Prescribieron pero siguen siendo delitos contra personas y organizaciones.
La diputada de Unidad para los Cambios, 1001, Frente Amplio, Micaela Melgar, realizó una exposición en la Cámara de Diputados sobre lo que era un “secreto a voces”: hubo espionaje de fuerzas del Estado hacia organizaciones sociales, sindicales y políticas en Democracia.
El 22 de julio pasado la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez concluyó que “es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”.
El Frente Amplio solicitó el acceso a las 65 cajas del archivo Castiglioni, incautado en el 2015.
Son 8 los delitos
Lo informado por la Comisión Investigadora del Parlamento sobre espionaje en el año 2018, fue ampliamente ratificado por la Fiscalía, que determinó que se cometieron al menos ocho delitos tipificables:
Delito 1: abuso de funciones por parte de funcionarios públicos.
Delito 2: omisión en la denuncia de un delito por parte de funcionarios policiales.
Delito 3: pesquisas realizadas por funcionarios públicos que ordenaron o ejecutaron inspecciones o registros personales sin las formalidades de la ley.
Delito 4: violación de domicilio sin conocimiento del dueño del inmueble.
Delito 5: interceptación telefónica sin autorización.
Delito 6: revelación de secreto telefónico.
Delito 7: conocimiento de documentos secretos, públicos o privados.
Delito 8: revelación de secretos.
Los delitos nombrados al contar con una pena inferior a los 10 años prescribieron, pero eso no quiere decir que dichos “delitos no hayan existido”, afirmó la legisladora. “De la prueba recogida, especialmente por la Comisión investigadora, surge claramente que no se trata de acciones individuales, sino de un accionar planificado y sistemático por parte de los servicios de inteligencia del Estado. En cuanto a la responsabilidad de los jerarcas de Estado en aquel momento, la Fiscalía expresa: “a su vez, queda claro que existió debilidad en los controles institucionales y democráticos por parte de los Ministerios y del Estado en su conjunto”, agregó.
“La LUC realizó cambios importantes, a la Ley 19.696 (octubre 2018), que fue aprobada por unanimidad. Ahora la categoría de información secreta puede ser decretada por el director de la Secretaría de Inteligencia. El Frente Amplio en el marco de la discusión de la LUC propuso “el carácter restringido o secreto de la información, antecedentes o registros, no podrá ser invocado cuando tengan relación con violaciones de los derechos humanos o resulten relevantes para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”. Sin embargo no fue acompañado”, recordó Melgar.
Sin control
“Faltaron los controles correspondientes y quienes estuvieron al frente de los organismos represivos entre 1973 y 1985 (la OCOA, el SIN, la DNII), continuaron con la Democracia. Siempre lo supimos, pero hoy hay evidencia de que no fue casualidad”, añadió.
“El archivo analizado en Comisión (Berruti y parte del Castiglioni por información de los peritos) demostró que no solo se recogía toneladas de información sino que se actuaba directamente para influir en la realidad concreta con acciones de contrainteligencia”, puntualizó la legisladora.
“La impunidad que se protegía con estas prácticas, se basa en una lógica del control y de la persecución política a la izquierda con las mismas bases que lo hizo el terrorismo de Estado, pero operando desde la protección de las instituciones en Democracia”, y añadió “la práctica del espionaje se intensificó notablemente entre 1987 y 1989, período en el que primero se juntaron firmas para el referéndum y después se produjo la consulta popular para derogar la Ley de Caducidad”.
En las intervenciones del Frente Amplio, además de una voluntad de denuncia, hubo una idea de reparación histórica para quienes fueron espiados, para las organizaciones que fueron infiltradas con el objetivo de modificar sus acciones y debilitar su fuerza.
“Todas y todos ellos que fueron hostigados y sobre quienes caía un manto de hipótesis paranoide: a ellos y ellas les decimos tenían razón. Eran seguidos, tenían los teléfonos pinchados, había tiras en las organizaciones y el objetivo era frenar los avances de los Derechos Humanos”, agregó Melgar.
“En este punto hay que mencionar el rol que cumplió directamente la CIA y la embajada de EE.UU financiando directamente a algunos agentes y formando a la gran mayoría”, añadió.
