El pasado sábado 11 de mayo en el local “Avanzar en Democracia – Hasta el Mañana” de la ciudad de Maldonado, se llevó a cabo la actividad “El Programa para las transformaciones: estructura productiva, trabajo y vivienda”. Del evento participaron el economista Rodrigo Alonso (docente de la Universidad de la República y asesor del PIT-CNT), la socióloga Joana Techera (asesora parlamentaria de la bancada 1001) y, Rodrigo Gorga, también economista y asesor en la Intendencia de Montevideo. Contó con la moderación de la anfitriona Ximena González. El objetivo de la charla fue la puesta en común del programa del Frente Amplio, como herramienta para la conversación con la ciudadanía durante el año electoral e instrumento para las transformaciones profundas y estructurales en nuestra economía.
La primera exposición estuvo a cargo de Rodrigo Alonso, también panelista de Legítima Defensa, programa de streaming de Caras y Caretas TV, ante un público que integraban, entre otros, los ediles de la Junta Departamental de Maldonado, Susana Hernández y Nicolás Billar. Rodrigo en su intervención resaltó la importancia de pensar la construcción programática y la realidad económica uruguaya a partir de sus ciclos. En primer lugar, se refirió a un “ciclo corto”, que comenzó luego de la crisis del 2002, con una etapa de expansión, a la que siguió otra de retracción a partir del 2014, que se reflejó en indicadores como el empleo, deteriorado durante el último gobierno frenteamplista. Así como el advenimiento de este ciclo corto catapultó al Frente Amplio al poder en el 2005, su fase de retracción dio origen a los cambios políticos del 2019, que encontraron a la izquierda sin iniciativa política y que ahora obligan a la regeneración programática para afrontar una nueva etapa.
El primer participante invitó a ampliar la mirada hacia lo que denominó “el ciclo largo”, que se inició en la década del 60 del siglo pasado, atravesó el intento de aniquilamiento de la izquierda con el terrorismo de Estado, y el neoliberalismo de los 90s, y que tuvo como punto de inflexión la crisis del 2002 y las elecciones del 2004. La reconfiguración política de este ciclo está muy relacionada con el repliegue de la burguesía nacional, contracara de la extranjerización de la economía y correlato político con el abandono del batllismo por parte del Partido Colorado, quien representaba los intereses de la ciudad crecida alrededor del puerto y opuesta a la ruralidad de la pradera sobre la que se erigía su histórico oponente, el herrerismo. Desde allí emerge el Frente Amplio, como fuerza transversal, a partir de la clase trabajadora y con el desafío de superar la mirada parcial para ser conciencia productiva nacional.
En este contexto, la agenda programática del próximo gobierno puede agruparse en tres niveles. El primero, refiere a la emergencia, en particular la pobreza (la infantil que alcanzó el 20% en el 2023) y que alcanza 360.000 personas. A esto se le suma la situación del mercado de trabajo, con graves problemas, agravados en estos años de gobierno de coalición, y que es necesario oponer al discurso triunfalista del oficialismo, que omite, por ejemplo, el mayor del desempleo. El segundo nivel de elaboración programática refiere a la distribución, para acortar las brechas sociales y para financiar las políticas de desarrollo de forma más equitativa y justa. Por último, mencionó la Estrategia Nacional de Desarrollo, destacada como en el Programa del Frente Amplio como la primera acción prioritaria y que tiene como objetivo atacar la primarización de la estructura productiva. Esta característica de nuestra base exportadora es la madre de la ciclicidad antes descrita, atada a la volatilidad del precio de las materias primas en el mercado internacional. La ruptura de esta dinámica cíclica emerge como la única vía para poder desarrollar expansiones de derechos que no sufran contracciones, y superar los límites que impone la mera redistribución del excedente agrario.
La segunda exposición, a cargo de Rodrigo Gorga, se centró en el tema del trabajo, y su relación con la igualdad, ejes estructurantes del programa del Frente Amplio, con base en sus principios históricos y edificación en las necesidades del país en esta etapa. A lo planteado por Rodrigo Alonso añadió, que el objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo es la transformación de la estructura productiva, desde sectores primarios a una nueva ponderación donde adquieren mayor peso sectores de actividad con mayor valor agregado. Esta nueva estructura productiva permitirá la creación de puestos de trabajo de mejor calidad, mejores salarios y más sostenibles en el tiempo, ajenos a las fluctuaciones y crisis del modelo primario exportador que tanto daño hacen al tejido social en las partes bajas del ciclo. El programa desarrolla las herramientas sobre los que debe desplegarse la Estrategia Nacional de Desarrollo: la planificación del Estado para el apoyo a sectores productivos prioritarios, el alineamiento de las herramientas de política económica con base en esa planificación (el crédito, los subsidios, las exoneraciones fiscales, las compras públicas), la indispensable inversión en ciencia, tecnología e innovación y el rol de apalancamiento de las Empresas Públicas.
