Por Marielos Monzón*
En 2015, las multitudinarias manifestaciones, en las que participaron cientos de miles de guatemaltecos y guatemaltecas de la capital y los 22 departamentos, fueron cruciales para avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Tras la develación de investigaciones de la Fiscalía que mostraban cómo el entonces presidente, general retirado Otto Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y la mayoría de sus ministros y diputados habían desviado miles de millones de dólares a sus cuentas personales, convirtiendo al Estado en un botín, la población salió masivamente a las calles, de forma ininterrumpida, y tras cinco meses de protestas pacíficas logró la renuncia de la corrupta dupla presidencial.
También se consiguió enjuiciar a decenas de funcionarios y políticos corruptos, así como a un grupo de poderosos empresarios -hasta entonces intocables- por defraudación impositiva, sobornos y asociación ilícita, entre otros delitos. De tal magnitud fue el tsunami ciudadano, que durante dos años se avanzó en la desarticulación de las redes político-económicas ilícitas responsables de la captura y cooptación de la institucionalidad del Estado que, entre otras consecuencias, tiene al 70% de la población viviendo en la pobreza y marginalidad.
Sin embargo, la alianza entre políticos corruptos, la élite económica, los cárteles de narcotráfico y el crimen organizado y los grupos de veteranos militares ligados al terrorismo de Estado -con el apoyo de los medios de comunicación ultraconservadores y el monopolio de la televisión abierta- revirtió el incipiente proceso de cambio.
Así, desde mediados de 2017 se inició en Guatemala una regresión autoritaria caracterizada por el recorte de derechos y libertades ciudadanas, la agudización de la represión y criminalización contra movimientos sociales, pueblos indígenas y organizaciones campesinas; los ataques permanentes contra periodistas y medios independientes; la desobediencia a resoluciones judiciales; el acoso a magistrados, jueces, juezas y fiscales independientes y al Procurador de los Derechos Humanos.
El Pacto de Corruptos, como la población acertadamente bautizó a esta alianza criminal, tomó de nuevo el control del gobierno, de la mayoría del Congreso, de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General, profundizando el retroceso.
A la crisis política se sumó una conducción desastrosa de la emergencia sanitaria. Los hospitales se vieron rebasados de pacientes con Covid-19, a quienes no pudo atenderse por falta de medicamentos e insumos. Durante meses, el personal médico y de enfermería denunció el impago de salarios y la prensa evidenció, en decenas de investigaciones periodísticas, el manejo opaco de los recursos. La baja ejecución de los programas para atender la crisis económica y social de las familias y comunidades empobrecidas acentuó su vulnerabilidad y demostró el desinterés del gobierno por el bienestar de las grandes mayorías.
En el medio de estas terribles circunstancias, el Congreso votó un presupuesto vergonzoso y criminal, por su contenido y por la forma como fue negociado y aprobado, y esta fue la gota que derramó el vaso del hartazgo ciudadano.
En plena pandemia y en el medio de una crisis económica y social generalizada, que se agudizó con las tormentas Eta y Iota, una mayoría de diputados aliados del oficialismo aprobó en una sesión maratónica -que se hizo de madrugada y prácticamente en secreto- un presupuesto que le recortó Q.750 millones a hospitales y centros de salud y Q.200 millones al programa de combate al hambre, aún y cuando el 50% de los niños y niñas guatemaltecos menores de 5 años padecen de desnutrición crónica.
De tal magnitud fue el asalto al presupuesto que no previeron fondos suficientes para la adquisición de las vacunas contra la Covid-19, lo destinado apenas alcanzaría para cubrir al 17% de la población. En contrapartida, engrosaron los rubros para alimentos y viandas de los diputados y para comprar un edificio nuevo con lujos y comodidades. Recortaron fondos a la justicia y a la Procuraduría de Derechos Humanos y destinaron Q.330 millones para un inútil seguro escolar privado, otra fuente de corrupción, mientras la gente se debate entre el hambre, la pobreza y la pérdida de sus escasos bienes y cosechas tras deslaves e inundaciones.
El pueblo hastiado de la miseria, la corrupción, el ejercicio abusivo del poder y el robo descarado de los recursos salió el sábado 21 de noviembre a las calles y a las plazas, en la capital y los departamentos, para decir ¡Basta Ya!.
La respuesta del gobierno fue desatar una brutal represión policial contra una manifestación multitudinaria y pacífica, utilizando como pretexto el incendio en las instalaciones del Congreso, que todo parece indicar fue parte de un burdo plan de los aparatos de inteligencia del Estado para tener el pretexto de atacar a las y los manifestantes.
Usaron gases lacrimógenos contra niñas y niños, personas mayores y familias enteras que protestaban pacíficamente en La Plaza de la Constitución -frente al palacio de Gobierno- con banderas y pancartas. Obligaron a la gente a salir corriendo para “cazarla” mientras huía. Golpearon bestialmente a decenas de jóvenes y realizaron capturas arbitrarias e ilegales. Hasta sacaron un carro lanza-agua, cuando ya no quedaba casi nadie en las calles del Centro Histórico de ciudad de Guatemala, para mostrar la súper mano dura. Bien de manual de los cuerpos represivos bajo el mando de oscuros personajes que añoran las dictaduras.
Aplicaron en la capital la misma brutalidad con la que actúan contra las comunidades y los pueblos indígenas en los desalojos de tierras y en la represión de los movimientos de resistencia. La ley de la sangre y el plomo.
Por si no hubiera sido suficiente, en una muestra de cinismo sin límites, el presidente Alejandro Giammattei se victimizó y apeló al desprestigiado Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para invocar la Carta Democrática contra el pueblo al que reprimió con ferocidad. Almagro, que hace muy bien los mandados, se aventuró a tachar de vándalos a los manifestantes, mientras la CIDH reclamaba por la violaciones a los derechos de movilización y libertad de expresión y por los excesos en el uso de la fuerza pública.
Giammattei, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, y la impresentable junta directiva del Legislativo siguen sin entender que el hastío ciudadano no es solo por el presupuesto sino por la corrupción, el nepotismo, la narco-política, el robo descarado de los recursos, la represión, el abuso de autoridad y la cooptación de la justicia.
Tras la terrible represión que dejó decenas de heridos -entre ellos dos jóvenes que perdieron un ojo-, 41 personas capturadas ilegalmente -a las que los jueces dejaron en libertad por falta de mérito- y cientos de intoxicados, la Junta Directiva del Congreso se encerró la madrugada del domingo 22 en un cuartel militar a conspirar y decidió “engavetar” el proyecto de presupuesto. Esta maniobra a todas luces ilegal, porque para hacerlo se requiere una sesión del Pleno de diputados, aumentó la indignación y el rechazo ciudadano.
Desde el sábado 21N las manifestaciones no han cesado. El martes 24, autoridades ancestrales de los pueblos indígenas llegaron a la capital. Exigieron la renuncia del presidente y de los diputados corruptos y el cese de la represión. Las y los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única pública del país, siguen movilizados junto a cientos de jóvenes guatemaltecos. Para el sábado 28 se espera una nueva movilización multitudinaria.
El reclamo es por más democracia, por el cese de la represión y por cambios profundos para transformar la realidad. Frente al terror y la barbarie del gobierno y sus aliados, una vez más, el pueblo está en las calles con gran valentía y enorme dignidad, luchando por hacer realidad las letras de la gran poeta Julia Esquivel: ¡Florecerás Guatemala!
*Periodista guatemalteca. Esta columna se publicó originalmente en el diario Prensa Libre de Guatemala con el título “Entre la desvergüenza y la dignidad” y fue actualizada especialmente para EL POPULAR.
