Este martes el PIT-CNT tomó una resolución de enorme significación política y social: impulsar un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Esta decisión por la forma en que se adoptó y por el contenido de la misma es, con luz, el hecho más relevante de la semana.
El PIT-CNT la tomó luego de un largo análisis de los contenidos de la LUC, comenzado en febrero de este año cuando se conoció el primer borrador, con la conformación de grupos que analizaron a fondo el proyecto, de los cuales participaron más de 500 técnicos y militantes. En base a lo producido en estos grupos de trabajo, de la colaboración entre el Instituto Cuesta Duarte de la central obrera y varios sectores de la academia, en particular de la Universidad de la República, el PIT-CNT presentó una fundamentada postura en el Parlamento de rechazo de la LUC.
Prácticamente todas las propuestas realizadas por la central sindical fueron dejadas de lado por la coalición de derecha en el gobierno.
El PIT-CNT no se quedó en propuestas y protagonizó –junto a la Intersocial- enormes movilizaciones en todo el país, que entre sus puntos centrales tenían el rechazo a la LUC.
Una vez aprobada la LUC, la central obrera abrió un proceso de debate en todos los sindicatos y Plenarios Departamentales. Particularmente a partir del 9 de setiembre, donde se realizó una Mesa Representativa Nacional Ampliada para abordar qué caminos debían recorrerse en esta nueva etapa.
Casi un mes después la misma Mesa Representativa Nacional Ampliada, que además de los sindicatos electos en el Congreso para componerla incorpora a los Plenarios Departamentales del interior del país, decidió -por unanimidad- impulsar un referéndum contra la LUC.
El método, basado en la más amplia discusión, el estudio serio, las propuestas fundamentadas y la movilización, no es un detalle anecdótico. Muy por el contrario, es una fortaleza que hace que la iniciativa, que implica enormes desafíos, nazca de la mejor manera posible.
Y ese método se proyecta hacia lo que viene. El PIT-CNT decidió impulsar la conformación de una Comisión Nacional Pro Referéndum “con las diferentes organizaciones sociales y políticas, instituciones y personalidades”. Señaló que esta Comisión Nacional “trabajará para definir una propuesta de acuerdo sobre el contenido a ser plebiscitado, atendiendo a promover los más amplios consensos”.
Una invitación abierta, de máxima amplitud, para construir entre todas y todos los que se sientan convocados esta iniciativa ciudadana de profundo contenido democrático.
Es imprescindible señalar todo esto porque ya han salido voces, amplificadas por los medios que responden al status quo, a hablar de precipitación, de improvisación y hasta, lo más atrevidos, de falta de legitimidad del PIT-CNT para tomar esta iniciativa.
Cuando se recuerda y explicita el proceso que llevó a esta decisión, solo alguien muy mal intencionado puede hablar de improvisación y precipitación.
En cuanto a los cuestionamientos a la legitimidad del PIT-CNT para tomar esta iniciativa, si esas opiniones no reflejaran una visión reduccionista y recortada de la democracia y un clasismo y elitismo prístino, moverían a risa.
Los que se manifiestan así piensan que las y los trabajadores no pueden tener opinión sobre los grandes problemas nacionales, eso está reservado a los que mandan.
El PIT-CNT, el movimiento sindical uruguayo, las y los trabajadores organizados se han ganado a pulso, en el pasado y también en el presente, el derecho a opinar, a proponer y a luchar por esas propuestas, en todos los temas, sin pedirle permiso a nadie.
Los que critican al PIT-CNT por “hacer política” son los mismos que aplauden embelesados cuando el distinguido presidente de la muy honorable Asociación Rural reivindica en la Expoprado la desigualdad como un mandato divino. Al final es un problema de clase.
La iniciativa planteada por el PIT-CNT es trascendente en dos dimensiones. La primera es que con la recolección de firmas y el debate ciudadano que implicará, enmendará el empobrecimiento democrático que el procedimiento elegido por la coalición de derecha para aprobarla provocó. El movimiento popular y la iniciativa ciudadana sacarán del corsé antidemocrático los temas de enorme relevancia que la coalición de derecha quiere imponer con la LUC. La segunda es que se construirá una iniciativa concreta para enfrentar y hacer retroceder a una de las tres piezas claves, junto con el Presupuesto Nacional y la Política Salarial, de la restauración conservadora.
