Por Gonzalo Perera
Si hay una definición básica, primordial, en la política, es la dirección en que se encausan las transferencias de recursos dentro de la sociedad. Quien provoca que las clases trabajadoras y sectores populares vean menguar sus recursos en beneficio de la élite, de la clase dominante, de los grandes capitalistas, es, sin el más mínimo margen de duda, un militante de la derecha. Por el contrario, ser de izquierda requiere impulsar permanentemente que los recursos de las clases dominantes sean transferidos a las clases trabajadoras y a las grandes mayorías, a los que menos tienen.
Por supuesto que esto no termina la definición de una postura política, por supuesto que hay matices significativos y que no distinguirlos sería grosero. No es lo mismo un militante de derecha de convicciones republicanas y capacidad de diálogo, que por supuesto que los hay, que un fascista.
De derecha son ambos, pero a nadie en su sano juicio se le ocurriría confundirlos o ser indiferente ante que lo gobierne uno u otro. Del mismo modo, muchos posicionamientos sobre cuál es el sentido y forma de desarrollar la lucha política, cuál el rol de los sindicatos y organizaciones del campo popular, cuál es la visión de las relaciones internacionales, etc., dibujan matices entre las posiciones de izquierda.
Pero sin sobre-simplificar ni caricaturizar, lo primero siempre es lo primero: ninguna definición separa aguas de manera más radical, que la de en qué dirección se apunta la flecha de las transferencias de recursos en la sociedad. Para usar la célebre alegoría de Lacalle Pou: nada dice más sobre una visión política que la opción entre proteger al malla de oro y dejar que reviente el pelotón, o, por el contrario, impulsar al muy mayoritario grupo que pedalea desde atrás.
En el ejercicio del gobierno, disponiendo del control de los diversos medios con que cuenta el Estado para direccionar recursos, la orientación de derecha o izquierda puede canalizarse a través de múltiples vías. Pero no cabe duda que una herramienta medular es la Ley de Presupuesto Nacional, que dibuja claramente las principales prioridades del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, el tratamiento que reciba dicha ley en el Parlamento por parte de la bancada oficialista, es uno de los datos más relevantes sobre la calidad y oportunidad de la propuesta presupuestal y además, de la propia solidez y consistencia del gobierno de turno.
La propuesta presupuestal enviada al Parlamento por Lacalle Pou es la más regresiva, neoliberal y de la más rancia derecha que recuerde desde hace décadas. Esta muy concreta afirmación creo que no admite dos lecturas, por lo que en lugar de detallar nosotros las características de la propuesta presupuestal, nos parece oportuno observar el grado de acatamiento o discrepancia que ha despertado la iniciativa en la bancada oficialista en la Cámara de Representantes, que es donde está siendo tratada.
El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo implicaba 0% de aumento para la Universidad de la República (UdelaR) y la congelación de la asignación en pesos para el quinquenio, así como varias medidas que limitan la capacidad de ejecución de fondos. Un gran golpe para la vida de una institución a la que se recurrió, reconoció y elogió por sus aportes al combate de la pandemia del COVID-19. Doña Coherencia no trabaja en la Torre Ejecutiva, tal parece.
La reiterada manifestación de las severas consecuencias que esta asignación traería, ya no para la institución, sino para el país, las oportunidades de estudio de los jóvenes, la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico del país, etc., motivó finalmente, a nivel de diputados, que parlamentarios de la coalición de gobierno manifestaran su disposición a destinar un aumento al presupuesto de la UdelaR dedicado fundamentalmente a apoyar los cargos docentes de alta dedicación y el desarrollo en el interior del país. Las sumas que se manejan en los medios son, vale decirlo, pequeñas para el tamaño de la institución y sus necesidades, pero muestran un dato muy revelador: la incoherencia es tan flagrante, que los propios diputados del gobierno no quisieron compartir su autoría intelectual.
Esta modificación, así como algunas partidas para la UTEC y para el Instituto de Investigaciones Biológicas “Clemente Estable”, deberán aún pasar por la Cámara de Senadores por lo cual no pueden darse por aprobadas ni mucho menos y además, como se ha dicho, son sumas apenas paliativas, pero lo que cuenta es el valor simbólico de que ni para legisladores oficialistas este sapo es digerible.
Otro tanto ocurre con el anunciado y sustantivo aumento para los directores de las empresas públicas y otros cargos de conducción, bajo el singular argumento de que eso haría posible que dichos cargos los ocupen “los mejores”. Naturalmente, quizás Lacalle piense que los que están cobrando menos hoy, no son los mejores directores posibles y quizás en eso estemos de acuerdo. En segundo lugar cabe preguntarse si maestros de pre-escolares y escolares (mero ejemplo) no deben también ser “los mejores” y por ende merecer un aumento sustantivo. En momentos de una muy grave crisis social, con un presupuesto que recorta como podadora bajo un supuesto llamado a la austeridad y al “ahorro”, el aumento a cargos de alta conducción estatal es una burla al ciudadano.
Consecuentemente, también en este punto diputados oficialistas tomaron distancia de la propuesta, diciendo que no discrepan con la filosofía de la misma, pero sí con su oportunidad.
La absurda creación de nuevos cargos de coroneles y generales en un Ejército cuyos fusiles “apuntan hacia adentro” por sus dimensiones ínfimas en comparación con los de nuestros vecinos, es otro disparate, concesión hacia Manini, en la que, una vez más, diputados oficialistas se resisten a compartir la autoría. Será seguramente interesante la oratoria cabildante al respecto en el Senado…
La enumeración podría continuar, pero pasando raya, el presupuesto plantea recortes tan salvajes y muy contradictoriamente, expansiones del gasto inútiles e injustificables, que diputados multicolores que deben poner la cara en diversos departamentos, no lo cuestionan globalmente como nosotros, pero toman prudente distancia en algunos puntos. Sobre la falta de consistencia y mínima sensibilidad de la propuesta, simplemente cabe decir: “A confesión de parte, relevo de prueba”.
Dejando de lado el detalle, este proyecto consagra la reducción de la inversión social, el retiro del Estado y la apertura a la privatización y mercantilización de toda la actividad nacional, política que, más allá del marco legislativo, ya se está llevando adelante por parte de las empresas públicas, por ejemplo.
Naturalmente saludamos los esfuerzos de los parlamentarios del Frente Amplio para negociar medidas puntuales que permitan atenuar en lo posible su impacto, al tiempo que expresan como corresponde el rechazo global a la concepción que subyace en este proyecto de ley de presupuesto.
En su momento Lacalle Pou manifestó que cuidaba al “malla de oro” (el agroexportador “sojero”, el sector financiero, etc.). Este proyecto de presupuesto, que profundiza la ofensiva derechista iniciada con la LUC, mientras al pelotón se le quitan hasta las ruedas y los pedales, ha sido confeccionado a medida para el malla de oro.
Este será el presupuesto del “malla de oro” y será juzgado por sus consecuencias. Al menos, por todos quienes consigan alcanzar la llegada, aunque sea a gatas.