas de prelación que se habían realizado en la administración anterior. Una vez más, el problema era que venían “de la administración anterior”.
En su lugar se hizo un llamado a talleristas precarizando los contratos laborales y disminuyendo las garantías que daban los procesos de llamados descartados ya que los realizados en este caso fueron solo de mérito y entrevista. No hubo ni prueba, ni psicotécnico. Incluso quedaron primeros en la lista personas que habían tenido en el concurso mérito cero y entrevista 60%.
Esto también es un factor que suma a la desprotección. Este instituto trabaja con violencias y de las peores formas de violencia hacia NNA, el trato directo todos los días es realmente estresante y para poder garantizar el cuidado debe que garantizarse que los trabajadores y trabajadores estén cuidados además de tender a la profesionalización, sin embargo, nada de esto ocurrió.
Argenzio explicó que para cambiar un sistema de protección se requiere un impulso, una inyección económica. El equipo del FA había hecho un estimado de que INAU necesitaba aproximadamente dos mil millones de pesos en el año 2020 para iniciar este impulso de sistema de protección inicial. Son aproximadamente cincuenta millones de dólares, lo que se “ahorró” en estos tres años de gestión.
Se podría haber transformado el sistema de protección de dejar la modalidad asilar a reconvertirnos en la modalidad CAFF. Era el camino que se había iniciado en el último período de gobierno del FA. El modelo de la academia que presenta el modelo CAFF, el equipo programático de INAU con consultorías de UNICEF que desarrollaron lo que se llama la «Caja de Herramientas». Esta fue una propuesta pensada en base a experiencias de otros países. Se eligió no hacerlo.
Existe un mal uso de los recursos. Si se trata de ahorrar o mejor dicho de ser eficiente en el uso de los recursos económicos, existen otras formas que no dejan por el camino los derechos de los NNA.
La “Red Latinoamericana de acogimiento familiar» (RELAF), mide los sistemas de protección de América Latina. Midió cuánto sale un modelo asilar y cuánto sale restituir derechos. El primero tiene un costo, por sujeto de derecho, de 2500 dólares y el segundo 570 dólares mensualmente. Para llegar a esa baja debe aplicarse el “Acogimiento familiar” de manera integral, con garantía de protección que acompaña y genera el acompañamiento de recursos humanos, la transferencia económica y la implementación del modelo CAFF. Si se camina hacia una lógica de restitución de derechos, una vez que ingresa al sistema un NNA, en un máximo de dos años volvió con su familia de origen o está en un proceso de adopción con una familia adoptante, eso es restituir derechos. Se trata de ser “hijo”, “hija”, de tener referentes familiares responsables, tutores que respondan a esa protección, de lo contrario se trata de caridad. Actualmente se volvió a poner en la mesa lo mal llamado “solidaridad ciudadana», a convocar a la ciudadanía a que se postule como “Familia amiga». Si postula como familia amiga pero desde la Institución no se ponen los recursos humanos para acompañar en la restauración estoy frente a una situación de “caridad”.
Consecuencias sobre los derechos
Retroceder en una política de restitución de derechos, precarizar a los trabajadores y trabajadoras, ajustar el presupuesto en base a prejuicios políticos y negar los avances académicos, de la Sociedad Civil y de la propia Institución en la elaboración de modelos de protección garantistas tienen consecuencias en las vidas de miles de niños, niños y adolescentes a los que nadie cuida.
Como consecuencia de no tener un modelo de abordaje ante la complejidad de las situaciones con las que ingresan los NNA se producen situaciones en donde adolescentes vinculados al sistema de protección son captados por redes de explotación sexual, o son víctimas de violencia sexual estando en contexto en el marco de “Acogimiento Familiar”. “Tenemos casos de este tipo” señala Argenzio.
No existen las herramientas para abordar situaciones de salud mental con integralidad. Casos de abuso sexual en primera infancia están en lista de espera. De esta forma se producen alteraciones del desarrollo debido a que las violencias son precursoras de estas alteraciones. Un NNA ingresa al sistema, transita por él durante diez años, no logra tener una referencia afectiva, cuando cumple 18 años no se le otorga la prórroga porque no adhiere a ninguna propuesta educativa. El sistema lo expulsa y no hay trazabilidad después que se cumplen los 18 años; de cómo se insertan a la sociedad estos ciudadanos. “De repente se apagó la luz, nadie sabe qué pasa con ese adolescente que pasó a ser un joven al egresar del sistema”.
Argenzio explicó que se intentó avanzar en relación a las prórrogas. En conjunto con la sociedad civil, con los equipos de INAU que atienden el sistema de protección de adolescentes y también que trabajan con las propuestas de egreso se indagó acerca de los procedimientos de egreso, de documentación a nivel institucional sobre el tema, mecanismos para establecer un procedimiento que no llevara a la negativa, para que a nivel técnico no se valore como un elemento para la denegar la prórroga el hecho de que no adhiere al sistema educativo sino lo contrario, si un adolescente no adhiere debería ser una razón para continuar el acompañamiento porque no desarrolló las herramientas para afrontar la autonomía. Hasta el momento no se logró que el Directorio oficialista acepte estas recomendaciones.