La LUC, hoy ley 19.889, tiene 476 artículos, modificó más de 30 políticas públicas y más de 50 leyes. Fue calificada, por el movimiento popular y también por el Frente Amplio, como inoportuna, inconstitucional, antipopular y antidemocrática.
Fue presentada en medio de la pandemia, discutida y aprobada a marchas forzadas tanto en el Senado como en Diputados. Es cierto que la denuncia y fundamentación de más de 100 organizaciones sociales y la acción de la Bancada del Frente Amplio, generaron contradicciones en la coalición de derecha y se logró quitar de la LUC los artículos más negativos con respecto a ANCAP y ANTEL, lo de las sociedades anónimas y la propiedad de la tierra y algunos aspectos más.
Pero lo que se aprobó en la LUC implica un enorme retroceso en términos democráticos: hablamos del aumento de la discrecionalidad policial, la criminalización de la protesta, la restricción del derecho de huelga, el retroceso en el control de lavado de activos, la autorización de desalojos exprés de inquilinos, la vulneración de la autonomía y una reforma regresiva en la educación, lo mismo en la seguridad social, el debilitamiento del Instituto Nacional de Colonización, los súper poderes para la nueva estructura de Inteligencia, por citar solo algunos aspectos.
Es cierto que la LUC no es toda la restauración conservadora. Se le suman, como señalamos, el Presupuesto de ajuste y recorte y la Política Salarial, de rebaja, que afecta también a jubilaciones y pensiones, que ajustan por el Índice Medio de Salarios. Esos son los instrumentos centrales, pero a eso hay que agregar la Ley de Medios, que restituye privilegios, concentra el poder y golpea a ANTEL, y el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto que busca reglamentar a los sindicatos, retomando un decreto de la dictadura. Y un elemento más, fundamental, la ofensiva para defender la impunidad, que tuvo en el rechazo al desafuero para Guido Manini Ríos uno de los episodios más bochornosos, pero no es el único.
Lo hemos dicho reiteradas veces, pero es necesario repetirlo, no es la COVID 19, cuyo impacto nadie niega, lo que ha provocado y profundizado la crisis económica y social en Uruguay, que ya ha llevado a que en el pasado trimestre el PBI cayera un 10%. Es el ajuste neoliberal del gobierno de derecha realizado en medio de la pandemia, son las medidas que no se toman, a pesar de tener los recursos para hacerlo, las que han provocado que en estos poco más de seis meses Uruguay ya sea más desigual.
Ese ajuste y esa restauración conservadora, incluida la decisión de no realizar una inversión social de la dimensión necesaria para enfrentar los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia -Uruguay está penúltimo entre los países de América Latina en cuanto a los recursos destinados medidos en porcentaje del PBI, apenas un 0.7%,- han provocado ya 200 mil seguro de paro, 100 mil puestos de trabajo menos, caída del salario, las jubilaciones y las pensiones.
A eso han llevado el aumento de tarifas públicas, casi único en el mundo en medio de la pandemia, el aumento de impuestos, la reducción de la inversión pública y el recorte de la ejecución presupuestal, la devaluación récord del peso y el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos.
No alcanza con enfrentar una parte, hay que organizar el tamaño de pueblo necesario para oponerse al bloque, también político y social, del poder y frenar su restauración conservadora, el ajuste que busca la concentración de la riqueza y del poder.
Pero para eso es necesario dar pasos concretos, prácticos, no solo declarativos.
La iniciativa lanzada por el PIT-CNT va en ese camino, lo construye prácticamente, porque organiza una respuesta popular a una de las piezas centrales de la restauración conservadora.
El desafío es enorme, los riesgos también, igual que las perspectivas que abre si se resuelve a favor del pueblo. Se precisa dar un salto en calidad en el nivel de acumulación de fuerzas del pueblo para afrontarlo con éxito.
El camino será con unidad, con iniciativa, con máxima amplitud y con lucha.
Por eso, las firmas son urgentes.
