«Es ilegal»: desde Naciones Unidas desmenuzaron «artículo por artículo» el Protocolo de la ministra de Seguridad argentina

Una comunicación firmada por los relatores de Naciones Unidas, Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos) fue trasmitida el pasado martes al gobierno argentino.

El documento, que tiene como objeto central el análisis del llamado “Protocolo Bullrich” reclama al gobierno de Milei que se revisen “las disposiciones porque no son compatibles con los estándares internacionales”, informó Página 12.

Los relatores aconsejaron, además al ultraderechista argentino “no imponga restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica”.

El texto, afirma el medio de prensa, tomó estado público el viernes cuando el relator Voule escribió en su cuenta de X sobre el documento.

El “protocolo Bulrich”, señala el medio de prensa, fue desmenuzado por los relatores del organismo internacional, “artículo por artículo”.

“El derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo”, se lee en el texto de los tres expertos.

En su comunicación al gobierno argentino, los relatores “le recordaron a Bullrich l  Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU” donde se “sostiene, a contramano de lo que dice la ministra de Seguridad, que las reuniones pacíficas pueden promover ideas u objetivos polémicos que pueden causar perturbaciones, por ejemplo, a la circulación de vehículos o peatones o la actividad económica”.

Con respecto a la cuestión de la interrupción del tráfico, los relatores fueron contundentes al afirmar que ello “no constituye violencia” y las fuerzas de seguridad solo pueden ser habilitadas para dispersar a los manifestantes solo “si hay una amenaza inminente de violencia grave”.

“Los estándares internacionales prevén que la sociedad toda pueda enterarse de las demandas de quienes ejercen este derecho, y subrayan que la libertad de reunión pacífica es un derecho, no un privilegio”, subrayaron.

De acuerdo a los relatores de Naciones Unidas “la obligación de los agentes encargados de hacer cumplir la ley en una reunión no consiste primariamente en controlarla o restablecer el orden; su obligación inicial y principal es facilitar la protesta pacífica y el ejercicio de los derechos que en ella confluyen”.

Para la ONU, la ministra de Seguridad argentina “no debería usar en el protocolo expresiones como “armas no letales” porque, en realidad, la experiencia muestra que esos dispositivos también pueden matar si se usan de manera indebida”.

El otro aspecto evaluados por los expertos fue la decisión “del Ministerio de Seguridad de identificar manifestantes, organizadores, transportes e incluso transportistas”, ello señalan “podría afectar la garantía procesal de presunción de inocencia”.

“Se debería permitir el anonimato de los participantes, a menos que su conducta ofrezca motivos razonables para su detención”, argumentaron.

El documento alerta además, con referencia a la presencia de niños, niñas y migrantes en manifestaciones, que la ministra de Seguridad debe recordar que “todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”.

La comunicación de Naciones Unidas, recuerda el medio de prensa, se produce tras una denuncia presentada hace unas semanas por la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y organismos de derechos humanos.

“Es importantísimo que hayan tomado la denuncia que hicimos y muestren que no estábamos equivocados cuando veíamos que estas propuestas se alejan del marco de los derechos humanos y las libertades democráticas”, consideró Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quien consideró que la respuesta del organismo internacional es “excelente por varias razones”.

“En primer lugar, por la velocidad y, en segundo lugar, por la contundencia de las afirmaciones. Está muy claro en el análisis que todas las propuestas están reñidas con los estándares internacionales”, enfatizó Tufró quien consideró que “la comunicación no solo debe ser leída por Bullrich sino también por los diputados y las diputadas que están actualmente discutiendo la ley Bases, que tiene un capítulo de Seguridad que fue defendido por la propia ministra”.

“Esperamos”, sentenció, “que esto sea también un mensaje para los legisladores. En el juego de las negociaciones, ninguno de los que participan se pronunció sobre este tema que es gravísimo. Solo lo hicieron quienes ya anunciaron que rechazan el proyecto”.

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