La cifra de asesinatos de los llamados defensores de la tierra se ha incrementado, los datos disponibles indican el registro de más de 1.700 asesinatos, un dato que, de acuerdo a la organización Global Witness, pueden ser mayores.
Según la organización este posible subregistro, se debe a que los defensores y defensoras de la tierra son asesinadas por sicarios, grupos criminales y gobiernos.
Los más de 1.700 asesinatos se registran en los últimos diez años, lo que representa un asesinato cada dos días.
De acuerdo al último informe de la organización, al menos 1.733 defensores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados entre 2012 y 2021.
Los países donde más asesinatos se han producido son Brasil, Colombia, Filipinas, México y Honduras.
De acuerdo al reporte anual de la ONG, los asesinatos “alcanzaron un récord de 227 en 2020 a pesar de la pandemia”.
Estas muertes intencionales, se añade en el informe, “han afectado de manera desproporcionada a los países de bajos ingresos y las comunidades indígenas”, en ese sentido subrayan que el 39% de las víctimas pertenecían a estos grupos demográficos, un dato que es estremecedor si se considera que dichos grupos demográficos representan apenas el 5% de la población mundial.
Como principales impulsores de los asesinatos se nombra a las empresas asociadas a la “minería y las industrias extractivas, la tala y la agroindustria”.
A pesar del alto número de muertes registradas, “los autores del informe advirtieron que las cifras probablemente eran una subestimación significativa y no capturan la escala total del problema, ya que las muertes a menudo ocurren en ecosistemas cruciales para evitar los peores impactos de la crisis climática”, consignó el portal de noticias KaosenlaRed.
De acuerdo al informe, solo en 2021, entre las 200 personas asesinadas se hallaban “ocho guardaparques en el parque nacional Virunga en la República Democrática del Congo”, un país “que enfrenta la amenaza adicional de la extracción de petróleo y gas”.
Otros ejemplos de asesinatos incluyeron el de “la activista ambiental Joannah Stutchbury , quien recibió un disparo frente a su casa en Kenia, y Ángel Miro Cartagena, quien murió en Colombia y fue uno de los 50 pequeños agricultores asesinados el año pasado”.
En el documento se recuerda que, “en junio de este año, el periodista Dom Phillips, que escribió extensamente para The Guardian y The Observer, y Bruno Pereira, un experto brasileño en pueblos indígenas aislados, fueron asesinados en el valle de Javari, en la Amazonía brasileña”, luego de haber sido desaparecidos.
En esa ocasión, se añade, “Phillips estaba trabajando en un libro sobre desarrollo sostenible llamado Cómo salvar la Amazonía y Pereira lo ayudaba con las entrevistas”.
Hasta la fecha de publicación del informe, la investigación sobre estos asesinatos aún no ha concluido.
“No estamos solo en una emergencia climática. Estamos al pie de la sexta extinción masiva, y estos defensores son algunas de las pocas personas que se interponen en el camino. No solo merecen protección por razones morales básicas. El futuro de nuestra especie y de nuestro planeta depende de ello”, declaró el autor del informe, Ali Hines, un activista en Global Witness.
“Aunque el número de asesinatos se ha mantenido alto”, agregó, “una cosa que aprendí de esta investigación fue que ha habido algunas victorias significativas de los defensores del medio ambiente en los últimos años, incluso contra las grandes multinacionales”.
Desde la perspectiva del lugar donde se produjeron los asesinatos, el informe describe que más de dos tercios de los mismos se produjeron entre 2012 y 2021 en América Latina.
Los países con los mayores registros de asesinatos son Brasil con 342 muertos y Colombia con 322, les siguen en orden México donde fueron asesinados 154 personas y Honduras con 117.
El otro país que concentra un número significativo de asesinatos fue Filipinas con 270.
En su informe anual Global Witness “insta a los gobiernos a crear un espacio civil seguro para los defensores ambientales”, al tiempo que reclama se promueva “la responsabilidad legal de las empresas, ayudando a garantizar la tolerancia cero” a “la violencia contra los activistas”.
