Gonzalo Perera
El pasado jueves 15 de junio, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado Uruguayo, requerido por el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a los brutales asesinatos de Diana Maidanic, Laura Raggio y Silvia Reyes (“las muchachas de abril”) y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Oscar Tassino Asteazú. El dictamen especificaba las presencias requeridas, la forma de realización y difusión del acto, las medidas de reparación y contención que deben destinarse a las familias afectadas, etc. Entre las presencias que se exigía, figuraba, como es obvio, las “altas autoridades del Poder Ejecutivo”. Lo que más naturalmente se corresponde con esa exigencia es la presencia del Presidente de la República, que es la cabeza del Poder Ejecutivo y a la vez el máximo representante del Estado Uruguayo y Jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Luis Lacalle Pou no asistió y su ausencia no pasó desapercibida. Tanto como para que Karina Tassino, en su excelente intervención a nombre de las víctimas, expresara lo lamentable de dicha ausencia. Además, se pudo entender el carácter absolutamente deliberado de la ausencia, puesto que quien representó al Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Beatriz Argimón, expresó en su intervención que Lacalle Pou le solicitó semanas atrás que tomara a su cargo este asunto. Finalmente, si bien el primer mandatario había estado de viaje para recibir una medalla que ha sido otorgada, entre otros, a Mauricio Macri y Mario Vargas Llosa (sin comentarios), en el momento de realizarse el acto estaba en el territorio nacional.
Ese hecho, que podría parecer una anécdota, es sin embargo una síntesis de toda una forma de gobernar y concebir la política. Para no generar ninguna confusión, aclaremos que no se trata aquí de cuestionamientos de forma. Pues la sentencia de la CIDH exigía la presencia de altas autoridades del Poder Ejecutivo y la vicepresidenta Argimón obviamente cubre esa exigencia. El problema es sustantivo, de fondo.
El 21 de marzo del 2012, el Estado Uruguayo reconocía su responsabilidad ante otra sentencia de la CIDH, relativa a María Claudia García Iruretagoyena de Gelman. El vicepresidente Danilo Astori también estaba presente, pero quien dio la cara por el Estado uruguayo fue el presidente José Mujica.
El fondo del asunto es qué se entiende que es el Presidente de la República.
En la versión de Lacalle Pou, es una suerte de showman bizarro, que hace apariciones en casi cotidianas conferencias de prensa en relación con el COVID 19 mientras el número de casos es muy bajo. Cuando los casos se dispararon, hasta llegar a cobrar 7.500 vidas, el presidente se borró con la rapidez que se borra una huella en la arena cubierta por el mar, alegoría a tono con su importante dedicación al surf. O que declara su apoyo firme a Gustavo Penadés ante las denuncias de las que ha sido objeto (lo cual puede ser considerado un acto de presión del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial), para, poco tiempo después, sin que hubiera aún sentencia judicial, manifestar que las denuncias eran muy complejas y que uno no conoce a fondo a las personas. O intentar minimizar y bromear sobre el problema del agua, para desaparecerse como por arte de magia, cuando la crisis hídrica alcanza niveles dramáticos en el área metropolitana. O fingir demencia ante la agobiante crisis de seguridad, con varios homicidios por día, cuando había prometido solucionar los problemas de seguridad en 24 horas y eso que en su primera jornada en la Torre Ejecutiva convocó a todos los jefes de Policía del Uruguay para declarar públicamente que él estaría personalmente a la cabeza de dicha “solución”. Para no aburrir con los innumerables ejemplos, digamos, en resumen, que Lacalle Pou entiende que el cargo que debe ocupar por aún 20 meses más es para figurar sonriendo cuando toca cosechar las buenas, y esconderse bajo las piedras cuando hay que hacer frente a las malas.
Si lo anterior es una frivolidad e irresponsabilidad, aún peor es la escasa o nula comprensión del espíritu republicano que muestra el primer mandatario. Su investidura representa a la República y a todos los habitantes de este país, incluyendo un conjunto de valores e instituciones. Cuando Uruguay debe asumir responsabilidad por actos de Terrorismo de Estado, el interpelado no es Mujica ni Lacalle Pou, es la República misma, sin tomar en cuenta opiniones, afinidades o involucramientos personales o de allegados en los hechos en cuestión. Negarse a asistir, tomando distancia y transmitiendo una suerte de “este asunto no es mío, es de otros”, es no entender que la República nos comprende a todos. No somos nosotros los que vamos a proclamar visiones idílicas de la sociedad, de “todos tirando para el mismo lado”, como si no existieran contradicciones de clase, explotación sistémica, etc. No somos nosotros los que nos sumaremos a la sanata de “evitar la generación de grietas”, porque la grieta entre el explotado y el explotador es indisimulable y en ese discurso conciliador suele esconder la intención de acallar la protesta de los de abajo. Pero sí somos nosotros lo que exigiremos siempre el respeto a la democracia, e inmersos como estamos en un sistema republicano, el rechazo a la trasmisión de mensajes que alienten artificialmente agresiones y odios. Como ejemplo de ello, el mero hecho de comentar en redes sociales que era imperdonable la ausencia de Lacalle Pou en el acto del 15 de junio me hizo recibir mensajes de odio en niveles que no registraba hace tiempo. Muchos de esos mensajes se pueden haber generado solitos, pero probablemente la actitud presidencial de decir “este asunto es de ellos”, fue de alguna manera factor impulsor o validador de esas conductas de odio a todo lo que se identifica como izquierda.
Finalmente, la República es una forma de convivencia en sociedad. que suele aparecer como superación de las monarquías, partiendo de la base del igual valor y dignidad de todo ser humano, sin distinción alguna. Todos sabemos que la realidad, como ya comentamos, dista mucho de ser el reflejo de esta concepción. Pero todo será mucho peor sino mantenemos esa concepción igualitaria y dignificante de cada persona como forma de convivencia debida. En el acto del 15 de junio estaba involucrado el asesinato de dos chiquilinas de 19, una de ellas embarazada de tres meses, y otra chiquilina de 22. Merecedoras del cuidado y respeto que se debe a toda persona de esa juventud, sea cual sea su cuna, ocupación o forma de pensar. En el acto del 15 de junio estaba involucrada la desaparición forzada de dos hombres de familia, tanto que fue una de sus hijas la que puso la voz a la causa de la dignidad, de la memoria, verdad y justicia. No empatizar y tener un gesto de soberbia y desdén ante semejantes casos, podría ser esperable en uno de esos príncipes de sensibilidad anestesiada y egocéntrica que suelen brotar en las familias reales, pero jamás, nunca, de ningún modo, en el presidente de una República.
No cabe otra conclusión que Lacalle Pou ni siente, ni entiende los valores republicanos. Es notorio que su accionar es más propio de la aristocracia altanera, la obsoleta monarquía o el terrible franquismo, que de la República y los valores democráticos.
Es evidente que Luis Alberto Lacalle Pou ejerce, con singular dedicación y perseverancia, la Prescindencia de la República. Por ello, será recordado como un gran prescindente de la República.
Foto de portada:
Luis Lacalle Pou el 2 de marzo del 2020 cuando dijo que se iba a hacer cargo de la seguridad. Foto: Nicolás Celaya /adhocFOTOS.
