Por Gonzalo Perera
Sin lugar a duda, en el castellano que hablamos en estos lares, la bombacha es una prenda de vestir. Pero no es tan evidente a qué prenda se alude, puesto que, al menos, hay dos posibles interpretaciones: la de ropa interior femenina o la del pantalón amplio del trabajador rural, heredero de los atuendos del gaucho del siglo XIX.
Si bien la gran mayoría de nuestra población no es descendiente de aquellos gauchos decimonónicos, su imagen, legado y reflejo sigue siendo parte central de nuestra cultura.
Tanto es así, que entre nosotros no es necesario explicar un concepto que en otras sociedades no sólo no se entiende, sino que no existe: el de la “gauchada”.
En otros países, más allá de que las extracciones de clase y el poder del capital mueven hasta la montaña más empinada, en la inmensa mayoría de la sociedad está muy fuertemente instalada una visión reglamentarista de la convivencia. Los derechos no se discuten, se ejercen. Lo cual es muy bueno, obviamente. Pero tampoco se discuten los deberes, se cumplen. Si uno llega 10 segundos tarde a entregar un documento a una oficina, nadie lo recibirá. Lo cual para nosotros es casi inhumano. Porque en nuestra cultura hacemos primar “el espíritu de la norma”, la interpretación personal de qué quieren inducir los reglamentos, más allá de su letra. Para poner un par de ejemplos, en USA el nombre cumbre de la mafia, Al Capone, terminó su vida entre rejas por evasión fiscal, cuando el rosario de delitos que se le podían imputar era larguísimo. Pero evadir las reglas tributarias era un delito objetivamente comprobable y culturalmente inaceptable. En sentido contrario, aquí, en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, cuando no se aprobó una Rendición de Cuentas, mientras se estaba negociando al respecto al filo de los plazos constitucionales, el entonces vicepresidente y presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo, Enrique Tarigo, hizo atrasar el reloj de la sala, para así “ganar tiempo”, en un gesto de obvia violación a la fría norma.
La “gauchada” es la ayuda, el favor, el gesto solidario o comprensivo, de relativización de la fría letra de las reglas en honor a su espíritu. Obviamente, en su versión más pura, humaniza las normas y la sociedad. Pero induce un elemento complicado: la subjetividad de la interpretación del “gaucho”, quien decide de por sí y ante sí, hasta dónde puede flexibilizar las normas. Obviamente, hay amplias zonas grises que se abren, donde dos personas ante la misma disyuntiva seguramente reaccionen distinto.
Pero hay zonas que no son grises. No constituye una “gauchada” renovar pasantías a cambio de favores sexuales, como ocurriera en el departamento de Colonia, donde el intendente Carlos Moreira fuera expulsado de su partido, tras la iracunda reacción de la indignada vicepresidenta Beatriz Argimón, para después ser candidato por ese mismo partido y ganar la elección, para después ser reintegrado al Partido Nacional. No es de “gaucho”, es de asqueante abusador de funciones, de machista cavernícola, de cualquier cosa, menos de “gaucho”. Pero tal parece que los votos cuentan más que el más elemental respeto a la condición humana y particularmente, a la de la mujer, que debe remontar siglos de condenas, demonizaciones, postergaciones, abusos, represiones, enajenaciones y un demasiado largo etcétera.
Pero en el mismo departamento de Colonia, y con todo el respeto a lugares y gentes que me merecen mucho afecto por diversos episodios de mi vida familiar, recientemente tuvimos un nuevo ejemplo. En el municipio de Florencio Sánchez, su alcalde blanco, Alfredo Sánchez y ocho de sus allegados (varios familiares, como su hijo, edil departamental, su hija y su nuera, ambas concejalas del municipio) fueron condenados por delitos contra la administración pública. Siete fueron condenados a penas mixtas de prisión y libertad vigilada y dos a penas de libertad vigilada. Sánchez fue condenado a dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada por delitos de fraude y asociación para delinquir pues “con el fin de obtener votos para ser reelecto Sánchez como alcalde, entregaba pasajes de transporte de ómnibus a nombres de funcionarios de dicha alcaldía, combustible, materiales de construcción, entre otros, a particulares”. Sánchez y sus colaboradores “planificaban todas las actividades que podrían realizarse con dinero de la Alcaldía y siempre intentaban que parte de dicho dinero pudiera quedar en manos de los mismos para poder disfrutarlo en su provecho personal”. La hija de Sánchez falsificaba la firma de su padre en documentos que se tramitaban dentro de la alcaldía y que posteriormente eran enviados a la Intendencia de Colonia. Materiales de construcción comprados por la comuna, eran trasladados por funcionarios públicos en vehículos oficiales a inmuebles del hijo del alcalde, para su beneficio personal, dentro del largo rosario de ilegalidades flagrantes, tendientes a recaudar plata y votos.
En el período electoral, Sánchez se promocionaba como hombre de Moreira bajo el slogan “el hombre de la mil gauchadas”. No se hacen gauchadas con plata ajena, y los fondos públicos son de Juan Pueblo, de quien los paga. La gauchada con bombacha ajena no es gauchada, es lisa y llanamente corrupción.
Si nos vamos a Lavalleja más “gauchos” aparecen. En un caso de incuestionable nepotismo, el Intendente Mario García dispuso que su hermano y funcionario Ariel García, cobrara desde diciembre de 2020 una compensación mensual de $ 72.300, por una supuesta eficiencia en una función que no es ni siquiera clara su existencia. Y no es el único caso, dentro de una trama de vínculos familiares con las autoridades blancas del departamento.
SI vamos a lo nacional, Luis Alberto Heber al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas regala el puerto a Katoen Natie por seis décadas, por temor a un juicio menos costoso que su decisión, y es denunciado penalmente por el FA, ante lo cual, Lacalle Pou se hace responsable, en un evidente intento de presión ante la Justicia. El mismo Heber, como Ministro del Interior, ve como tras toda su cháchara sobre la seguridad, los presos se le escapan o son torturados salvajemente. Pero, por si fuera poco, el Ministro del Interior, fundamental garantía de todo proceso electoral, sale a decir que si triunfa el SI en el referéndum para anular 135 artículos del Manifiesto Neoliberal Salvaje conocido como Ley de Urgente Consideración, habrá que abrir las puertas de las cárceles. Más allá de la burda mentira y de que no es necesario abrir nada, porque los presos se le escapan, ese exabrupto nos trae de vuelta al punto central.
La “gauchada” comprensiva, inteligente, no es mala en sí misma. Como todo en la vida tiene sus riesgos porque desdibuja los límites, pero hay gestos de humanidad frente a la fría letra de las normas que no voy a condenar.
Pero las “gauchadas” con bombacha ajena no son tales. Son patriarcado y cultura machista pura y dura, abuso y acoso sexual, son uso de las funciones públicas para el beneficio económico y político propio y de algunos allegados, son nepotismo, son regalo de un activo estratégico del país por seis décadas con una excusa absurda, o hacer gárgaras de seguridad y mostrar el total descontrol del sistema carcelario, y, por si fuera poco, salir a invocar el cuco de turno si la gente vota algo contrario a lo que el gobierno quiere.
El que hace “gauchadas” con bombacha ajena y en favor propio, no es solidario ni gaucho, es simplemente un corrupto.