Por otro lado, las “salidas no acordadas” y la desvinculación del sistema pasados los 60 días son otro elemento que preocupa. Se burocratiza una definición, se torna no garantista de derecho. Nadie busca a ese adolescente. El tiempo pasa y se desvincula.
“Parece que es mejor que se vayan para tener un cupo más para ingresar, porque de lo contrario no se explica que haya la misma cantidad NNA en el sistema de protección cuando aumentaron los indicadores de vulneración de derechos y cuando no tengo registros específicos que garanticen el egreso”, denunció la Directora por el FA.
Durante 2022, un total de 1.025 NNA salieron 6.018 veces, sin acordar y sin avisar a los referentes adultos, exponiéndose a situaciones de riesgo. Se constató que existe una vinculación directa entre “salida no acordada” y explotación sexual y si bien estas situaciones han sido relativizadas por parte del oficialismo, los casos públicos de Durazno, Artigas, San José y Montevideo, dejan patente el estrecho vínculo en estos dos indicadores.
Patologización de la vulneración
La situación de salud mental de NNA que requieren ingreso a clínica por procesos agudos responden a factores estructurales que derivan de no generar acompañamientos psicoterapéuticos, de no habilitar la prestación de “Ayudas extraordinarias” que presta el BPS para ser atendidos en una Institución especializada, de no atender la integralidad en el momento en que se detecta el problema.
De esta forma, en el transito por este sistema de protección que no protege, que no genera estos procesos psicoafectivos de restauración se van agregando otras situaciones de exposición al riesgo porque no se logran generar factores protectores exponiéndose al consumo problemático, a situaciones de violencia dentro del sistema de protección, a abuso sexual entre pares, situaciones con el medio adulto. Al aumentar el daño, en determinado momento se produce la crisis y si la crisis se trata como trastornos de salud mental que requiere una internación de agudo y no se trata como una expresión de un daño ocasionado por otras situaciones lo que hace el sistema es patologizar la vulneración de derechos.
El 50% de los NNA, permanecen internados contando con alta médica, existiendo situaciones en que la misma excede el año. A la vez que hay menos cupos, más demanda y menos fondos por las transferencias de dinero a ASSE.
Esta dinámica de atención del emergente es permanente. Los adolescentes llegan a un Centro de Breve Estadía donde se realiza un primer diagnóstico y derivación. Termina en una clínica psiquiátrica y luego del alta debería tener una atención específica, por ejemplo, en un Centro de “Medio Camino” pero al no contar con esa respuesta por falta de cupo deben volver al Centro de Breve Estadía; vuelve a la misma estructura que no la contiene y no la cuida y a lo quince o veinte días vuelve a la clínica. Es una perversa “puerta giratoria”.
Es decir, la justicia intenta proteger a los más vulnerables al identificar que son víctimas de violencias en su familia de origen y determina su ingreso al sistema de protección, pero una vez en él no hay garantías de protección. Entonces ¿qué les queda? Nada.
Ponerse a la altura
Las políticas de infancia y adolescencia se constituyen en políticas de Estado cuando se miran desde la interinstitucionalidad; la seguridad social para garantizar el acceso a todas las NNA a las ayudas extraordinarias, la salud puramente abocada a atender a todas las NNA que están transitando vulnerabilidades y problemas de salud mental, un sistema educativo que genere procesos alternativos para acompañar las alteraciones del desarrollo y un INAU que proteja.
El 20 de noviembre se celebró el “Día internacional de los derechos de Niños, Niñas y adolescentes”. Muchas organizaciones de la Sociedad Civil elaboraron una plataforma integral con la consigna “Ponete a la altura”, convocando a la opinión pública, la academia y las instituciones no solo a mirar estos problemas sino a “observar” las problemáticas que atraviesan los NNA.
En ese marco y finalizando la extensa nota Natalia Argenzio y su equipo expresaron “Me pongo a la altura escuchándolos, creyéndoles y garantizándoles la protección. Les creo a los 43105 oficios que vinieron del Poder Judicial, les creo a las 7347 NNA que están en el sistema de protección, entonces si les creo y les respeto, bueno, tengo que protegerlos y para eso, desde este lugar tengo que dirigir los presupuestos a la concreción de estrategias para poder atender las problemáticas que tienen hoy”.
Foto de portada:
Natalia Argenzio durante el lanzamiento de la campaña “No hay excusas” contra la explotación sexual de niños y adolescentes, en la sede del INAU. Foto: Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS.