La participación de los trabajadores y el anclaje territorial son dos elementos claves y transversales a todos esos instrumentos y la base de la Estrategia.
Esta estrategia, que apunta a modificaciones en la estructura económica en el largo plazo, debe ser acompañada por políticas activas de empleo que atiendan las brechas en el mercado de trabajo que afectan a las poblaciones vulnerables. En esta línea destacó la propuesta presentada por Carolina Cosse y su equipo en la presentación del Plan de Acciones Inmediatas en Seguridad (PAIS) la semana pasada en el Teatro el Galpón, que apunta a crear 30.000 puestos de trabajo protegido para atender situaciones que el mercado por sí solo no va a solucionar. El programa también establece claramente la importancia de la negociación colectiva para la mejora de la situación de los y las trabajadores, visiblemente afectados, se resalta la importancia del uso de instrumentos como el salario mínimo y los mínimos por categoría, para apuntalar la senda de crecimiento del salario real.
Para finalizar, remarcó que una Estrategia de Desarrollo que aumente los niveles de productividad, debe verse acompañada por dispositivos que aseguren la distribución de esos frutos entre la clase trabajadora, y como medida para ello destaca la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Esta medida, ante todo una medida de estricta equidad dados los avances tecnológicos de las últimas décadas, debe ser aprovechada para que se repartan también más equitativamente bienes como la cultura y el ocio.
La última expositora fue Joana Techera, quien se centró en la temática de la vivienda, uno de los temas que preocupa a los habitantes de Maldonado. En primer término, destacó como uno de los principales legados de los gobiernos del Frente Amplio en la materia el crecimiento de la inversión pública destinada a la vivienda, que creció de 0,27% del PBI al 0,58% entre 2005 y 2018, con importantes cambios en la institucionalidad pública, como la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay y la creación de Agencia Nacional de Vivienda.
En segundo lugar, Joana describió los principales puntos críticos de la actual gestión oficialista. En particular, el recorte presupuestal y el enlentecimiento en la generación de soluciones habitacionales. Otro de los pilares de la actual política económica, la desregulación y desamparo de los más vulnerables, tuvo su correlato en la política de vivienda con los artículos de la Ley de Urgente Consideración referidos al arrendamiento sin garantía, que de hecho fueron sometidos a votación en el referéndum de marzo de 2022. A esto se le sumaron las flexibilizaciones a Ley de Vivienda Promovida, que la debilita como una política pública regulatoria del mercado inmobiliario, y termina poniendo a disposición recursos fiscales a cambio de menores contrapartidas de los constructores.
De cara al lugar que ocupa la vivienda en la construcción programática, la socióloga propuso enmarcar la discusión con una mirada integral, como parte de derechos que están interconectados entre sí. Una categoría clave en la elaboración programática con esta perspectiva es el derecho a la ciudad, entendido como el derecho que tienen todas las personas de participar en la vida de la ciudad de manera igualitaria, como oposición a las ciudades capitalistas que excluyen y limitan la capacidad de disfrute y participación. Esta concepción da marco a una gama de políticas para pensar la cuestión urbana, como ser el acceso a la vivienda, la calidad de los servicios básicos, los espacios públicos, la revitalización de barrios y la participación ciudadana.
En cuanto a los elementos a destacar en el Programa del FA, destacó la perspectiva de la vivienda como un derecho humano, amparado en nuestra Constitución, lo que habilita el despliegue de instrumentos de políticas cuando se verifica la vulneración de este derecho.
En cuanto a las propuestas específicas, mencionó el desarrollo de una política nacional de alquileres, que, por un lado, regule este mercado (a través de los precios, plazos y renovaciones) y por otro, cree un parque de viviendas de propiedad estatal para alquiler social. En esta línea se encuentran las acciones presentadas por Carolina Cosse en su plan PAIS, como el subsidio de alquileres y la creación de un fondo nacional de garantía. En segundo lugar, y con el objetivo de disminuir la especulación inmobiliaria, se plantean acciones para disminuir la existencia de viviendas y terrenos sin uso, como por ejemplo la duplicación del impuesto al patrimonio para inmuebles vacíos, como lo establece el proyecto de ley presentado por la bancada del FA en el 2023.
En cuanto al tema de los asentamientos, mayor ejemplo de la desigualdad en el acceso a condiciones de vivienda dignas, y en línea con el programa del FA, el plan PAÍS también menciona la reparación de infraestructuras de barrios y la atención a las zonas inundables. Por último, como sostén para la atención de esta situación crítica en vivienda, se impone necesario aumentar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda.
